España es el primer país de Europa que se convierte en Estado Parte de un nuevo mecanismo de la ONU que permitirá a las personas acudir en busca de justicia a las Naciones Unidas en el caso de vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales como pueden ser una vivienda adecuada, la alimentación, el agua, la salud y la educación, entre otros, tal y como ya sucede desde hace décadas con los derechos civiles y políticos.
Dicho mecanismo no es otro que el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y permitirá a las personas a las que se les niegan sus derechos –y a las que se les niega el acceso a la justicia en su propio país– que sus quejas sean escuchadas por un grupo de expertos independiente e internacional. Sus decisiones serán públicas y probablemente influirán en las decisiones de tribunales nacionales y regionales de todo el mundo.
El Protocolo fue adoptado por consenso por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 2008 (día de conmemoración mundial de los Derechos Humanos) y se abrió a la ratificación en septiembre de 2009. Este mecanismo de presentación de quejas entrará en funcionamiento cuando 35 países lo hayan ratificado. Hasta el momento, junto con España, lo han hecho Ecuador y Mongolia. Ha sido firmado por otros 30 países encontrándose pendiente su ratificación.
Un año después de que el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se abriese a la firma y ratificación de los Estados, España presentó su documento de ratificación, al día siguiente de concluir la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio celebrada en Nueva York, una cumbre en la que no se identificaron mecanismos efectivos de rendición de cuentas ante las vulneraciones de derechos humanos.
España continúa en la construcción de los pilares del Estado de Bienestar pero además de comprometerse en el ámbito internacional, por lo que será evaluado con lupa, no puede abandonar el camino emprendido interno.
Es posible que algunas corrientes nos digan que la situación actual no permite seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos sociales. Todo depende.
Una parte importante de la corriente contraria a dar continuidad en el camino emprendido es la que enmarca el presupuesto dedicado a la ampliación del Estado del Bienestar como gasto social. Defienden conceptualizar en el apartado de gastos aquellas partidas que perfectamente responden a inversión en tanto en cuanto son generadoras de empleo y es posible el cálculo del retorno de dicha inversión. Por tanto, en época de crisis, esta corriente defiende no aumentar la partida de gasto, en el que queda incluido tal gasto social. Se trataría de revisar los conceptos.
El Estado de Bienestar en nuestro país, como bien conocemos, lo componen los sistemas de Pensiones, de Educación, de Sanidad y el denominado recientemente cuarto pilar, el sistema para la Atención a la Dependencia; que siendo un gran paso en el reconocimiento de los derechos sociales, no engloba toda la parte social que debiera ser recogida como realmente un “cuarto pilar”.
Sin ánimo de querer desempolvar un debate que se inició hace ya algunas décadas en nuestro país y debido a que en aquel momento, los años 80, la normativa en vigor no permitiera contar con una legislación estatal, esto es ley orgánica, se puso en marcha un mecanismo de colaboración entre administraciones para poder articular un “posible sistema” en la materia que aún quedaba pendiente. Me refiero al Plan Concertado de Servicios Sociales. En la actualidad congelado pero que ha hecho posible la creación de diferentes redes de atención no solamente a los colectivos a los que va dirigido el Sistema para la promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia sino que recoge a toda la población general y aquellas situaciones que pueden requerir la intervención profesional desde la perspectiva sociocomunitaria.
Al igual que ha sido posible sacar adelante una Ley para la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, es posible plantear una Ley marco en materia de Servicios Sociales.
Contamos con una Ley en cada una de las Comunidades Autónomas, algunas de ellas de tercera generación. Existen desigualdades considerables en dicha materia al no partir de un marco mínimo común además de no contar con un mecanismo establecido y ratificado para la financiación de dichas leyes.
Cierto es que, una parte importante de la financiación guarda relación con la asignatura pendiente en materia de financiación local, dado que las competencias en servicios sociales son de las comunidades autónomas pero la ejecución de la mayoría de los servicios, prestaciones y centros son gestionados por las corporaciones locales.
Tema complejo, bastante debatido y con falta de voluntad para sacarlo adelante.
Por ello, conocer noticias como esta, aunque nos sorprenda por el momento de crisis en el que nos encontramos, nos hace recobrar las buenas expectativas en relación con lograr un marco normativo que haga posible la existencia del Sistema de Servicios Sociales y con ello reforzar nuestro Estado de Bienestar.
No debemos dejar de recordar que el Sistema de Servicios Sociales no sólo se presenta como un mecanismo de protección social sino como una oportunidad. No solamente estamos ante la posibilidad de generar empleo, sino de generar riqueza a través del desarrollo tecnológico (nuevas formas de comunicación, robótica, domótica, etc.).
Así pues, bienvenida la ratificación del Protocolo por todo lo que puede significar en la continuidad del camino iniciado.
