Las y los profesionales de la intervención social y del comportamiento humano, desde las diferentes disciplinas, conocemos y sabemos de la importancia y trascendencia del establecimiento de límites. Diría más, cualquier persona puede reconocer la necesidad de los mismos para poder vivir en convivencia. Pero desde hace un tiempo y en diferentes órdenes de cosas es inevitable preguntarnos ¿dónde están los límites?

Traspasar los mismos debe ir aparejado con la asunción de consecuencias conocidas y reconocidas, de tal forma que no únicamente pueda ser sancionado de forma jurídica, sino también y mucho más importante, éticamente. Porque para convivir son fundamentales los valores, son el pilar de las sociedades y sin ellos, seremos testigos o mejor dicho, protagonistas de la transformación a una sociedad de la que no habremos sido capaces de diseñar una posible hoja de ruta que nos oriente.

Asistimos a espectáculos que nos pueden dejar con la boca abierta sin que se reaccione desde ningún ámbito o cuya reacción es protagonizada por un pequeño grupo que no consigue el abrazo de la mayoría, aún cuando las consecuencias, ya sean directas o indirectas, afectan a una mayoría importante.

Estamos asistiendo a la escenificación mediocre de algo tan noble e imprescindible para convivir en sociedad como es la Política. Porque una parte muy importante de quienes le ponen cara, lo son. No cuentan con la altura personal y profesional necesaria para servir a la ciudadanía. Algunos de ellos, ignoran el alcance del significado de tan grande término y además, entienden profesionalidad como la manera de ganarse la vida. Por ello, vemos atónitos cómo no existen límites claros frente a la corrupción; y lo que hoy es válido para unos, mañana no lo es para otros. Por ello, es posible que veamos cómo un gobierno lleva a la bancarrota a una región pero no pueda demostrarse lo que es evidente por un mal planteamiento preconcebido y soportemos la soberbia del protagonista principal. Se olvidaron de la ciudadanía y de los intereses generales. Pero ¿adónde está el límite? En este caso, la justicia de forma acertada o no, actúa pero existen otros aspectos de gran importancia y que se relacionan con los valores en los que, de existir mecanismos, no han funcionado. Hasta el último momento, nuestro protagonista no ha conocido límite alguno, no ha sido reprobado en modo alguno y su organización le sigue acogiendo y defendiendo.

En este punto, una segunda pregunta: la pertenencia a una organización, ¿no tiene condiciones? Hasta dónde se conoce, las organizaciones, partidos, asociaciones, sindicatos, etc. cuentan con unas normas de funcionamiento o estatutos, que generalmente recogen estos aspectos. Si los protagonistas de las actuaciones siguen considerando que las mismas continúan alineadas al ideario y dentro de la normativa que le es de aplicación, ¿por qué la organización no le pide de oficio que se retire? Algunas lo hacen y protagonistas, también. Pero no todos. Ejemplos tenemos unos pocos. Uno de los más recientes, el del Presidente del CGPJ. Posiblemente era muy cierto que su actuación estuviera dentro de los límites administrativos establecidos pero éticamente, no se ajustaba a lo que la ciudadanía espera de un servidor público como la figura que representa. Menos aún, en la situación socioeconómica actual de nuestro país.

Política con mayúsculas es algo más que lo que se realiza desde el servicio público. Muchas entidades, organizaciones e instituciones privadas también son y deben ser objeto de un comportamiento ético tanto de sus integrantes y representantes como de la actuación hacia el colectivo que se dirige y que constituye el objeto de la misma.

En más de una ocasión hemos escuchado que nuestra sociedad asiste a una crisis de valores pero la crisis financiera mundial ya se ha llevado por delante los valores que podían ser “exclusivos” de determinadas sociedades haciendo tabla rasa y convirtiéndose en elemento transversal y común a distintas sociedades, aproximándonos a otras que hasta el momento se tenían clasificadas como sociedades pendientes de superar muchas situaciones para que pudieran adquirir valores supremos declarados y reconocidos internacionalmente como pro-personas e incluso es posible, en algunos casos, pro-derechos humanos. Se han olvidado los derechos económicos y sociales. Libertades y garantías integrantes de la segunda generación de derechos humanos, consagrados en el ámbito internacional en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y en lo regional, en la Carta Social Europea de 1961 y el Protocolo de San Salvador de 1988, adicional a la Convención América de 1969. Sin olvidar que en local, nuestra Constitución recoge el derecho al acceso a una vivienda.

Cierto es que estos derechos reclaman la acción material del Estado, son de realización progresiva ya que dependen para su ejecución de la disponibilidad de recursos estatales y societarios. Pero a pesar de no poder ser exigidos judicialmente, dependiendo de la acción política y del compromiso adquirido entre electores y votantes, la necesidad de contar para hacerlo posible con las virtudes de generosidad, equidad y solidaridad hace que se produzca una paradoja en nuestra sociedad en relación con los límites morales ya que estos no se incluyen dentro de los derechos fundamentales.

Han tomado la delantera criterios puramente economicistas. Asistimos a la degradación de las relaciones humanas, del valor de la persona y se habla de desahuciados con frialdad. Los últimos datos facilitados por CGPJ arrojan unas cifras en crecimiento, alcanzando en el primer trimestre del 2012 un 18,5% más que en el mismo periodo del año anterior (18.424, en números absolutos). A ello hay que sumarles las ejecuciones hipotecarias, paso previo al desahucio de la vivienda, un 14,1% más que en el mismo periodo del 2011 (24.792 procedimientos).

Pero aunque los datos oficiales sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios son los del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), estos no son representativos ya que tratan por igual los desahucios de locales comerciales y viviendas y tampoco distingue entre vivienda habitual y segunda o tercera residencia.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) incrementa hasta 46.559 la cifra de desahucios, sumándole 28.135 más, ya que en los datos del CGPJ no están incluidos los lanzamientos ordenados por juzgados de primera instancia en las localidades en las que no existen los servicios comunes de notificaciones. Por tanto, sitúa en 517 desahucios diarios en nuestro país. Más de 500 familias se enfrentan cada día a alcanzar un nuevo objetivo: tener un techo dónde sobrevivir.

Desde el año 2007 que estallara la crisis, ya son más de 350.000 familias las que se han quedado sin hogar.

No existe un único “protagonista” o responsable de ello, pero de todos, el que más peso tiene sobre el resto es Bankia. Más del 80% de los desahucios son ejecutados por esta entidad.

Se prioriza y centra la ayuda a entidades financieras mientras que se priva de los bienes fundamentales para las personas como son la vivienda o prestaciones para sobrevivir. Se deposita la responsabilidad de las situaciones sobrevenidas en las mismas personas, convirtiéndolas en responsabilidad individual al “haber vivido por encima de sus posibilidades” cuando, como dice B. Garzón en el prólogo del Diccionario de Derechos Humanos “los auténticos responsables morales, que consienten la explotación y la auspician en beneficio propio por intereses económicos espurios, no resultan ni molestados, ni perseguidos, ni importunados en su tranquila existencia”, y que no son otros que quienes toman las decisiones económicas y se dedican al negocio financiero.

Cabe recordar el artículo publicado por las profesoras de economía Lourdes Beneria y Carmen Sarasúa en marzo de 2011 http://elpais.com/diario/2011/03/29/opinion/1301349604_850215.html volviendo a reivindicar que se instaure una figura que ha de ser sancionada en el ámbito internacional, el crimen económico contra la humanidad.

Y en medio de todo ello, nos encontramos con paradojas increíbles. Empresas que presumen de la labor que realizan en relación con la responsabilidad social y son gestionadas en su nivel interno olvidando la misma, bancos que ejecutan el lanzamiento de hipotecas, dejando sin hogar a familias y que a través de sus fundaciones realizan labor social en favor de las personas con dificultades. Parecen redimir conciencia por este mecanismo. Personas con más de un cargo, que les debe suponer vivir en la esquizofrenia más absoluta, al tener que defender intereses enfrentados en cada uno de sus cargos. Es posible que fuera viable en otros tiempos, por otorgar margen de duda, pero no puede serlo en la actualidad: dedicarse al negocio financiero con la que está cayendo y a la vez defender y ayudar a los más vulnerables.

También debiera existir un límite claro.