El reconocimiento de nuevos derechos de ciudadanía siempre es un logro que se debe celebrar desde planteamientos progresistas, pero puede ocurrir que el reconocimiento de determinados derechos, según se articule el ejercicio efectivo de los mismos, suponga un retroceso o pérdida importante para el conjunto de la población.
Y , según vamos avanzando en el conocimiento de las líneas de la futura ley para la autonomía personal, vamos comprobando que los temores que hemos tenido a lo largo de todo el proceso, en unos momentos en mayor medida que en otros, cobran mayor fundamento y no sólo nos crea malestar porque se nos haya estado trasladando constantemente que el planteamiento mantenido por gran parte del colectivo que conoce trabaja y cree en el cuarto pilar del Estado del Bienestar, los Servicios Sociales, veamos que no es cierto; sino que nos entristece que a la ciudadanía se le traslade la necesidad de montar un sistema que va a suponer “poner a España a la cabeza de Europa”, cuando en realidad la red y el sistema existen y por supuesto, no es necesario montarlo, lo que es necesario es reforzar el existente.
Esta afirmación no significa retirar el apoyo al reconocimiento de los derechos a las personas que se encuentran en una situación de dependencia, que hemos hecho público hasta el momento y que también hicimos llegar al Congreso de los Diputados con ocasión de mi comparecencia para realizar aportaciones al Libro Blanco. Consideramos que es imprescindible abordar las necesidades que emergen de las situaciones de dependencia, como lo es garantizar la atención a otras muchas situaciones de dificultad social y que hasta el momento se encarga en su mayor parte, el mismo sistema, el Sistema Público de Servicios Sociales.
Este sistema se sostiene gracias a un acuerdo entre la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, el Plan Concertado para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. El catálogo de prestaciones y servicios se incluye en dicho plan (que es el que pretenden que configure el nuevo “sistema”) debe ser incorporado a una Ley General de Servicios Sociales inexistente que reconozca como derecho subjetivo de ciudadanía los servicios sociales, que garantice y universalice las prestaciones y los servicios.
Esto último fue un compromiso electoral del presidente Zapatero, reiterado por él en su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados y solicitado por más de 200 ONG de todo el Estado, agentes sociales, sindicatos, rectores de universidades y miles de ciudadanos y ciudadanas, de forma particular, a través del Manifiesto de Talavera.
Más de la mitad de las prestaciones prevén son prestaciones económicas destinadas para cubrir el coste de la cuidadora. Aunque consideramos necesario contemplar estas prestaciones, apostamos indiscutiblemente por las prestaciones de servicios, sean de ejecución directa de la Administración o concertadas. Lo que no apoyamos bajo concepto alguno es la aportación económica de la administración para que el usuario obtenga en el mercado el servicio por carecer esta del mismo.
Ante el texto planteado se nos presentan dudas como: ¿Qué significa “ayuda”? ¿Quién da de alta en la Seguridad Social a la cuidadora, la persona que quiere la atención o ella misma como autónoma o creamos otro epígrafe nuevo para ellas?
¿No hablábamos de facilitar la incorporación al mundo laboral de las mujeres que actualmente se dedican a cuidar a su familiar? De esta manera, no sólo facilitamos su incorporación, sino que continuamos manteniendo que sean las mujeres quienes se ocupen de las necesidades familiares. Además, ¿Cómo garantizamos que la calidad de la atención para un servicio que se configura con el trabajo realizado por la familiar de la persona que lo requiere? ¿Será la administración capaz de supervisar dicho trabajo? Se podrá exigir la calidad siempre que se facilita la formación requerida, pero no sabemos cuantas estarán dispuestas a realizarla porque no olvidemos, su atención se basa en el amor por su ser querido.
Que se haya cuantificado el coste de la red de atención es un paso necesario para poder reforzar el sistema, pero tal como está planteado, las comunidades autónomas, ¿lo admitirán?
El Estado del Bienestar se sustenta en cuatro pilares. En España tenemos pendiente dotar de la entidad jurídica que se merece el cuarto pilar. Este es el Sistema Público de Servicios Sociales en el que se inserta la red de atención a las personas en situación de dependencia y que de no ser así pone en riesgo el reconocimiento como derecho universal el derecho a los servicios sociales de los ciudadanos y ciudadanas.
Sólo entonces España estaría entre las sociedades con mayor protección social de Europa.
Publicado el 26 de enero de 2006 en el periódico Málaga Hoy.
