El cuarto pilar del Estado de Bienestar

El trabajo por garantizar como derecho subjetivo el acceso al Sistema de Servicios Sociales por parte del colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Sociales y Asistentes Social no es reciente.

La historia se remonta a la enmienda presentada por el Senador Martín Retortillo a la Constitución Española. Aquella enmienda proponía la retirada de la existencia de la beneficencia y fue admitida. Por tanto, el primer paso fue hacer que España basara su atención social en los derechos de las personas y no en la caridad.

Pero nuestra Carta Magna atribuye las competencias en dicha materia a las Comunidades Autónomas. Así que, de entrada, nace la posibilidad de implantación de un Sistema que, a diferencia de los otros tres que configuran el Estado de Bienestar esto es Educación, Sanidad y Pensiones, no cuenta con un marco normativo estatal.

Ello ha dificultado sobremanera su implantación, desarrollo y financiación.

La llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español en 1982 hizo posible que se alcanzaran acuerdos para sentar las bases de dicho Sistema. El entonces  Ministerio de Asuntos Sociales realizó un esfuerzo para lograr un acuerdo entre las diferentes administraciones: locales, autonómicas y estatal que hiciera posible una puesta en funcionamiento del Sistema. Aquel acuerdo se denominó Plan Concertado para las prestaciones Básicas de Servicios Sociales.

Este Plan contenía prestaciones, servicios y centros tanto básicos como de segundo nivel para diferentes colectivos de atención en situación de vulnerabilidad, así como sus ejes eran la información, prevención, atención o asistencia y rehabilitación. Éstos fundamentalmente son gestionados por los Ayuntamientos, dejando una parte para las Comunidades Autónomas.

Durante un tiempo, dicho acuerdo funcionó aunque no con dificultades presupuestarias, pero la realidad es que durante un tiempo ha estado congelado y alcanzar el logro del reconocimiento subjetivo de derechos a través de la aprobación de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, aunque apoyada por una amplia mayoría tanto en el ámbito político, profesional y ciudadano, venía a poner en peligro el Sistema de Servicios Sociales.

Así lo alertamos algunas organizaciones, insistíamos en que esta Ley no constituía en sí mismo un Sistema de Atención a la Dependencia (como fue defendido durante largo tiempo), sino que tenía que formar parte de la estructura ya existente y reforzarla.

Se han producido hechos que han hecho repensar el tema. La aplicación desigual de la mal llamada Ley de Dependencia en las distintas Comunidades Autónomas ha puesto de manifiesto el detrimento que ha sufrido y está sufriendo el Sistema de Servicios Sociales, que por otra parte debemos situar, al igual que se ha hecho con la aplicación de la Ley para la Autonomía Personal y atención a la Dependencia

El Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de España junto con la Universidad de Talavera de la Reina promueven unas jornadas de trabajo en la que participan tanto el colectivo profesional como el académico y en las que se aprobó en la primavera del año 2003 el Manifiesto de Talavera de la Reina, La Universalidad del Sistema Público de Servicios Sociales: Bienestar para tod@s, que fue refrendado por un amplio abanico de organizaciones, instituciones, personas públicas y particulares.

Desde entonces se ha continuado siempre trabajando en la misma línea, por ello en este momento, estamos de enhorabuena porque se ha logrado introducir en el lenguaje político la importancia del Sistema de Servicios Sociales.

El Partido Socialista de Madrid-Partido Socialista Obrero Español, se ha comprometido a reforzar dicho Sistema y a hacer cumplir en Madrid una parte del mismo que es la Ley para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Con ello, realmente estamos hablando de no mantener incompleto el Estado de Bienestar con sus cuatro pilares básicos: Sanidad, Educación, Pensiones y Servicios Sociales. Ahora nos queda ver como se articula la efectividad del mismo, es posible que sea necesario revisar los mecanismos o no, pero la posibilidad de hacerlo es real.

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