El periodo que se otorga a cualquier equipo que inicia la andadura en un nuevo proyecto para hacerse con las riendas del mismo es de cien días. Este periodo que se marca fundamentalmente en la agenda política ha sido asumido con carácter general y se ha trasladado a cualquier ámbito, incluido el privado. De esta manera, nos encontramos con nuevos dirigentes en diferentes organizaciones que apelan a dicho periodo tanto para hacer balance de lo analizado en el mismo como para solicitar una demora para tomar las decisiones que se le demandan.
Ello hace que el periodo de análisis de situación sea visto de manera positiva por aquellos que consideran que no se debe “entrar como elefante en cacharrería” a tomar decisiones y justifican así la necesidad de realizar cambios de forma planificada, pausada y medida, teniendo en cuenta a los diferentes actores en el objeto que les ocupa.
Este sector no hace uso de las directrices más conservadoras o no han conocido la doctrina que el profesor Friedman puso en marcha y que tan buenos resultados les está dando a sus seguidores.
Friedman postulaba que los cambios hay que hacerlos de forma rápida aprovechando la confusión que se produce en tiempos de crisis y apelando a la indiscutible necesidad de hacerlo dada la situación que ha venido provocada por los tiempos de crisis, que además, generalmente es acentuada y generada por los promotores de dicho cambio para poderlo llevar a cabo.
Es parte de lo que se ha denominado la doctrina del shock. Se instaura el miedo en la población, se provoca la paralización y se presentan los cambios como inevitables.
Pero todo depende de la capacidad de convencimiento que se llegue a tener para poder hacerlo y de que no exista un mínimo resorte que haga que la población no admita sin discusión las propuestas de cambio a realizar.
En nuestro entorno, la UE, se han ido diseñando políticas y actuaciones que bajo el paraguas de frenar la crisis, generada por y en el sector financiero, han ido trasladando a la población la responsabilidad de la situación y con ello, se ha requerido que sea esta la que soporte las consecuencias de la implementación de políticas de todo tipo que responden a un cambio de modelo ideológico, esto es la implantación de un neoconservadurismo que se olvida de la redistribución de la riqueza, la cohesión social, la igualdad y la equidad.
En España, tras el 20N está siendo mucho más fácil el avance de dicha ideología. El inicio del cambio de modelo de sociedad no se ha hecho esperar.
El nuevo Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fiel a la doctrina Friedman, no ha esperado los cien días para tomar decisiones. Como algunos expertos indican, no se le puede acusar de inacción ante la crisis. Ha acometido reformas demandadas por la UE que suponen la mayor agresión al Estado de Bienestar, a las personas trabajadoras y al modelo social de nuestro país. Algunas de ellas, obviando recomendaciones de la UE como la realizada en materia de Educación, cuya indicación no es la ejecución de recorte presupuestario como se ha presentado en los PGE aprobados el pasado viernes.
Me pregunto si se ha reparado en nuestro marco constitucional para llevar a cabo las reformas. Cierto es que parte de los derechos reconocidos en la misma requieren de un desarrollo normativo pero en ningún caso se puede obviar que los poderes públicos son garantes y promotores de los mismos y mantienen la tutela de ellos.
A lo largo de estos cien días hemos asistido una subida de impuestos que, no es mala en sí misma, es injusta porque no establece progresividad, seguiremos pagando quienes dependemos de un trabajo para vivir y las grandes fortunas, de nuevo se quedan fuera.
Frente a la única buena noticia que supuso la limitación de los salarios del sector financiero y la banca, asistimos al mayor retroceso en las condiciones laborales que supone la nueva reforma laboral, sin olvidar que en realidad se trata de una modificación del marco de las relaciones laborales.
El principio del derecho del trabajo es legislar para la protección de la parte más débil, la persona trabajadora. Este principio se ha metido en el baúl de los recuerdos y transportado al siglo XIX.
Además, desde hace una temporada más o menos larga pero no coincidente con estos cien días, somos testigos y en algunos casos, partícipes, de un ataque a la representación de los trabajadores, los Sindicatos, que no responde a otra cosa que a la línea a seguir para establecer este nuevo modelo. También se olvidan del reconocimiento que se realiza de los mismos en la Constitución.
Quienes tenemos la suerte de contar con un empleo dependemos absolutamente de la gran capacidad otorgada a la empresa para hacer lo que quiera con nosotros; y para todos en general, supondrá una dependencia absoluta para el establecimiento de condiciones a la hora de prestar nuestra fuerza de trabajo a cambio de salario. El principio de seguridad jurídica puede tambalearse en relación a aspectos como la posibilidad del empresario de argumentar la situación económica de la empresa.
Esta reforma supone una transferencia de capital del trabajador/a al empresario/a. Es posible que creen empleo no asumiendo el riesgo propio de dicho rol sino con el dinero de cada uno de nosotros/as. Los derechos que tanto esfuerzo han supuesto lograr y que han sido recogidos en el Estatuto de los trabajadores a través de las diferentes modificaciones realizadas se ven aniquilados y mermados en una parte muy importante de los mismos.
Nos anuncian la modificación de una Ley que supuso un avance para la sociedad y para la mujer con el argumento de la “violencia estructural” y la realización como mujeres únicamente cuando logramos ser madres. Hay que ser retrógrado y no tener respeto por la mujer para plantear semejante argumento.
En materia educativa somos sufridores de los recortes que han ido realizando los gobiernos de la derecha en beneficio de la educación privada. Y no se trata de ampliación horaria del profesorado como nos quieren hacer ver. Sin olvidar el anuncio del ministro del ramo en relación con la modificación de una asignatura, que con carácter fundamental se centra en la educación cívica, la Educación para la Ciudadanía. A mayor abundamiento, los PGE no ponen énfasis en este pilar fundamental del Estado del Bienestar desoyendo las Recomendaciones de la UE.
Y la protección a las personas en situación de dependencia se esfuma al no consignar partida suficiente destinada para ello.
Pero con todo, lo que ha supuesto una gran vuelta de tuerca para muchos es la amnistía fiscal concedida. Si afloran los capitales supondrán la imposición única del 10%. ¡Vaya regalo!
Ninguna de las iniciativas se realiza en base al principio de Justicia Social.
Y todo, en el plazo de cien días.
Pero como decía, la capacidad para desarrollarlo es proporcional a la capacidad de convicción. En estos últimos días han existido indicios de que dicha capacidad ha mermado. La pérdida de votos en Andalucía y el éxito de la huelga general del 29M son indicadores de que las cosas no marchan como ellos preveían.
Han bastado cien días para darse cuenta de que este Gobierno ha sido con diferencia, el que mayor capacidad de mentir a la ciudadanía ha demostrado.
