La ciudad frente al calor: Refugios climáticos, justicia urbana y el derecho a una temperatura digna

Una ola de calor no afecta a todo el mundo por igual.

Mientras unas personas encuentran sombra, aire acondicionado y viviendas confortables, otras afrontan temperaturas que convierten su propio hogar en un lugar peligroso. No es una cuestión de suerte. Tampoco únicamente de clima. Es una cuestión de cómo hemos diseñado nuestras ciudades y de cómo distribuimos la protección.

Quizá el debate ya no deba centrarse solo en cuántos grados aumentará la temperatura, sino en una pregunta mucho más incómoda:

¿Puede considerarse democrática una ciudad donde la posibilidad de protegerse del calor depende del barrio en el que se vive o de la renta de cada persona?

Esa es la reflexión que desarrolla este nuevo artículo.

A partir del concepto de refugios climáticos, propongo una mirada que va mucho más allá de la adaptación al cambio climático. Hablo de justicia urbana, de salud pública, de desigualdad, del papel del tercer sector y de la necesidad de construir ciudades capaces de cuidar.

Porque el verdadero desafío no consiste únicamente en enfriar las ciudades.

Consiste en impedir que la temperatura decida quién puede vivir con dignidad y quién no.

Si el cambio climático está redefiniendo nuestras ciudades, también está obligándonos a redefinir el significado de la democracia y del Estado del bienestar.

Os invito a leerlo y, sobre todo, a compartir vuestra opinión. Estoy convencido de que este será uno de los grandes debates sociales y políticos de los próximos años.

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Cuando el calor pone a prueba nuestras ciudades

Cuando el calor deja de ser un fenómeno natural

Qué es un refugio climático: mucho más que un espacio fresco

¿Por qué el calor nunca afecta a todas las personas por igual?

La geografía de la injusticia térmica

Lo que el mundo ya está haciendo

La ciudad que cuida del clima

Gobernar el calor

El tercer sector como infraestructura del cuidado climático

¿Puede existir una ciudad democrática que no garantice el derecho al frescor?

Enfriar el presente, cuidar el futuro

Recursos digitales y herramientas para la adaptación al calor urbano

Cuando el calor pone a prueba nuestras ciudades

Una tarde de verano, dos personas separadas por apenas unos kilómetros pueden estar viviendo realidades completamente distintas. Una descansa bajo la sombra de un parque arbolado, en una vivienda bien aislada o en una biblioteca climatizada. La otra permanece atrapada en un pequeño piso orientado al oeste, sin ventilación y sin posibilidad de encender el aire acondicionado porque la factura eléctrica resulta inasumible. Las dos ciudades existen al mismo tiempo. Ambas soportan la misma ola de calor. Sin embargo, una experimenta una incomodidad pasajera y la otra afronta un riesgo real para su salud e incluso para su vida.

Esa diferencia no la explica únicamente la temperatura. La explican el urbanismo, la renta, la edad, la calidad de la vivienda, la existencia —o la ausencia— de espacios públicos adecuados y, en definitiva, las decisiones colectivas sobre cómo construimos y gobernamos nuestras ciudades. La temperatura sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado es su significado político. El calor ha dejado de ser únicamente un fenómeno meteorológico para convertirse en una cuestión de justicia social, de salud pública y de calidad democrática.

Durante mucho tiempo pensamos que los efectos del cambio climático se manifestarían principalmente a través de grandes catástrofes naturales: inundaciones, incendios forestales, sequías o temporales extremos. Sin embargo, una de sus consecuencias más devastadoras avanza de una forma mucho más silenciosa. Las olas de calor no destruyen edificios ni ocupan durante días las portadas de los informativos. Actúan lentamente, agotando el organismo, agravando enfermedades previas y aumentando la mortalidad de forma casi invisible. El calor rara vez deja imágenes espectaculares, pero cada verano deja miles de víctimas cuya muerte suele atribuirse a causas médicas inmediatas, ocultando el papel decisivo que desempeña la temperatura extrema.

Las evidencias son cada vez más contundentes. La primera gran ola de calor del verano de 2026, desarrollada entre el 21 y el 25 de junio, constituyó uno de los episodios más extremos registrados en España para un mes de junio. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los días 22 y 23 fueron los más cálidos registrados en la España peninsular para este mes desde, al menos, 1950, alcanzándose una temperatura máxima media nacional de 36,9 °C el día 23 y batiéndose numerosos récords históricos, especialmente en el norte peninsular, donde algunas estaciones superaron por primera vez los 43 °C. El episodio puso de manifiesto que el calor extremo ya no constituye una anomalía excepcional, sino una nueva realidad climática que afecta a territorios tradicionalmente menos expuestos a este riesgo. Paralelamente, el sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estimó 212 fallecimientos atribuibles al exceso de temperatura durante los primeros días de la ola de calor, recordando que el principal impacto de estos fenómenos no suele medirse por la espectacularidad de sus imágenes, sino por el elevado coste humano que dejan tras de sí.

La gravedad del fenómeno no constituye un hecho aislado. Un estudio publicado en 2025 estimó que la ola de calor que afectó a doce grandes ciudades europeas entre finales de junio y comienzos de julio provocó aproximadamente 2.305 fallecimientos, de los cuales cerca del 65 % fueron atribuidos al cambio climático de origen humano. Madrid y Barcelona concentraron alrededor de 458 de esas muertes, mostrando que incluso ciudades con amplios sistemas sanitarios siguen siendo profundamente vulnerables cuando el calor extremo coincide con factores de desigualdad social.

Pero el problema no es el calor. El verdadero problema es que el calor nunca afecta a todas las personas de la misma manera. Allí donde coinciden pobreza, envejecimiento, aislamiento social, viviendas deficientes, escasez de zonas verdes y ausencia de servicios públicos accesibles, el riesgo se multiplica. Los mapas de temperatura empiezan a parecerse inquietantemente a los mapas de la desigualdad. Toda ciudad posee dos cartografías: la del calor y la de la justicia. Y cada verano se parecen un poco más.

En este sentido, el calor está dejando de ser únicamente una consecuencia del cambio climático para convertirse también en un mecanismo de exclusión social. Quien dispone de recursos económicos puede protegerse mediante viviendas mejor acondicionadas, climatización, segundas residencias o desplazamientos a lugares más frescos. Quien carece de ellos depende cada vez más de la calidad del espacio público y de la capacidad de las instituciones para garantizar unas condiciones mínimas de bienestar térmico. El frescor deja así de ser un bien privado para convertirse en un bien público.

También tendremos que aprender a medir las ciudades de otra manera. Durante décadas evaluamos su calidad por la movilidad, la seguridad, la oferta cultural o la disponibilidad de servicios. En los próximos años será necesario incorporar un nuevo criterio: su capacidad para proteger la vida frente al calor extremo. Una ciudad verdaderamente habitable no será únicamente aquella que funcione con eficacia, sino aquella que sea capaz de cuidar a quienes más necesitan protección cuando las temperaturas alcanzan niveles incompatibles con una vida digna.

Es precisamente en este contexto donde adquieren sentido los refugios climáticos. Con frecuencia se presentan como simples espacios climatizados donde descansar durante una ola de calor. Sin embargo, son mucho más que eso. Constituyen la expresión visible de una transformación mucho más profunda: el reconocimiento de que el acceso al bienestar térmico empieza a convertirse en un derecho emergente y de que la adaptación al cambio climático no puede limitarse a soluciones tecnológicas o infraestructurales, sino que debe incorporar principios de equidad, solidaridad y cuidado colectivo.

Este ensayo parte de una idea sencilla, aunque sus implicaciones son profundas. Los refugios climáticos no constituyen el verdadero tema de estas páginas. Son el síntoma visible de una transformación mucho mayor: la aparición de una nueva forma de desigualdad que obliga a repensar el urbanismo, las políticas públicas y el propio significado de la ciudadanía en un planeta que se calienta.

Porque quizá la pregunta decisiva ya no sea cómo enfriar nuestras ciudades, sino cómo impedir que la temperatura decida quién puede vivir dignamente en ellas.

Referencias

European Commission. (2021). Forging a climate-resilient Europe – The new EU Strategy on Adaptation to Climate Change (COM(2021) 82 final). European Commission. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0082

European Environment Agency. (2024). European Climate Risk Assessment (EUCRA). Publications Office of the European Union. https://www.eea.europa.eu/publications/european-climate-risk-assessment

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2021). Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021–2030. Gobierno de España. https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico.html

Observatorio de Sostenibilidad. (2024). Cambio climático en España 2024: récords históricos de temperatura y evolución reciente. https://www.observatoriosostenibilidad.org/

Organización Mundial de la Salud. (2026). Heat–health action plans: Guidance (2.ª ed.). WHO Regional Office for Europe. https://www.who.int/europe/news/item/11-06-2026-heat-action-day–new-who-guidance-helps-authorities-better-protect-people-from-the-effects-of-heat

World Health Organization. (2021). COP26 special report on climate change and health: The health argument for climate action. https://www.who.int/publications/i/item/9789240036727

World Meteorological Organization. (2024). State of the Global Climate 2023. World Meteorological Organization. https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate-2023

World Weather Attribution. (2025). Climate change tripled heat-related deaths in early summer European heatwave. https://www.imperial.ac.uk/grantham/publications/all-publications/climate-change-tripled-heat-related-deaths-in-early-summer-european-heatwave.php

Cuando el calor deja de ser un fenómeno natural

Durante miles de años las sociedades aprendieron a convivir con el clima. Adaptaron la arquitectura a las condiciones ambientales, desarrollaron técnicas agrícolas capaces de soportar largos periodos de sequía y organizaron el trabajo, el descanso y la vida cotidiana siguiendo los ritmos impuestos por las estaciones. El calor formaba parte del paisaje. Podía ser más o menos intenso, más o menos incómodo, incluso provocar episodios dramáticos, pero seguía siendo percibido como una condición natural frente a la que únicamente cabía adaptarse.

Hoy esa relación ha cambiado profundamente. No porque el calor haya dejado de ser un fenómeno físico, sino porque ha dejado de ser únicamente eso. El cambio climático está transformando la temperatura en un factor que condiciona la salud, la calidad de vida, la organización de las ciudades e incluso el ejercicio efectivo de algunos derechos fundamentales. El clima continúa siendo un fenómeno natural, pero sus consecuencias dependen cada vez más de decisiones humanas acumuladas durante décadas. La temperatura sigue midiéndose con un termómetro; sus efectos, en cambio, empiezan a medirse también en términos de desigualdad, vulnerabilidad y calidad democrática.

Este cambio de perspectiva resulta esencial para comprender el desafío al que nos enfrentamos. Con frecuencia reducimos el problema del calentamiento global al aumento de algunos grados de temperatura media. Sin embargo, esa explicación resulta insuficiente. Si dos ciudades soportan exactamente la misma ola de calor y una registra muchas más hospitalizaciones, un mayor exceso de mortalidad o un deterioro mucho más acusado de la calidad de vida, la diferencia no puede atribuirse únicamente al clima. Lo que realmente explica esa distancia son décadas de decisiones urbanísticas, económicas y sociales: dónde se plantaron árboles, cómo crecieron los barrios, qué calidad tienen las viviendas, qué espacios públicos existen, cómo funcionan los servicios de salud y de protección social, qué redes comunitarias permanecen activas y quién dispone de recursos suficientes para protegerse cuando las temperaturas alcanzan niveles extremos.

En realidad, el cambio climático no crea por sí solo nuevas desigualdades. Lo que hace es amplificar las que ya existían. Allí donde la pobreza, el aislamiento social, la precariedad residencial o la falta de servicios públicos habían generado situaciones de fragilidad, el calor actúa como un multiplicador del riesgo. Cada ola de calor funciona, en cierto modo, como una radiografía que revela con extraordinaria precisión las fortalezas y las debilidades de una ciudad. Allí donde las condiciones de vida eran más precarias, las consecuencias del aumento de la temperatura resultan también mucho más severas.

Las llamadas islas de calor urbanas representan probablemente el ejemplo más evidente de este proceso. La acumulación de superficies asfaltadas, el predominio del hormigón, la escasez de vegetación, la elevada densidad edificatoria y el intenso tráfico rodado provocan que determinadas zonas urbanas acumulen grandes cantidades de calor durante el día y lo liberen lentamente durante la noche. El resultado es que barrios separados por apenas unos cientos de metros pueden registrar diferencias térmicas suficientes para alterar significativamente las condiciones de habitabilidad. Desde una perspectiva estrictamente meteorológica esos pocos grados podrían parecer irrelevantes. Desde el punto de vista de la salud pública, sin embargo, pueden marcar la diferencia entre permitir que el organismo se recupere durante la noche o mantener un estrés térmico continuado que incrementa de forma muy significativa el riesgo para las personas más vulnerables.

Lo más preocupante es que esa distribución del calor rara vez responde al azar. Numerosos estudios muestran que los barrios con menores niveles de renta suelen disponer también de menos zonas verdes, menos sombra, peor calidad del espacio público y viviendas con menor capacidad de aislamiento térmico. La geografía del calor reproduce así, con una precisión inquietante, la geografía de la desigualdad. Allí donde la ciudad ha invertido menos durante décadas es precisamente donde el calentamiento encuentra las condiciones más favorables para producir daño. El cambio climático no hace sino iluminar desigualdades que ya estaban presentes y convertirlas en una amenaza mucho más visible.

Esta constatación obliga también a revisar la propia idea de vulnerabilidad. Con demasiada frecuencia hablamos de personas vulnerables como si la vulnerabilidad fuera una característica exclusivamente individual, derivada de la edad, la enfermedad o la situación económica. Sin embargo, la vulnerabilidad también es una construcción colectiva. Depende de cómo se diseñan las ciudades, de cómo se distribuyen los equipamientos públicos, de la existencia de espacios verdes, de la calidad del parque residencial y de la fortaleza de las redes comunitarias. En otras palabras, no solo existen personas vulnerables; existen ciudades que generan mayor o menor vulnerabilidad según las decisiones que han ido adoptando a lo largo del tiempo.

A esta realidad se suma una transformación demográfica que incrementa todavía más la complejidad del problema. Europa envejece rápidamente, aumenta el número de personas mayores que viven solas, persisten elevados niveles de pobreza energética y miles de personas continúan trabajando al aire libre o habitando viviendas incapaces de mantener unas condiciones mínimas de confort térmico durante los meses más calurosos del año. La combinación entre envejecimiento, desigualdad y cambio climático configura un escenario completamente nuevo para el que las políticas urbanas tradicionales resultan claramente insuficientes.

Todo ello obliga a revisar también el significado de la adaptación climática. Adaptarse ya no consiste únicamente en construir infraestructuras más resistentes o incorporar tecnologías más eficientes. Significa, sobre todo, reducir vulnerabilidades, fortalecer los sistemas públicos de cuidado y garantizar que todas las personas, con independencia de su renta, de su edad o del barrio en el que viven, dispongan de unas condiciones mínimas de bienestar térmico que les permitan afrontar con seguridad un clima cada vez más extremo. En este contexto, la adaptación deja de ser una cuestión exclusivamente ambiental para convertirse en una política de cohesión social.

El calor adquiere así un significado completamente distinto. Deja de ser únicamente una variable meteorológica para convertirse en un indicador de la calidad democrática de una ciudad. Allí donde existen viviendas dignas, espacios públicos habitables, árboles, agua, sombra y redes comunitarias sólidas, el aumento de la temperatura encuentra una sociedad mucho mejor preparada para proteger a quienes más lo necesitan. Allí donde esos elementos faltan, el calor deja de ser un fenómeno natural para convertirse en un mecanismo de exclusión que limita las oportunidades, deteriora la salud y profundiza las desigualdades existentes.

Es precisamente esa transformación la que explica la aparición de los refugios climáticos. No nacen simplemente porque haga más calor que hace unas décadas. Nacen porque las sociedades empiezan a comprender que el acceso al bienestar térmico ya no puede depender exclusivamente de los recursos individuales de cada persona. Son la primera manifestación visible de un cambio mucho más profundo: el reconocimiento de que el clima ha dejado de ser únicamente un desafío ambiental para convertirse también en una cuestión de justicia, de cuidado y de ciudadanía. La verdadera pregunta ya no es cómo convivir con temperaturas cada vez más elevadas, sino cómo garantizar que nadie vea comprometida su salud o su dignidad por el lugar donde vive o por los recursos económicos de los que dispone.

Referencias

Anguelovski, I., Connolly, J. J. T., Masip, L., & Pearsall, H. (2018). Assessing green gentrification in historically disenfranchised neighborhoods: A longitudinal and spatial analysis of Barcelona. Urban Geography, 39(3), 458–491. https://doi.org/10.1080/02723638.2017.1349987

European Environment Agency. (2024). European Climate Risk Assessment (EUCRA). Publications Office of the European Union. https://www.eea.europa.eu/publications/european-climate-risk-assessment

Meerow, S., & Newell, J. P. (2019). Urban resilience for whom, what, when, where, and why? Urban Geography, 40(3), 309–329. https://doi.org/10.1080/02723638.2016.1206395

Observatorio de Sostenibilidad. (2024). Cambio climático en España 2024: récords históricos de temperatura y evolución reciente. https://www.observatoriosostenibilidad.org/

Santamouris, M. (2015). Regulating the damaged thermostat of the cities—Status, impacts and mitigation challenges. Energy and Buildings, 91, 43–56. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.01.027

Stone, B., Jr. (2012). The city and the coming climate: Climate change in the places we live. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511974874.

World Health Organization. (2021). COP26 special report on climate change and health: The health argument for climate action. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240036727

Qué es un refugio climático: mucho más que un espacio fresco

Los refugios climáticos suelen definirse como espacios públicos o comunitarios que ofrecen protección frente a las temperaturas extremas. La definición es correcta, pero resulta claramente insuficiente. Si esa fuera toda su razón de ser, bastaría con climatizar algunos edificios públicos para considerar resuelto el problema. Sin embargo, los refugios climáticos no nacen únicamente como una respuesta técnica al aumento de las temperaturas. Son la expresión visible de una transformación mucho más profunda: el reconocimiento de que el acceso al bienestar térmico ha dejado de ser una cuestión exclusivamente privada para convertirse en una responsabilidad colectiva.

Durante mucho tiempo dimos por supuesto que protegerse del calor dependía casi exclusivamente de las decisiones individuales. Quien podía instalar aire acondicionado, mejorar el aislamiento de su vivienda o desplazarse a lugares más frescos encontraba una solución por sus propios medios. La intervención pública se limitaba, por lo general, a difundir recomendaciones sanitarias cuando las temperaturas alcanzaban niveles especialmente elevados. Ese modelo podía resultar razonable mientras las olas de calor eran episodios relativamente excepcionales y la mayor parte de la población disponía de unas condiciones de habitabilidad aceptables. Sin embargo, el cambio climático ha alterado profundamente ese escenario. Cuando las temperaturas extremas se vuelven cada vez más frecuentes y una parte creciente de la ciudadanía carece de recursos para protegerse, el bienestar térmico deja de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de interés público.

Los refugios climáticos surgen precisamente como respuesta a esa nueva realidad. No representan únicamente una infraestructura destinada a reducir la temperatura corporal durante unas horas. Representan el reconocimiento de que ninguna persona debería ver comprometida su salud, su autonomía o su vida por carecer de un lugar donde protegerse del calor. Su aparición marca el momento en que las ciudades empiezan a asumir que la adaptación climática no consiste solo en transformar el espacio físico, sino también en ampliar las responsabilidades colectivas frente a nuevas formas de vulnerabilidad.

Entendido desde esta perspectiva, un refugio climático es mucho más que un edificio climatizado, un parque con abundante sombra o una plaza adecuadamente acondicionada. Es una auténtica infraestructura del cuidado. Su función consiste en garantizar unas condiciones mínimas de bienestar térmico cuando el espacio urbano deja de ofrecerlas, pero también en asegurar que cualquier persona, con independencia de su edad, de su situación económica o de sus condiciones de salud, disponga de un lugar seguro donde descansar, hidratarse y recuperarse durante los episodios de calor extremo. La temperatura constituye únicamente una parte de esa protección. La otra parte la forman la acogida, la accesibilidad, la información y la posibilidad de encontrar apoyo cuando resulta necesario.

Por eso la dimensión ética de un refugio resulta tan importante como su dimensión técnica. Una biblioteca pública abierta durante una ola de calor no proporciona únicamente una temperatura confortable; garantiza que el acceso al bienestar térmico no dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada persona. Un parque bien diseñado no ofrece solo sombra; preserva el derecho a permanecer en el espacio público incluso cuando las condiciones ambientales se vuelven adversas. Un centro cívico habilitado como refugio deja de ser un simple equipamiento municipal para convertirse en la expresión concreta de una ciudad que entiende el cuidado como una responsabilidad compartida.

Esa visión explica también por qué los refugios climáticos cumplen simultáneamente funciones muy diversas. Naturalmente reducen la exposición al calor y disminuyen los riesgos asociados a las altas temperaturas, pero también fortalecen la cohesión comunitaria, facilitan el contacto con los servicios sanitarios y sociales, proporcionan información útil y ayudan a combatir uno de los factores que más incrementan la mortalidad durante las olas de calor: el aislamiento social. En muchas ocasiones, el valor de un refugio no reside únicamente en la calidad de sus sistemas de climatización, sino en las relaciones humanas que es capaz de generar y en la confianza que despierta entre quienes más necesitan utilizarlo.

Por esa razón los refugios climáticos no deberían entenderse como equipamientos aislados, sino como nodos de una red urbana de cuidados. Su eficacia depende tanto de las condiciones físicas del espacio como de su integración dentro de una estrategia más amplia de adaptación climática. Un refugio desconocido por la ciudadanía, mal distribuido territorialmente o desconectado de los servicios públicos difícilmente podrá cumplir la función para la que fue concebido. En cambio, cuando forma parte de una red coordinada de salud pública, servicios sociales, protección civil y participación comunitaria, se convierte en una pieza esencial de la capacidad de una ciudad para proteger a su población.

Esta manera de entender los refugios obliga también a revisar los criterios con los que evaluamos su calidad. No basta con que sean espacios frescos. Deben ser fácilmente accesibles, visibles, inclusivos y acogedores. Deben ofrecer agua potable, lugares adecuados para el descanso, condiciones de seguridad, accesibilidad universal y, siempre que sea posible, personal preparado para orientar o acompañar a quienes necesiten ayuda. En definitiva, un verdadero refugio climático no solo reduce la temperatura ambiental. Reduce también la vulnerabilidad social.

Los espacios capaces de desempeñar esta función pueden ser muy diversos. Algunas ciudades aprovechan bibliotecas, centros cívicos, polideportivos, escuelas o estaciones de transporte; otras priorizan parques urbanos, jardines, corredores verdes o plazas especialmente acondicionadas; en situaciones excepcionales también pueden habilitarse dispositivos móviles que permitan actuar rápidamente en barrios con escasez de equipamientos permanentes. Lo verdaderamente importante no es la naturaleza física del refugio, sino su capacidad para ofrecer protección efectiva allí donde el riesgo resulta mayor.

Tipo de refugio	Ejemplos	Principal aportación
Naturales	Parques urbanos, jardines, corredores verdes, riberas	Reducen la temperatura mediante sombra y vegetación, mejoran el espacio público y aportan beneficios ambientales permanentes.
Equipamientos públicos	Bibliotecas, centros cívicos, escuelas, polideportivos, estaciones de transporte	Garantizan climatización, agua potable, accesibilidad y conexión con otros servicios públicos.
Temporales o móviles	Autobuses climatizados, carpas, módulos móviles	Permiten responder rápidamente durante episodios extremos o en zonas con escasez de infraestructuras permanentes.

En realidad, cada refugio climático transmite un mensaje que va mucho más allá de su función inmediata. Una ciudad que identifica, señaliza y mantiene una red de refugios está afirmando que el bienestar térmico forma parte de los bienes comunes que deben protegerse colectivamente. Está diciendo que el espacio público no sirve únicamente para desplazarse, consumir o circular, sino también para cuidar.

Quizá por eso los refugios climáticos se han convertido en uno de los símbolos más representativos de la ciudad que comienza a emerger en el siglo XXI. No representan únicamente una adaptación técnica frente al cambio climático. Representan una nueva manera de entender la ciudadanía y el papel de las instituciones. Porque cuando una sociedad reconoce que el acceso al frescor no puede depender exclusivamente de la capacidad económica de cada persona, está dando un paso mucho más importante que la simple creación de nuevos equipamientos. Está ampliando el significado mismo de la democracia urbana y afirmando que el cuidado constituye también una responsabilidad pública.

Referencias

Ajuntament de Barcelona. (2024). Xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Barcelona pel Clima. https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/accions-concretes/xarxa-de-refugis-climatics

C40 Cities. (2022). Keeping cities cool: A guide to heat action planning. C40 Cities.

European Environment Agency. (2024). European Climate Risk Assessment (EUCRA). Publications Office of the European Union. https://www.eea.europa.eu/publications/european-climate-risk-assessment

ICLEI – Local Governments for Sustainability. (2021). Beat the Heat: A toolkit for local governments to manage extreme heat.

Meerow, S., & Newell, J. P. (2019). Urban resilience for whom, what, when, where, and why? Urban Geography, 40(3), 309–329. https://doi.org/10.1080/02723638.2016.1206395

United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). (2022). World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities. UN-Habitat. https://unhabitat.org/wcr/

¿Por qué el calor nunca afecta a todas las personas por igual?

Las olas de calor suelen presentarse como fenómenos que afectan indistintamente a toda la población. Los mapas meteorológicos colorean ciudades enteras con la misma tonalidad y los informativos anuncian una temperatura máxima que, aparentemente, será idéntica para todas las personas. Sin embargo, esa igualdad desaparece en cuanto descendemos de la escala del clima a la de la vida cotidiana. El calor puede ser el mismo para toda una ciudad, pero nunca lo son las condiciones desde las que cada persona debe enfrentarse a él. La temperatura constituye un dato físico; la vulnerabilidad es una realidad social.

Mientras unas personas pueden permanecer en viviendas bien aisladas, encender el aire acondicionado, reorganizar sus horarios o desplazarse temporalmente a lugares más frescos, otras continúan trabajando bajo el sol, habitan edificios que acumulan calor durante toda la noche o viven completamente solas sin que nadie conozca su situación. La diferencia entre unas y otras no reside únicamente en unos grados de temperatura. Reside en la calidad de la vivienda, en la existencia de redes familiares y comunitarias, en la proximidad de espacios verdes, en el acceso a los servicios públicos y, en último término, en las decisiones colectivas que durante décadas han ido configurando la ciudad.

Por eso el calor extremo constituye uno de los mejores indicadores de las desigualdades sociales contemporáneas. Allí donde ya existían pobreza, exclusión residencial, aislamiento, precariedad laboral o deterioro del espacio público, las altas temperaturas actúan como un acelerador de todas esas vulnerabilidades. El cambio climático no crea por sí solo la desigualdad. La hace visible y multiplica sus consecuencias. Cada ola de calor funciona como una especie de auditoría involuntaria de nuestras ciudades, revelando con extraordinaria claridad quién dispone de recursos para protegerse y quién depende exclusivamente de la capacidad de respuesta de la comunidad y de las instituciones.

Esta constatación obliga también a revisar una idea muy extendida en muchas políticas públicas: la existencia de una «persona vulnerable tipo«. Con frecuencia se identifican determinados colectivos —personas mayores, infancia, población migrante, personas sin hogar o personas con discapacidad— como si cada uno de ellos constituyera una categoría homogénea. Sin embargo, la vulnerabilidad frente al calor rara vez depende de un único factor. Surge de la interacción permanente entre las circunstancias personales y las características del entorno urbano. Una persona no es vulnerable únicamente por su edad, por su estado de salud o por su situación económica. Lo es, sobre todo, cuando esas circunstancias coinciden con una ciudad incapaz de ofrecer condiciones adecuadas de protección.

Una mujer de ochenta años que vive sola en un quinto piso sin ascensor, con una pensión reducida y escasa relación con su vecindario, afronta un riesgo muy diferente al de otra persona de la misma edad que reside en una vivienda correctamente acondicionada, mantiene una red familiar activa y dispone de un parque arbolado o de un centro comunitario a pocos minutos de su domicilio. Del mismo modo, un trabajador de la construcción expuesto durante ocho horas al sol no comparte las mismas condiciones que quien desarrolla su actividad en un edificio climatizado, aunque ambos vivan en el mismo barrio. El problema no reside únicamente en la edad, el trabajo o la enfermedad. Reside, sobre todo, en la capacidad que tiene la ciudad para compensar esas circunstancias o, por el contrario, agravarlas.

Esta forma de comprender la vulnerabilidad se aproxima al enfoque interseccional desarrollado en las ciencias sociales durante las últimas décadas. No se trata simplemente de elaborar una lista de colectivos prioritarios, sino de comprender cómo diferentes formas de desigualdad se acumulan y se refuerzan mutuamente. La pobreza, la edad, la discapacidad, el origen migratorio, la precariedad laboral, la calidad de la vivienda o el aislamiento social rara vez actúan de manera independiente. Se entrelazan hasta configurar situaciones de especial fragilidad que ninguna política de adaptación climática puede permitirse ignorar.

Grupo especialmente expuesto	Factores que incrementan la vulnerabilidad	Principales barreras de acceso a los refugios climáticos
Personas mayores que viven solas	Fragilidad física, enfermedades crónicas, aislamiento social	Movilidad reducida, desconocimiento de recursos y dificultades de desplazamiento.
Infancia	Mayor sensibilidad fisiológica al calor y dependencia de personas adultas	Escasez de sombra en patios escolares y espacios de juego.
Personas sin hogar	Exposición permanente al exterior, problemas de salud acumulados	Ausencia de espacios seguros y desconfianza hacia las instituciones.
Personas trabajadoras al aire libre	Exposición continuada, precariedad laboral y dificultad para interrumpir la actividad	Horarios incompatibles y presión económica.
Personas con discapacidad	Barreras físicas, dependencia de apoyos y necesidades específicas	Transporte inaccesible y refugios insuficientemente adaptados.
Población migrante	Barreras lingüísticas, precariedad residencial e inseguridad administrativa	Información poco accesible y temor al contacto institucional.
Hogares afectados por pobreza energética	Viviendas mal aisladas y ausencia de sistemas adecuados de refrigeración	Aislamiento residencial, desinformación y dificultades de movilidad.

Entre todas estas situaciones merece una atención especial la pobreza energética. Tradicionalmente se ha asociado a la dificultad para mantener una temperatura adecuada durante el invierno. Sin embargo, el calentamiento global está revelando una realidad igualmente preocupante: la imposibilidad de conservar unas condiciones mínimas de habitabilidad durante el verano. Cada vez son más las viviendas que alcanzan temperaturas interiores superiores a las registradas en el exterior. Cubiertas mal aisladas, fachadas orientadas al oeste, ausencia de ventilación cruzada y la imposibilidad económica de utilizar sistemas de refrigeración convierten miles de hogares en auténticas trampas térmicas.

Esta forma de exclusión resulta especialmente difícil de percibir porque permanece oculta tras las paredes de las viviendas. Quien recorre una ciudad durante una ola de calor observa calles vacías, parques desiertos y plazas sin apenas actividad. Lo que no puede ver son las miles de personas que permanecen encerradas en hogares donde la temperatura supera ampliamente los niveles compatibles con el descanso y la salud. Paradójicamente, el espacio que tradicionalmente simboliza protección y seguridad puede convertirse durante el verano en el lugar más peligroso de toda la ciudad.

Pero incluso cuando existen refugios climáticos accesibles, muchas personas continúan sin utilizarlos. Algunas desconocen su existencia; otras encuentran dificultades para desplazarse; algunas prefieren no abandonar sus viviendas por miedo a robos o por temor a perder el control sobre sus escasas pertenencias. También persisten barreras lingüísticas, culturales y administrativas que dificultan el acceso de determinados colectivos. Todo ello demuestra que la mera existencia de un refugio no garantiza por sí sola la protección de quienes más lo necesitan.

La adaptación al calor no puede reducirse, por tanto, a una cuestión de infraestructuras. Exige comprender cómo se producen las desigualdades urbanas y actuar sobre ellas. Plantar árboles, abrir bibliotecas climatizadas o habilitar centros comunitarios constituye un paso imprescindible, pero solo alcanzará todo su potencial cuando esas actuaciones se integren con los servicios sociales, el sistema sanitario, las redes vecinales, el voluntariado y los dispositivos de protección civil. El objetivo no consiste únicamente en crear espacios frescos, sino en construir una red de cuidados capaz de llegar antes de que el riesgo se convierta en tragedia.

Es precisamente aquí donde comienza a perfilarse una idea que probablemente ocupará un lugar central en las políticas públicas de las próximas décadas: el derecho al cuidado climático. No se trata únicamente del derecho a encontrar un lugar fresco durante una ola de calor. Significa garantizar que cualquier persona pueda recibir protección frente a los riesgos derivados del cambio climático en condiciones de dignidad, igualdad y autonomía. Supone asegurar el acceso universal a refugios climáticos, desarrollar sistemas de información verdaderamente accesibles, activar redes comunitarias de apoyo y establecer mecanismos de actuación proactivos que no esperen a que las personas más vulnerables soliciten ayuda cuando quizá ya sea demasiado tarde.

En realidad, el calor rara vez mata únicamente por exceso de temperatura. Se vuelve letal cuando encuentra pobreza, aislamiento, enfermedad, precariedad residencial o abandono institucional. Allí donde faltan cuidados, el calor encuentra su mejor aliado. Allí donde existen comunidades cohesionadas, servicios públicos sólidos y espacios accesibles de protección, sus consecuencias pueden reducirse de manera muy significativa.

Por eso la adaptación climática no consiste únicamente en bajar algunos grados la temperatura urbana. Consiste, sobre todo, en reducir la desigualdad que convierte esos mismos grados en una amenaza para unas personas y en una simple incomodidad para otras. Los refugios climáticos representan un paso importante en esa dirección, pero solo alcanzarán plenamente su sentido cuando formen parte de una política mucho más amplia de justicia urbana y de cuidado colectivo. Porque la verdadera pregunta ya no es quién necesita un refugio climático. La verdadera pregunta es qué tipo de ciudad queremos construir: una donde la posibilidad de protegerse frente al calor dependa de los recursos económicos de cada persona o una donde el derecho al frescor forme parte de los bienes comunes que una sociedad democrática decide garantizar para todos.

Referencias

Anguelovski, I., Connolly, J. J. T., Masip, L., & Pearsall, H. (2018). Assessing green gentrification in historically disenfranchised neighborhoods: A longitudinal and spatial analysis of Barcelona. Urban Geography, 39(3), 458–491. https://doi.org/10.1080/02723638.2017.1349987

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La geografía de la injusticia térmica

Las ciudades siempre han reflejado las desigualdades de la sociedad que las construye. Basta recorrer cualquier gran área urbana para comprobar cómo cambian la calidad de la vivienda, la presencia de zonas verdes, el acceso a los servicios públicos, la movilidad o el estado del espacio público de un barrio a otro. Sin embargo, el cambio climático está haciendo visible una desigualdad que hasta hace muy poco apenas ocupaba un lugar en el debate urbano: la distribución del calor. Las ciudades no solo distribuyen riqueza, equipamientos y oportunidades. También distribuyen riesgos. Y pocas amenazas revelan esa realidad con tanta claridad como las olas de calor.

Cuando las temperaturas alcanzan valores extremos, la ciudad deja de comportarse como un territorio homogéneo. Mientras algunos barrios mantienen condiciones relativamente soportables gracias a la abundancia de árboles, parques, jardines, espacios abiertos o edificios bien diseñados, otros se transforman en auténticas trampas térmicas donde el asfalto, el hormigón y la ausencia de vegetación acumulan calor durante el día y lo liberan lentamente durante la noche. La diferencia entre unos y otros puede alcanzar varios grados centígrados. Desde una perspectiva meteorológica esa variación podría parecer modesta; desde el punto de vista de la salud pública puede marcar la diferencia entre el descanso y el agotamiento, entre la prevención y la enfermedad o, en los casos más graves, entre la vida y la muerte.

Esta realidad pone de manifiesto una evidencia incómoda. El acceso al frescor se distribuye con una desigualdad muy semejante a la que históricamente ha caracterizado el reparto de la renta, de los servicios públicos o de la calidad del espacio urbano. Allí donde durante décadas se concentraron viviendas de menor calidad, menor inversión pública y menos zonas verdes, hoy también se concentran las temperaturas más elevadas y los mayores riesgos asociados al calor extremo. La ciudad termina proyectando sobre el clima las mismas desigualdades que previamente había construido en su territorio.

Las denominadas islas de calor urbanas constituyen la manifestación física de ese proceso. Tradicionalmente se han explicado como un fenómeno derivado de la elevada densidad edificatoria, del predominio de superficies impermeables, de la escasez de vegetación o de la intensidad del tráfico. Todo ello es cierto, pero resulta insuficiente. Las islas de calor son también una construcción política. Son el resultado de décadas de decisiones sobre dónde invertir, qué barrios rehabilitar, dónde plantar árboles, cómo diseñar el espacio público o qué calidad exigir a las viviendas. En otras palabras, el calor no ocupa cualquier lugar de la ciudad. Tiende a concentrarse allí donde previamente se habían acumulado otras formas de desigualdad.

Podríamos decir, por ello, que toda ciudad posee dos cartografías. La primera resulta visible: es el mapa de sus calles, edificios, plazas, parques e infraestructuras. La segunda permanece normalmente oculta: es la cartografía de la renta, de la salud, de la esperanza de vida, de la vulnerabilidad y, cada vez con mayor claridad, del acceso al bienestar térmico. Cuando ambas cartografías se superponen aparece lo que podríamos denominar la geografía de la injusticia térmica. Un territorio donde el lugar en el que una persona vive condiciona profundamente sus posibilidades de protegerse frente al calor.

Esta realidad permite hablar de una nueva forma de desigualdad urbana que probablemente adquirirá una importancia creciente durante las próximas décadas: la pobreza térmica territorial. El concepto va mucho más allá de la imposibilidad de climatizar una vivienda por falta de recursos económicos. Describe aquellas situaciones en las que todo el entorno urbano incrementa sistemáticamente la exposición al calor. Calles sin arbolado, plazas completamente asfaltadas, ausencia de fuentes públicas, escasez de espacios verdes, edificios de baja calidad constructiva y una limitada presencia de equipamientos comunitarios convierten determinados barrios en espacios donde el riesgo térmico deja de depender únicamente de la vivienda y pasa a formar parte de la experiencia cotidiana de quienes los habitan.

En este contexto, el acceso al frescor comienza a consolidarse como un nuevo indicador de desigualdad urbana. Del mismo modo que desde hace décadas analizamos las diferencias entre barrios en términos de renta, nivel educativo, esperanza de vida o acceso a los servicios públicos, durante los próximos años será cada vez más necesario evaluar también su vulnerabilidad térmica. La disponibilidad de sombra, vegetación, agua, ventilación natural o espacios públicos climatizados dejará de ser un elemento paisajístico para convertirse en un indicador de bienestar, de salud y de equidad territorial.

Algunas ciudades han comenzado ya a incorporar esta perspectiva a sus políticas públicas. Utilizando sistemas de información geográfica y cartografía climática cruzan datos de temperatura con indicadores de renta, edad, calidad de la vivienda, densidad urbana o estado de salud de la población. El resultado es mucho más que un mapa del calor. Es una herramienta para identificar dónde coinciden los mayores riesgos climáticos y las mayores vulnerabilidades sociales, permitiendo orientar las inversiones públicas allí donde su impacto puede resultar más transformador.

Ciudad	Diagnóstico territorial	Desarrollo de refugios climáticos	Elementos destacados
Barcelona	Cruce de mapas de temperatura con indicadores de renta, edad, salud y densidad urbana.	Amplia red municipal de refugios climáticos distribuidos por toda la ciudad.	Comunicación multilingüe, criterios explícitos de equidad y planificación basada en datos.
Sevilla	Índice de Vulnerabilidad Climática por distritos y planificación específica de zonas prioritarias.	Desarrollo progresivo de una red de espacios climáticamente seguros.	Programas de arbolado dirigidos prioritariamente a barrios con mayor exposición térmica.
Madrid	Elaboración de mapas térmicos con una integración todavía limitada de indicadores sociales.	Habilitación de diversos equipamientos municipales durante los episodios de calor.	Estrategias aún poco articuladas desde una perspectiva integral de justicia climática.

La principal enseñanza que ofrecen estas experiencias es que los mapas, por sí solos, no transforman las ciudades. Una administración puede conocer perfectamente dónde se concentran las temperaturas más elevadas y, sin embargo, continuar invirtiendo allí donde resulta más sencillo intervenir en lugar de hacerlo donde las necesidades son mayores. La información únicamente adquiere valor cuando orienta decisiones políticas capaces de redistribuir recursos, corregir desigualdades acumuladas durante décadas y anticiparse a los riesgos que el cambio climático seguirá intensificando.

Es precisamente ahí donde el urbanismo comienza a asumir una responsabilidad diferente a la que tradicionalmente se le atribuía. Diseñar calles, plantar árboles, rehabilitar viviendas, abrir parques o instalar fuentes públicas ya no constituye únicamente una cuestión estética, ambiental o funcional. Se ha convertido en una intervención directa sobre la salud, la cohesión social y la igualdad de oportunidades. El urbanismo empieza así a transformarse en una auténtica política pública de cuidados.

De esa constatación surge uno de los principios que probablemente marcarán las estrategias urbanas de adaptación durante los próximos años: la redistribución del frescor. Igual que las políticas sociales concentran recursos allí donde las necesidades son mayores, las políticas urbanas deberán priorizar aquellos barrios donde coinciden temperaturas más elevadas y mayor vulnerabilidad social. Enfriar primero donde más se sufre el calor no constituye un privilegio para determinados territorios. Constituye una exigencia elemental de justicia.

Porque el frescor no puede convertirse en un lujo paisajístico reservado a quienes viven en las zonas mejor dotadas de la ciudad. Debe entenderse como un bien común cuya distribución forma parte de las responsabilidades básicas de cualquier administración comprometida con la equidad. Una ciudad verdaderamente resiliente no será aquella que consiga reducir algunos grados su temperatura media, sino aquella que garantice que ninguna persona vea comprometida su salud, su autonomía o su esperanza de vida por el simple hecho de residir en el barrio equivocado.

Las ciudades que hoy comienzan a cartografiar estas desigualdades están haciendo mucho más que elaborar mapas. Están modificando la forma de entender la planificación urbana y demostrando que la adaptación climática puede convertirse en una política de justicia territorial. Sus experiencias constituyen también un laboratorio del que otras ciudades pueden aprender. Precisamente hacia ese aprendizaje colectivo dirige la mirada el siguiente capítulo, dedicado a analizar cómo distintos gobiernos locales de todo el mundo están afrontando este desafío común.

Referencias

Anguelovski, I., Connolly, J. J. T., Masip, L., & Pearsall, H. (2018). Assessing green gentrification in historically disenfranchised neighborhoods: A longitudinal and spatial analysis of Barcelona. Urban Geography, 39(3), 458–491. https://doi.org/10.1080/02723638.2017.1349987

Ayuntamiento de Barcelona. (2024). Red de refugios climáticos en la ciudad de Barcelona. Open Data Barcelona. https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/xarxa-refugis-climatics

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United Nations Environment Programme. (2021). Beating the Heat: A Sustainable Cooling Handbook for Cities. https://www.unep.org/resources/report/beating-heat-sustainable-cooling-handbook-cities

Lo que el mundo ya está haciendo

Durante mucho tiempo las olas de calor fueron tratadas como episodios excepcionales que exigían respuestas igualmente excepcionales. Cuando las temperaturas alcanzaban niveles especialmente elevados, las administraciones activaban alertas sanitarias, difundían recomendaciones preventivas y habilitaban algunos espacios climatizados mientras duraba la emergencia. Una vez finalizado el episodio, el calor desaparecía de la agenda política hasta el verano siguiente. La adaptación consistía, en buena medida, en reaccionar.

Hoy esa lógica está cambiando con rapidez. Cada vez más ciudades han comprendido que el calor extremo ya no constituye una anomalía, sino una condición estructural de un clima que seguirá transformándose durante las próximas décadas. La pregunta ya no es si resulta necesario adaptarse, sino cómo hacerlo de una forma capaz de proteger a toda la población y, especialmente, a quienes soportan una mayor exposición al riesgo. En ese contexto, los refugios climáticos han dejado de ser una respuesta improvisada para convertirse progresivamente en una pieza estable de las políticas urbanas de adaptación.

Lo verdaderamente relevante no es que distintas ciudades hayan comenzado a habilitar espacios frescos. Lo significativo es que, desde contextos climáticos, económicos y culturales muy diferentes, todas están llegando a una conclusión semejante: proteger a la población frente al calor exige transformar la manera de planificar la ciudad. El refugio climático aparece así como la puerta de entrada a una estrategia mucho más amplia que integra urbanismo, salud pública, servicios sociales, participación ciudadana y gobernanza climática. Cada ciudad ha recorrido ese camino de forma distinta. Algunas comenzaron tras sufrir episodios especialmente dramáticos; otras aprovecharon sus estrategias de sostenibilidad para incorporar el calor como prioridad; otras iniciaron pequeños proyectos piloto impulsados por asociaciones vecinales que terminaron influyendo en las políticas municipales. Lo importante no es copiar un modelo concreto, sino comprender qué principios comparten las experiencias que están obteniendo mejores resultados.

Ciudad	Estrategia predominante	Principal enseñanza
París	Red de «islas de frescor», apertura de edificios públicos y planificación desarrollada tras la ola de calor de 2003.	El calor debe abordarse como un problema de salud pública y no únicamente como una cuestión urbanística.
Lyon	Adaptación climática de escuelas y patios escolares.	Los equipamientos cotidianos pueden convertirse en una red permanente de protección climática.
Toronto	Red de Cooling Centres integrada con sistemas de alerta y voluntariado comunitario.	La infraestructura solo resulta eficaz cuando se acompaña de redes de cuidado.
Ciudad de México	Habilitación progresiva de equipamientos públicos impulsada desde distintos niveles administrativos.	Las iniciativas locales pueden abrir el camino incluso antes de que exista una estrategia nacional consolidada.
Santiago de Chile	Reforestación barrial, participación vecinal y creación de espacios comunitarios de sombra.	La adaptación también puede construirse desde el conocimiento y la implicación de la comunidad.
Barcelona	Red integrada de refugios climáticos apoyada en mapas de vulnerabilidad social y comunicación accesible.	La combinación de planificación, equidad y participación convierte el refugio en una auténtica política pública.

A primera vista estas experiencias parecen muy diferentes entre sí. Sin embargo, cuando se analizan con mayor detenimiento emerge una sorprendente convergencia. Todas ellas han dejado de entender el calor como un problema exclusivamente ambiental para abordarlo como una cuestión que atraviesa la salud pública, el urbanismo, los servicios sociales, la vivienda y la cohesión comunitaria. La adaptación deja así de ser una política sectorial para convertirse en una forma distinta de gobernar la ciudad.

El primer aprendizaje compartido consiste en reconocer que los refugios climáticos no pueden diseñarse únicamente desde los despachos. Las iniciativas que mejor funcionan son aquellas en las que la ciudadanía participa desde el principio identificando necesidades, proponiendo espacios y evaluando posteriormente los resultados. Los refugios más valorados rara vez son los más sofisticados desde el punto de vista tecnológico; suelen ser aquellos que forman parte de la vida cotidiana de los barrios y que la población reconoce como espacios propios.

El segundo aprendizaje tiene que ver con el conocimiento. Ninguna política de adaptación puede aspirar a ser justa si desconoce dónde se concentra el calor, quién vive en esas zonas y cuáles son sus principales vulnerabilidades. Los mapas térmicos, los indicadores sociales y los sistemas de información geográfica dejan de ser simples herramientas técnicas para convertirse en instrumentos de justicia distributiva. Sin datos resulta imposible establecer prioridades; pero disponer de datos tampoco basta si estos no orientan decisiones políticas capaces de corregir desigualdades.

La tercera enseñanza quizá sea la más importante. Las ciudades que están obteniendo mejores resultados han abandonado definitivamente la idea de que el calor constituye un asunto exclusivo del área de medio ambiente. Urbanismo, salud pública, vivienda, educación, protección civil, cultura, movilidad y servicios sociales participan conjuntamente en el diseño de las estrategias de adaptación. El calor atraviesa todas las políticas urbanas y, precisamente por ello, solo puede afrontarse mediante una gobernanza igualmente transversal.

Existe además un elemento común que con frecuencia pasa desapercibido. Los mejores refugios climáticos no ofrecen únicamente una temperatura confortable. Ofrecen acogida. Agua potable, espacios de descanso, información, orientación, personal de apoyo y oportunidades para fortalecer las relaciones comunitarias. La infraestructura física y la infraestructura social aparecen así profundamente unidas. Una biblioteca abierta durante una ola de calor protege tanto por su climatización como por la presencia de personas capaces de orientar, acompañar y cuidar.

La accesibilidad constituye igualmente una condición irrenunciable. La información debe llegar a toda la población mediante múltiples canales; los espacios deben ser fácilmente localizables, culturalmente inclusivos y físicamente accesibles. Un refugio desconocido, difícil de alcanzar o percibido como un espacio ajeno ofrece, en la práctica, la misma protección que un refugio inexistente.

Conviene, sin embargo, evitar una visión excesivamente optimista. Ninguna ciudad ha encontrado todavía la solución definitiva. Muchas redes de refugios continúan concentrándose en las zonas centrales mientras los barrios periféricos siguen disponiendo de menos recursos. En ocasiones las estrategias dependen en exceso de la climatización artificial sin abordar las causas estructurales del sobrecalentamiento urbano. Persisten también problemas de financiación, dificultades de coordinación institucional y una excesiva orientación hacia la respuesta de emergencia frente a la planificación preventiva.

Precisamente por ello, el principal valor de estas experiencias no reside en ofrecer modelos perfectos, sino en demostrar que las ciudades pueden aprender unas de otras. Frente a un desafío global comienza a desarrollarse una auténtica inteligencia climática urbana, basada en el intercambio de conocimientos, la evaluación de políticas, la comparación de resultados y el aprendizaje continuo. Redes internacionales como ICLEI, C40 Cities o la Agencia Europea de Medio Ambiente están contribuyendo decisivamente a esa circulación del conocimiento, permitiendo que una innovación desarrollada en una ciudad pueda ser adaptada y mejorada en muchas otras.

Las experiencias internacionales muestran, en definitiva, que los refugios climáticos no constituyen una moda pasajera ni una solución improvisada. Forman parte de una transformación mucho más profunda que está redefiniendo la planificación urbana contemporánea. La cuestión ya no consiste únicamente en multiplicar equipamientos capaces de ofrecer protección durante una ola de calor. El verdadero desafío es construir ciudades que aprendan permanentemente, que incorporen el cuidado como criterio de planificación y que sean capaces de adaptarse al cambio climático reduciendo, al mismo tiempo, las desigualdades que ese cambio amenaza con ampliar.

Ese aprendizaje colectivo conduce de manera natural al siguiente paso. Si los refugios climáticos han demostrado su utilidad y las ciudades empiezan a integrarlos en sus políticas públicas, el reto ya no consiste en disponer de más espacios frescos. Consiste en construir un auténtico ecosistema urbano de cuidados capaz de proteger de forma permanente a la población frente a un clima que seguirá poniendo a prueba nuestras ciudades durante las próximas décadas.

Referencias

Ayuntamiento de Barcelona. (2024). Red de refugios climáticos en la ciudad de Barcelona. Open Data Barcelona. https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/xarxa-refugis-climatics

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ICLEI – Local Governments for Sustainability. (2025). Heat Action Day. https://iclei.org/heat-action-day/

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La ciudad que cuida del clima

Los refugios climáticos representan una respuesta imprescindible frente a las olas de calor, pero también ponen de manifiesto una limitación evidente. Si se conciben como espacios aislados, activados únicamente durante los episodios extremos y desvinculados del resto de las políticas urbanas, su capacidad transformadora será necesariamente limitada. Una ciudad no se vuelve habitable porque disponga de algunos lugares frescos repartidos por el territorio. Se vuelve habitable cuando el conjunto de sus infraestructuras, de sus servicios públicos y de sus instituciones trabaja de forma coordinada para proteger la vida.

Esa es, probablemente, la transformación más profunda que comienza a dibujarse en muchas ciudades del mundo. El objetivo ya no consiste únicamente en multiplicar refugios climáticos. El verdadero desafío consiste en construir una ciudad que, en sí misma, funcione como un gran ecosistema de cuidados capaz de anticiparse al riesgo, reducir las desigualdades y garantizar que ninguna persona quede desprotegida frente a un clima cada vez más extremo.

Esta evolución refleja también un cambio histórico en la manera de entender el urbanismo. Las ciudades industriales del siglo XIX fueron diseñadas para responder a los desafíos de la producción, el saneamiento y el crecimiento demográfico. Durante buena parte del siglo XX, el urbanismo puso el acento en la movilidad, la expansión urbana, la actividad económica y la eficiencia de los servicios. Hoy esos objetivos siguen siendo imprescindibles, pero han dejado de ser suficientes. El cambio climático obliga a incorporar una nueva función que durante mucho tiempo permaneció en un segundo plano: la capacidad de cuidar. Cuidar de las personas, cuidar del espacio público y cuidar de las condiciones ambientales que hacen posible una vida digna.

En ese contexto, los refugios climáticos dejan de ser equipamientos aislados para convertirse en los primeros nodos de una nueva infraestructura pública: la infraestructura del cuidado climático. Igual que las ciudades construyeron en el pasado redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, transporte público o alumbrado porque comprendieron que constituían servicios esenciales para la vida colectiva, durante las próximas décadas deberán consolidar otra infraestructura igualmente esencial, destinada a proteger a la población frente a los riesgos derivados del cambio climático. La diferencia es que esta nueva infraestructura no estará formada únicamente por obras físicas. Estará integrada también por relaciones, instituciones, conocimiento compartido y capacidad de cooperación.

Esta transformación modifica igualmente el propio significado de la resiliencia urbana. Tradicionalmente se entendía como la capacidad de una ciudad para resistir perturbaciones y recuperar rápidamente su funcionamiento. Frente al calentamiento global, sin embargo, resistir ya no basta. Las ciudades necesitan aprender a cuidar. La resiliencia pone el acento en la capacidad de soportar el impacto; el cuidado desplaza la atención hacia la capacidad de evitar que ese impacto recaiga de forma desproporcionada sobre quienes disponen de menos recursos para afrontarlo. La diferencia puede parecer sutil, pero implica una transformación profunda de las prioridades urbanas.

Desde esta perspectiva, las infraestructuras dejan de ser elementos neutros. También cuidan. Un árbol proporciona sombra, reduce la temperatura y mejora la calidad del aire. Un parque ofrece descanso, encuentro y bienestar. Una biblioteca abierta durante una ola de calor protege tanto por la climatización que ofrece como por la posibilidad de permanecer en un espacio seguro y acogedor. Un centro comunitario puede convertirse en un lugar donde los servicios sociales detecten situaciones de vulnerabilidad, los equipos de salud desarrollen actuaciones preventivas y las redes vecinales acompañen a quienes más lo necesitan. El diseño urbano deja así de ser únicamente una cuestión funcional para convertirse en una forma concreta de protección colectiva.

Esta visión permite hablar de una auténtica arquitectura del cuidado climático. Del mismo modo que un edificio necesita que todos sus elementos trabajen conjuntamente para mantenerse en pie, una ciudad preparada para afrontar el calor extremo requiere integrar naturaleza urbana, planificación territorial, vivienda, salud pública, servicios sociales, participación ciudadana y acción comunitaria dentro de una misma estrategia. Plantar árboles resulta imprescindible. Abrir bibliotecas climatizadas también. Pero ninguna de esas actuaciones resolverá por sí sola el problema si no forma parte de una política urbana coherente que conecte todas esas iniciativas y las oriente hacia un objetivo común: proteger la vida.

La construcción de esta ciudad cuidadora exige abandonar definitivamente las políticas sectoriales. El calor extremo no pertenece exclusivamente al ámbito del medio ambiente ni del urbanismo. También es una cuestión de salud pública, vivienda, protección civil, movilidad, educación, cultura y servicios sociales. Solo una gobernanza verdaderamente transversal puede responder a un fenómeno que atraviesa simultáneamente todas esas dimensiones.

Al mismo tiempo, la adaptación climática necesita apoyarse cada vez más en soluciones capaces de reducir estructuralmente la temperatura urbana y no únicamente en respuestas basadas en un elevado consumo energético. El arbolado urbano, las cubiertas vegetales, los corredores verdes, los pavimentos permeables, la ventilación natural, la recuperación del agua y el diseño bioclimático representan mucho más que soluciones ambientales. Constituyen una forma diferente de concebir la ciudad, donde la naturaleza deja de ocupar un lugar decorativo para convertirse en una infraestructura esencial del bienestar colectivo.

Nada de ello será posible sin la implicación activa de la ciudadanía. Diseñar políticas climáticas sin contar con quienes experimentan diariamente sus efectos conduce con frecuencia a soluciones técnicamente impecables pero socialmente ineficaces. Los diagnósticos participativos, la ciencia ciudadana, los talleres vecinales, la evaluación colaborativa y la apertura de datos permiten comprender mejor las necesidades reales de cada barrio y fortalecen la legitimidad de las decisiones públicas. La adaptación climática no puede construirse únicamente desde las administraciones; necesita también el conocimiento cotidiano de quienes habitan la ciudad.

Arquitectura del cuidado climático	Función principal	Actores implicados
Red de refugios climáticos	Garantizar espacios seguros durante episodios de calor extremo.	Ayuntamientos, equipamientos públicos y ciudadanía.
Naturaleza urbana	Reducir la temperatura mediante soluciones basadas en la naturaleza.	Urbanismo, medio ambiente y planificación territorial.
Redes comunitarias	Detectar vulnerabilidades y fortalecer la cohesión social.	Asociaciones vecinales, ONG, voluntariado y centros comunitarios.
Sistema público de cuidados	Coordinar salud, servicios sociales y protección civil.	Administraciones públicas, centros de salud y servicios sociales.
Gobernanza participativa	Incorporar a la ciudadanía al diseño y evaluación de las políticas.	Gobierno local, universidades y comunidad científica.
Conocimiento y datos abiertos	Identificar riesgos y mejorar continuamente la planificación.	Observatorios, administraciones y ciudadanía.

Esta arquitectura del cuidado representa mucho más que un conjunto de actuaciones coordinadas. Expresa un cambio de paradigma. La ciudad deja de limitarse a reaccionar cuando aparece una emergencia y comienza a prepararse permanentemente para proteger la vida. La adaptación climática deja de entenderse como una colección de intervenciones dispersas para convertirse en una política estructural de bienestar, capaz de integrar planificación urbana, justicia social y acción climática dentro de un mismo proyecto.

En realidad, el éxito de una estrategia climática no debería medirse por el número de refugios construidos, sino por el momento en que esos refugios dejen de ser excepcionales porque toda la ciudad haya aprendido a cuidar. Ese es el verdadero horizonte de la adaptación: no multiplicar los lugares seguros, sino transformar el conjunto del espacio urbano en un entorno donde vivir siga siendo posible incluso bajo un clima cada vez más extremo.

Las ciudades del siglo XX fueron diseñadas para producir riqueza, facilitar la movilidad y sostener el crecimiento económico. Las ciudades del siglo XXI tendrán que añadir una misión igualmente esencial: proteger la vida. Ese será, probablemente, el criterio con el que las generaciones futuras juzgarán la calidad de nuestro urbanismo. No por la altura de sus edificios ni por la complejidad de sus infraestructuras, sino por su capacidad para convertir el cuidado en una función permanente de la ciudad. Porque una ciudad comienza verdaderamente a adaptarse al cambio climático cuando descubre que su mejor infraestructura no es el hormigón, sino la capacidad colectiva de cuidar a quienes más lo necesitan.

Referencias

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Gobernar el calor

Durante mucho tiempo el calor fue considerado un fenómeno esencialmente meteorológico. Las administraciones públicas podían emitir recomendaciones sanitarias, activar protocolos de emergencia durante algunos días especialmente críticos y esperar a que el descenso de las temperaturas devolviera la normalidad. Ese enfoque pudo resultar razonable mientras las olas de calor eran episodios excepcionales. Hoy ha dejado de ser suficiente. El cambio climático ha convertido el riesgo térmico en una condición estable de la vida urbana y ha obligado a las instituciones a enfrentarse a una pregunta inédita: ¿cómo se gobierna un riesgo que ya no constituye una emergencia puntual, sino una característica permanente del territorio?

Responder a esa pregunta implica reconocer que el calor ha dejado de ser únicamente un fenómeno climático para convertirse también en un objeto de gobierno. Gobernarlo ya no significa reaccionar cuando el termómetro alcanza niveles extremos. Significa incorporar el bienestar térmico como una dimensión permanente de la planificación urbana, de la salud pública, de la vivienda, de los servicios sociales y, en definitiva, del conjunto de las políticas públicas. El cambio climático no solo modifica las condiciones ambientales; modifica también las responsabilidades del Estado y redefine el alcance de la acción pública.

Esta transformación obliga igualmente a revisar una idea muy arraigada. Con frecuencia se afirma que el objetivo de las políticas climáticas consiste en reducir la temperatura de las ciudades. Sin embargo, esa formulación resulta insuficiente. La temperatura es un dato físico; la vulnerabilidad es una realidad social. Dos barrios pueden registrar exactamente los mismos grados y presentar consecuencias completamente distintas en términos de salud, mortalidad o calidad de vida. Lo que las instituciones deben gobernar no es únicamente el calor. Deben gobernar las condiciones sociales, urbanas y territoriales que convierten ese calor en una amenaza para una parte de la población.

Este cambio altera profundamente la lógica de la acción pública. Durante décadas las ciudades evaluaron el éxito de sus políticas mediante indicadores relacionados con la movilidad, el crecimiento económico, la seguridad o la eficiencia de los servicios. En un contexto de cambio climático será necesario incorporar nuevos criterios capaces de medir hasta qué punto una ciudad protege efectivamente a su población frente a los riesgos ambientales. El bienestar térmico dejará progresivamente de ser una cuestión privada para convertirse en un indicador de calidad democrática y de buen gobierno.

Desde esta perspectiva, la adaptación climática empieza a ocupar un lugar comparable al que en su momento alcanzaron la sanidad, la educación o los servicios sociales dentro del Estado del bienestar. A lo largo del siglo XX las democracias desarrollaron instituciones destinadas a proteger a la ciudadanía frente a riesgos que ninguna persona podía afrontar individualmente: la enfermedad, la pobreza, el desempleo o la vejez. El calentamiento global introduce ahora una nueva categoría de riesgo colectivo que tampoco puede resolverse exclusivamente mediante recursos privados. La vulnerabilidad climática comienza así a incorporarse al campo de responsabilidades del Estado contemporáneo. No sustituye a los pilares tradicionales del bienestar; los amplía y los adapta a una realidad profundamente distinta.

Asumir esta responsabilidad exige superar varios obstáculos que todavía limitan la capacidad de respuesta de las administraciones. El primero es la insuficiente prioridad política que continúa otorgándose a la adaptación climática. A pesar de la creciente evidencia científica sobre los impactos del calor extremo, los presupuestos destinados a estas actuaciones siguen siendo modestos y dependen con demasiada frecuencia de convocatorias extraordinarias o de proyectos temporales. Resulta paradójico que sociedades capaces de invertir enormes recursos en reparar los daños provocados por los desastres climáticos encuentren todavía tantas dificultades para financiar políticas preventivas cuyo coste resulta muy inferior.

A esta limitación se añade una fragmentación institucional que reduce considerablemente la eficacia de las intervenciones. El calor no entiende de competencias administrativas. Sin embargo, las respuestas públicas continúan distribuidas entre departamentos de medio ambiente, urbanismo, salud pública, vivienda, servicios sociales, protección civil o movilidad que, con demasiada frecuencia, trabajan de forma paralela sin compartir diagnósticos, prioridades ni objetivos comunes. Gobernar el calor exige precisamente lo contrario: construir una gobernanza capaz de integrar conocimientos, recursos y responsabilidades alrededor de un mismo problema público.

Persiste también una importante desigualdad territorial. Mientras algunas grandes ciudades disponen ya de mapas climáticos, diagnósticos de vulnerabilidad y redes consolidadas de refugios, numerosos municipios medianos y pequeños carecen de capacidad técnica y financiera para desarrollar estrategias semejantes. El resultado es una nueva brecha climática que amenaza con reproducir desigualdades históricas en el acceso a la protección pública.

A ello se suma un problema menos visible, pero igualmente relevante: la brecha informativa. En muchas ocasiones los recursos existen, pero la información sobre su localización o funcionamiento circula únicamente mediante aplicaciones móviles o páginas web. Para numerosas personas mayores, para parte de la población migrante o para quienes experimentan situaciones de exclusión social, esas vías de comunicación resultan claramente insuficientes. Una política climática verdaderamente inclusiva debe garantizar que la información llegue a toda la ciudadanía utilizando múltiples canales y aprovechando la enorme capacidad de difusión que poseen los centros de salud, las farmacias, los mercados municipales, las asociaciones vecinales, los centros educativos o las redes comunitarias.

Otro desafío importante tiene carácter normativo. Aunque distintas estrategias de adaptación reconocen la importancia de los refugios climáticos y de la protección frente al calor extremo, todavía no existe un marco jurídico suficientemente desarrollado que establezca estándares comunes, obligaciones mínimas o mecanismos estables de evaluación. El derecho al frescor continúa siendo, en gran medida, una aspiración política antes que un derecho plenamente reconocido. Sin un respaldo normativo sólido existe el riesgo de que muchas actuaciones dependan exclusivamente de la voluntad política de cada administración o de la disponibilidad puntual de financiación.

Pero quizá el mayor obstáculo sea de naturaleza cultural. Durante décadas el urbanismo fue concebido principalmente como una herramienta para favorecer el crecimiento económico, la movilidad y el desarrollo inmobiliario. El cambio climático obliga ahora a desplazar parcialmente ese paradigma hacia otro diferente: un urbanismo orientado prioritariamente a proteger la vida. Diseñar una ciudad ya no consiste únicamente en ordenar edificios, calles y transportes. Consiste también en crear las condiciones ambientales, sociales y comunitarias que permitan garantizar el bienestar de la población en un contexto climático cada vez más adverso.

Este cambio requiere una estrategia sostenida que vaya mucho más allá de las respuestas improvisadas durante los meses de verano. Más que una sucesión de actuaciones aisladas, resulta necesario impulsar cinco grandes transformaciones capaces de consolidar una auténtica política climática del cuidado.

Transformación estratégica	Finalidad	Principales actuaciones
Reconocer	Asumir el bienestar térmico como una responsabilidad pública y un derecho emergente.	Incorporar el calor en las políticas de salud, vivienda, urbanismo y cambio climático.
Diagnosticar	Identificar dónde se concentra el riesgo y quién soporta mayor vulnerabilidad.	Mapas térmicos, indicadores sociales, ciencia ciudadana y diagnósticos participativos.
Redistribuir	Priorizar recursos allí donde coinciden mayor exposición al calor y mayor desigualdad social.	Redes equitativas de refugios, arbolado, rehabilitación urbana y mejora del espacio público.
Coordinar	Integrar infraestructuras, servicios públicos y redes comunitarias dentro de una estrategia común.	Coordinación entre salud, urbanismo, vivienda, servicios sociales, protección civil, educación y tercer sector.
Evaluar	Medir resultados y corregir desigualdades de forma continua.	Indicadores comunes, auditorías climáticas, financiación estable y sistemas de rendición de cuentas.

Estas transformaciones no constituyen una hoja de ruta cerrada, sino una manera distinta de entender la gobernanza climática. Su objetivo no consiste únicamente en reducir algunos grados la temperatura urbana, sino en disminuir la vulnerabilidad que convierte esos grados en una amenaza para una parte de la población. La adaptación deja así de ser una política sectorial para convertirse en un principio organizador del conjunto de la acción pública.

Existe además una pregunta que rara vez ocupa el centro del debate. Solemos preguntarnos cuánto cuesta adaptar las ciudades al cambio climático, pero con mucha menos frecuencia nos preguntamos cuánto cuesta no hacerlo. Cada ola de calor genera hospitalizaciones, pérdidas de productividad, deterioro del bienestar, incremento del gasto sanitario, agravamiento de las desigualdades y, en demasiadas ocasiones, muertes evitables. La verdadera cuestión no es si podemos permitirnos invertir en adaptación climática. La pregunta es si podemos permitirnos seguir aplazándola.

Gobernar el calor será una de las grandes pruebas de las democracias urbanas durante las próximas décadas. No únicamente porque las temperaturas continúen aumentando, sino porque obligará a decidir cómo distribuimos los recursos públicos, qué vulnerabilidades priorizamos y qué entendemos realmente por bienestar colectivo. El cambio climático no solo está transformando el clima. Está redefiniendo el contrato social de nuestras ciudades y ampliando el significado mismo de la acción pública. Quizá por eso la calidad de una democracia ya no podrá medirse únicamente por su capacidad para garantizar libertades, servicios o derechos sociales. También comenzará a juzgarse por su capacidad para proteger a la ciudadanía frente a un riesgo climático que, lejos de ser excepcional, ha pasado a formar parte de la vida cotidiana.

Referencias

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El tercer sector como infraestructura del cuidado climático

Cuando se habla de adaptación al cambio climático, el protagonismo suele recaer en las administraciones públicas, los planes urbanísticos o las grandes infraestructuras. Es lógico. Son las instituciones quienes disponen de la capacidad normativa, presupuestaria y técnica para transformar las ciudades y garantizar derechos. Sin embargo, existe otra realidad mucho menos visible que resulta igualmente decisiva. Ninguna política climática será plenamente eficaz si ignora la capacidad que tienen las comunidades para cuidar de sí mismas. Porque las ciudades no se sostienen únicamente gracias a sus edificios, sus redes de transporte o sus servicios públicos. También se sostienen gracias a las relaciones de confianza, a la cooperación cotidiana y a las organizaciones que mantienen unidos los barrios cuando aparecen las situaciones de mayor vulnerabilidad.

Las olas de calor no esperan a que se aprueben nuevas leyes ni a que finalicen los procedimientos administrativos. Cuando las temperaturas alcanzan niveles extremos, la primera respuesta suele surgir mucho antes de que lleguen los dispositivos institucionales. Una vecina llama a una persona mayor que vive sola. Un voluntario reparte agua entre quienes duermen en la calle. Una parroquia abre sus puertas para ofrecer un espacio fresco. Un centro comunitario adapta sus horarios. Una asociación vecinal organiza visitas domiciliarias. Una organización social traduce las recomendaciones sanitarias para personas que todavía no dominan el idioma. Son gestos aparentemente sencillos, pero constituyen la primera línea de protección frente al calor extremo.

Estas actuaciones rara vez aparecen en las estadísticas oficiales. Sin embargo, forman parte de la capacidad real de una ciudad para proteger a su población. Allí donde existen comunidades organizadas, redes vecinales activas y organizaciones sociales sólidas, el impacto del calor puede reducirse significativamente. Allí donde esas redes son débiles o inexistentes, incluso las mejores infraestructuras públicas encuentran mayores dificultades para llegar a quienes más las necesitan. El cambio climático está poniendo de manifiesto que la resiliencia no depende únicamente de los recursos materiales disponibles. Depende también de la calidad de las relaciones sociales que una comunidad ha sido capaz de construir a lo largo del tiempo.

Por eso el tercer sector no debería entenderse únicamente como un colaborador de las administraciones públicas. Constituye una auténtica infraestructura del cuidado climático. Del mismo modo que las ciudades necesitan árboles para reducir la temperatura, edificios preparados para funcionar como refugios o sistemas de alerta temprana para anticipar riesgos, también necesitan organizaciones capaces de generar confianza, detectar situaciones de vulnerabilidad y movilizar respuestas colectivas con rapidez. Esa infraestructura no está hecha de hormigón ni de acero. Está construida con relaciones humanas, conocimiento del territorio y compromiso comunitario.

La adaptación climática necesita, al menos, cuatro grandes tipos de infraestructuras que solo alcanzan todo su potencial cuando funcionan de manera integrada.

Tipo de infraestructura	Finalidad	Principales actores
Infraestructura física	Equipamientos, refugios climáticos, redes de agua y espacios públicos adaptados.	Administraciones públicas, arquitectura e ingeniería.
Infraestructura ecológica	Arbolado urbano, corredores verdes, soluciones basadas en la naturaleza y restauración ambiental.	Urbanismo, medio ambiente y planificación territorial.
Infraestructura institucional	Normativa, planificación, financiación, coordinación administrativa y sistemas de protección pública.	Administraciones de todos los niveles.
Infraestructura social	Redes comunitarias, organizaciones sociales, voluntariado, participación ciudadana y apoyo mutuo.	Tercer sector, asociaciones vecinales y ciudadanía organizada.

Esta cuarta infraestructura suele recibir mucha menos atención que las anteriores, a pesar de que constituye el elemento que permite conectar todas las demás. Un refugio climático solo resulta plenamente eficaz cuando las personas conocen su existencia, pueden acceder a él y confían en que será un espacio seguro y acogedor. Esa confianza difícilmente puede construirse únicamente mediante campañas institucionales. Requiere actores profundamente arraigados en el territorio, capaces de traducir las políticas públicas al lenguaje cotidiano de la comunidad.

Aquí aparece una de las principales fortalezas del tercer sector. Mientras las administraciones generan capacidad institucional mediante normas, financiación y servicios públicos, las organizaciones sociales generan capacidad relacional. Conocen realidades que rara vez aparecen en los registros administrativos. Saben qué personas mayores viven solas, qué familias sufren pobreza energética, qué barrios carecen de espacios de sombra, qué colectivos encuentran barreras para acceder a los servicios públicos o qué asentamientos informales quedan fuera de los circuitos habituales de información. Ese conocimiento cotidiano constituye un recurso estratégico de enorme valor para cualquier política de adaptación climática.

No se trata únicamente de disponer de mejor información. Se trata de construir confianza. Las personas más vulnerables suelen recurrir antes a quienes conocen y con quienes mantienen relaciones estables que a instituciones con las que apenas han tenido contacto. Esa confianza acumulada durante años constituye una forma de capital social que el cambio climático convierte también en una forma de protección. Podríamos hablar, incluso, de un verdadero capital social climático: la capacidad que tiene una comunidad para organizar el cuidado, compartir información, movilizar recursos y proteger a sus miembros cuando aparecen riesgos ambientales. Allí donde ese capital existe, las políticas públicas encuentran un terreno mucho más fértil para desplegar todo su potencial.

Las capacidades que aporta el tercer sector abarcan un amplio conjunto de funciones imprescindibles para construir una verdadera política climática del cuidado.

Capacidad estratégica	Contribución a la adaptación climática
Diagnóstico comunitario	Identificación participativa de barrios vulnerables, puntos críticos de calor y necesidades no cubiertas.
Detección precoz	Localización de personas especialmente expuestas mediante redes de proximidad y seguimiento comunitario.
Activación de redes de apoyo	Voluntariado, acompañamiento domiciliario, seguimiento telefónico y apoyo mutuo durante las olas de calor.
Gestión de espacios comunitarios	Apertura de centros sociales, parroquias, asociaciones o equipamientos de proximidad como refugios climáticos.
Mediación intercultural	Adaptación lingüística y cultural de la información para garantizar un acceso realmente universal.
Educación y sensibilización	Formación sobre autocuidado climático y prevención desde una perspectiva comunitaria.
Incidencia política	Participación en el diseño de políticas públicas, evaluación ciudadana y defensa del derecho al frescor.

Todo ello exige superar definitivamente una visión asistencialista del tercer sector. Las organizaciones sociales no están llamadas a sustituir las responsabilidades del Estado ni a cubrir de forma permanente las carencias de los servicios públicos. Su aportación es diferente y complementaria. Mientras las administraciones garantizan derechos mediante normas, recursos y políticas públicas, la comunidad contribuye a hacer esos derechos realmente efectivos en la vida cotidiana. Estado y sociedad civil no compiten; forman parte de un mismo sistema de protección.

Por esa razón, la colaboración entre administraciones y tercer sector no puede limitarse a convenios puntuales activados únicamente durante las emergencias. Requiere una alianza estable basada en la corresponsabilidad, la financiación suficiente, la planificación compartida y el reconocimiento mutuo de capacidades. Las organizaciones sociales deben participar desde el inicio en los diagnósticos territoriales, en el diseño de los planes municipales de adaptación, en la identificación de vulnerabilidades y en la evaluación de los resultados. No porque representen un actor más, sino porque poseen un conocimiento del territorio que difícilmente puede sustituirse mediante procedimientos exclusivamente técnicos.

Esta forma de gobernanza colaborativa resulta especialmente importante en un contexto de creciente complejidad climática. Ninguna administración dispone por sí sola de toda la información, todos los recursos ni toda la capacidad de intervención necesarios para responder a los desafíos que plantea el calentamiento global. Del mismo modo, ninguna organización social puede sustituir la responsabilidad pública de garantizar derechos. La adaptación climática exige construir alianzas capaces de combinar legitimidad democrática, capacidad institucional y conocimiento comunitario.

En realidad, el tercer sector lleva mucho tiempo cuidando del clima sin utilizar todavía ese lenguaje. Lo hace cuando acompaña a personas mayores durante una ola de calor, cuando organiza actividades en barrios con escasos espacios verdes, cuando distribuye agua entre quienes viven en la calle, cuando adapta materiales a lectura fácil o cuando crea redes de apoyo entre vecinos que apenas se conocían. Muchas de las prácticas que hoy identificamos como adaptación climática forman parte desde hace décadas del trabajo cotidiano de miles de organizaciones sociales.

El verdadero desafío consiste ahora en reconocer ese trabajo como parte integrante de la arquitectura institucional del cuidado climático. No se trata únicamente de agradecer su colaboración, sino de incorporarla de manera estable a las políticas públicas de adaptación. Porque proteger a una sociedad frente al calor extremo exige mucho más que construir refugios. Exige construir comunidad.

Las democracias no se fortalecen únicamente cuando mejoran sus leyes o amplían sus infraestructuras. También lo hacen cuando fortalecen las relaciones de confianza que permiten a una sociedad cuidar de quienes atraviesan mayores situaciones de vulnerabilidad. En un mundo cada vez más cálido, ese capital social será una de las infraestructuras más valiosas de nuestras ciudades. Porque, cuando llega una ola de calor, la primera protección rara vez es un edificio. Muy a menudo es una comunidad que ya había decidido, mucho antes de que empezara el verano, que nadie debía quedarse solo.

Referencias

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¿Puede existir una ciudad democrática que no garantice el derecho al frescor?

Los derechos nunca aparecen de una vez y para siempre. Evolucionan con la historia porque evolucionan también los riesgos que amenazan la dignidad humana. Hubo un tiempo en que la principal reivindicación democrática consistía en garantizar la libertad frente al poder absoluto. Más tarde, las sociedades comprendieron que la libertad resultaba insuficiente sin educación, sanidad, vivienda o protección frente a la pobreza. Así nació el Estado del bienestar como respuesta a nuevas formas de vulnerabilidad que ningún individuo podía afrontar por sí solo.

El cambio climático nos sitúa ahora ante un desafío de naturaleza semejante. No porque sustituya a los problemas anteriores, sino porque añade una nueva condición para que muchos de esos derechos puedan ejercerse de forma efectiva. Resulta difícil hablar del derecho a la salud cuando una vivienda alcanza temperaturas incompatibles con el descanso o cuando una persona mayor permanece varios días expuesta al calor sin posibilidad de encontrar un lugar donde protegerse. También resulta difícil hablar del derecho al espacio público cuando caminar por una plaza, jugar en un parque o permanecer unos minutos en una calle sin sombra se convierte en una actividad potencialmente peligrosa durante buena parte del verano.

La cuestión, por tanto, trasciende ampliamente el ámbito de la adaptación climática. Nos obliga a preguntarnos cómo cambia el significado mismo de la ciudadanía cuando el clima deja de ser el escenario sobre el que transcurre la vida cotidiana para convertirse en un factor que condiciona quién puede ejercer plenamente sus derechos y quién queda progresivamente excluido de ellos. La democracia siempre ha consistido en ampliar el círculo de quienes pueden vivir con dignidad. El calentamiento global obliga ahora a preguntarnos si ese círculo sigue siendo realmente universal cuando el acceso al bienestar térmico depende de la renta, del barrio o de la calidad de la vivienda.

Durante décadas entendimos la ciudad como el lugar donde los derechos democráticos adquirían una expresión tangible. La calle era el espacio del encuentro, de la deliberación, del juego y de la convivencia. Las plazas simbolizaban la vida colectiva. Los parques ofrecían descanso, bienestar y contacto con la naturaleza. El espacio público no era únicamente una infraestructura urbana; era el escenario donde la ciudadanía se hacía visible y donde la igualdad encontraba una de sus expresiones más concretas.

Sin embargo, el calentamiento global está modificando silenciosamente esa realidad. Cuando determinados espacios dejan de ser habitables durante los meses más calurosos del año, la ciudad empieza también a perder una parte de su función democrática. Quienes pueden refugiarse en viviendas confortables, desplazarse temporalmente a lugares más frescos o acceder a espacios privados climatizados apenas perciben esa transformación. Pero quienes dependen del espacio público como lugar de relación, descanso o protección experimentan una limitación creciente de su derecho a habitar la ciudad.

En ese contexto, el acceso al frescor deja de ser únicamente una cuestión de confort. Empieza a convertirse en una condición necesaria para ejercer otros derechos fundamentales. El derecho a la salud, a la movilidad, a la participación comunitaria, al ocio, a la convivencia o incluso a la igualdad de oportunidades adquieren un significado diferente cuando una parte de la población queda excluida de los espacios urbanos precisamente durante los periodos en que más los necesita.

Quizá por ello debamos comenzar a hablar de un nuevo derecho emergente: el derecho al frescor. No como un privilegio asociado al bienestar material ni como una aspiración utópica, sino como la expresión contemporánea de un principio mucho más antiguo: ninguna persona debería ver comprometida su dignidad o su vida por circunstancias que una sociedad democrática puede prevenir colectivamente.

Este derecho no implica que todas las ciudades deban mantener la misma temperatura ni que los poderes públicos tengan la obligación de climatizar todos los espacios urbanos. Significa algo mucho más profundo. Significa reconocer que el acceso a unas condiciones mínimas de bienestar térmico forma parte de las responsabilidades colectivas de una democracia, del mismo modo que hoy aceptamos la obligación de garantizar agua potable, saneamiento, atención sanitaria o educación obligatoria. Lo que cambia no es únicamente el clima. Cambia también aquello que entendemos por una vida digna.

Desde esta perspectiva, los refugios climáticos adquieren un significado completamente distinto. Ya no representan únicamente una medida de adaptación frente a las olas de calor. Constituyen uno de los primeros instrumentos mediante los cuales las democracias comienzan a responder a una nueva generación de riesgos sociales. Son la expresión visible de un contrato social que empieza a ampliarse para incorporar la protección frente a las consecuencias del cambio climático.

Podría decirse que el siglo XX estuvo marcado por la construcción del Estado del bienestar. El siglo XXI deberá afrontar un desafío complementario: construir un Estado del bienestar climáticamente adaptado. No porque el cambio climático sustituya a las políticas sociales tradicionales, sino porque amenaza con vaciar de contenido muchos de los derechos conquistados si las instituciones no desarrollan nuevas formas de protección pública. La adaptación climática deja así de ser una política ambiental para convertirse en una nueva dimensión del propio Estado social.

Esta transformación afecta también a la manera de entender la igualdad. Durante mucho tiempo las políticas públicas intentaron corregir desigualdades económicas, educativas o sanitarias. Hoy emerge otra forma de desigualdad mucho menos visible: la desigualdad climática. No todas las personas disponen de la misma capacidad para protegerse del calor, del mismo modo que no todas disfrutan de las mismas oportunidades educativas o laborales. Allí donde el acceso al bienestar térmico depende exclusivamente de la renta, del barrio donde se vive o de la calidad de la vivienda, el clima deja de ser una cuestión ambiental para convertirse en un problema de justicia distributiva.

La democracia climática comienza precisamente ahí. No consiste únicamente en reducir emisiones o desplegar tecnologías más eficientes. Consiste en garantizar que la adaptación al cambio climático no reproduzca ni amplifique las desigualdades existentes. Significa decidir colectivamente quién recibe protección, cómo se distribuyen los recursos públicos y qué vidas consideramos prioritarias cuando los riesgos aumentan.

Esa decisión posee además una dimensión profundamente intergeneracional. Las ciudades que diseñemos durante las próximas décadas condicionarán la calidad de vida de millones de personas durante buena parte del siglo. Cada árbol plantado hoy ofrecerá sombra dentro de veinte o treinta años. Cada barrio rehabilitado reducirá la exposición al calor durante generaciones. Cada política pública que posponemos incrementa la vulnerabilidad de quienes todavía no participan en las decisiones que determinarán su futuro. Gobernar el calor significa también asumir una responsabilidad ética con quienes heredarán nuestras ciudades.

Quizá la consecuencia más profunda de todo este proceso sea que el cambio climático nos obliga a revisar el propio contrato social sobre el que se construyeron las democracias contemporáneas. Durante el siglo pasado aceptamos que determinados riesgos —la enfermedad, la pobreza, el desempleo o la vejez— exigían respuestas colectivas porque ninguna persona podía afrontarlos en solitario. El calentamiento global añade ahora un nuevo riesgo compartido que tampoco puede resolverse únicamente mediante decisiones individuales. Quien dispone de recursos podrá protegerse mejor durante algún tiempo. Pero ninguna sociedad puede aceptar indefinidamente que la posibilidad de atravesar una ola de calor sin poner en riesgo la salud dependa del código postal, de la renta familiar o de la capacidad económica para climatizar una vivienda.

Por eso la pregunta que da título a este capítulo no admite una respuesta exclusivamente técnica. Es, ante todo, una cuestión política y moral. ¿Puede considerarse plenamente democrática una ciudad donde una parte de la población ve limitado su derecho a utilizar el espacio público durante varios meses al año? ¿Puede hablarse de igualdad cuando el acceso al bienestar térmico depende fundamentalmente de los recursos privados? ¿Puede una democracia asumir como inevitable que el calor golpee siempre con mayor dureza a quienes menos posibilidades tienen de protegerse?

La respuesta a esas preguntas definirá el modelo de ciudad que decidamos construir durante las próximas décadas. Quizá dentro de algunos años resulte extraño recordar que hubo un tiempo en que discutíamos si era necesario garantizar espacios públicos donde protegerse del calor. Del mismo modo que hoy nadie cuestiona el acceso al agua potable, a la educación o a la atención sanitaria como responsabilidades colectivas, llegará un momento en que el bienestar térmico se perciba como una condición básica para ejercer plenamente la ciudadanía.

Porque el verdadero legado de nuestras ciudades no será la altura de sus edificios, la sofisticación de su tecnología ni la velocidad de sus infraestructuras. Será la manera en que respondieron cuando el cambio climático obligó a decidir quién merecía protección y quién debía arreglárselas por sí mismo. Las democracias del siglo XXI no serán recordadas únicamente por su capacidad para generar riqueza o garantizar derechos. Serán recordadas, sobre todo, por cómo protegieron la vida cuando vivir en un planeta más cálido dejó de ser una hipótesis para convertirse en la condición cotidiana de millones de personas. Y esa protección comenzará siempre en el mismo lugar: en el barrio donde vive quien menos recursos tiene para defenderse del calor.

Referencias

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Enfriar el presente, cuidar el futuro

Las sociedades pueden comprenderse también por las infraestructuras que deciden construir. Hubo un tiempo en que las grandes obras públicas respondían a la necesidad de garantizar agua potable, alcantarillado o transporte. Más tarde llegaron las escuelas, los hospitales y los sistemas de protección social porque las democracias comprendieron que la dignidad no podía depender únicamente de los recursos individuales de cada persona. Cada generación ha ampliado el significado del bien común para responder a los desafíos de su tiempo.

El cambio climático nos sitúa ahora ante una transformación comparable. No porque haga innecesarias las conquistas anteriores, sino porque introduce una nueva condición para que todas ellas sigan siendo efectivas. De poco sirve disponer de una excelente red sanitaria si miles de personas enferman cada verano por vivir en viviendas inhabitables. Resulta difícil hablar de igualdad cuando el acceso al espacio público depende de la capacidad económica para protegerse del calor. Y la libertad pierde parte de su significado cuando una parte creciente de la población deja de poder habitar la ciudad durante los meses más cálidos del año.

Por eso este ensayo nunca ha tratado únicamente de refugios climáticos. Ha tratado de una pregunta mucho más profunda: cómo queremos vivir juntos en un mundo que se calienta y qué responsabilidades estamos dispuestos a asumir colectivamente para impedir que ese calentamiento se traduzca en nuevas formas de exclusión.

A lo largo de estas páginas hemos comprobado que el calor extremo no constituye únicamente un problema ambiental. Es un revelador de desigualdades, un desafío para la salud pública, una cuestión de urbanismo, un reto para la gobernanza y, sobre todo, una prueba de la calidad democrática de nuestras ciudades. Allí donde el bienestar térmico depende exclusivamente de la renta, del barrio donde se vive o de la posibilidad de acceder a espacios privados climatizados, el cambio climático deja de ser solo una crisis ecológica para convertirse en una crisis de justicia.

También hemos visto que las respuestas no dependen únicamente de la tecnología. Los refugios climáticos, el arbolado urbano, la rehabilitación de viviendas, la planificación territorial, los servicios públicos, las redes vecinales y el tercer sector forman parte de una misma arquitectura del cuidado. Ninguna de estas piezas resulta suficiente por separado. Solo cuando actúan conjuntamente permiten construir ciudades capaces de proteger la vida en un contexto climático cada vez más exigente.

Quizá esa sea la principal enseñanza de este ensayo. Adaptarse al cambio climático no consiste únicamente en enfriar las ciudades. Consiste, sobre todo, en hacerlas más justas. Porque el verdadero problema nunca ha sido la temperatura en sí misma, sino la desigual distribución de la capacidad para protegerse de ella. Allí donde el calor encuentra pobreza, aislamiento, viviendas precarias o abandono institucional, deja de ser un fenómeno natural para convertirse en un mecanismo de exclusión. Allí donde encuentra comunidades cohesionadas, instituciones sólidas y políticas públicas orientadas al cuidado, sus consecuencias pueden reducirse de manera muy significativa.

Hace apenas unas páginas este libro comenzaba con una escena muy sencilla. Dos personas vivían la misma ola de calor en la misma ciudad. Una encontraba sombra, descanso y protección. La otra permanecía atrapada en una vivienda que se había convertido en una trampa térmica. Esa escena no describía únicamente dos situaciones individuales. Describía dos maneras muy diferentes de entender la ciudad. Una considera que el bienestar depende fundamentalmente de los recursos privados de cada persona. La otra entiende que existen determinados bienes —el aire limpio, la sombra, el espacio público habitable o el acceso al frescor— que una democracia debe garantizar porque forman parte de las condiciones mínimas de una vida digna.

Quizá dentro de algunas décadas resulte difícil imaginar que hubo un tiempo en que discutíamos si era necesario garantizar espacios públicos donde protegerse del calor. Del mismo modo que hoy nadie cuestiona el acceso al agua potable, a la educación o a la atención sanitaria como responsabilidades colectivas, llegará un momento en que disponer de ciudades preparadas para cuidar a su población frente al calor extremo se considerará una obligación elemental de cualquier sociedad democrática. Ese será probablemente uno de los rasgos que definan el Estado del bienestar climáticamente adaptado que comienza a dibujarse en este siglo.

Toda generación acaba siendo juzgada por los problemas que decidió afrontar y por aquellos que prefirió ignorar. Las nuestras serán recordadas, en buena medida, por cómo respondieron al desafío del cambio climático. No solo por las emisiones que consiguieron reducir o por las infraestructuras que fueron capaces de construir, sino por la manera en que protegieron a las personas más vulnerables cuando el planeta empezó a calentarse.

Porque, al final, el verdadero desafío nunca fue construir más refugios climáticos.

Fue construir ciudades donde nadie necesitara sentirse refugiado para poder vivir con dignidad.

Y quizá esa sea la definición más sencilla —y también la más exigente— de una ciudad verdaderamente democrática.

Referencias

European Environment Agency. (2024). European Climate Risk Assessment (EUCRA). Publications Office of the European Union. https://www.eea.europa.eu/publications/european-climate-risk-assessment

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Recursos digitales y herramientas para la adaptación al calor urbano

Recursos institucionales y guías oficiales

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) https://www.aemet.es Portal oficial de referencia sobre predicción meteorológica, avisos por temperaturas extremas, estudios climatológicos e informes sobre olas de calor en España.

Agencia de Salud Pública de Cataluña – Calor y salud https://salutpublica.gencat.cat/es/ambits_promocio_salut/entorns-saludables/ambients-saludables/calor Recursos para la prevención de los efectos del calor extremo. Incluye protocolos para profesionales sanitarios, recomendaciones para población vulnerable y coordinación con redes municipales.

Ayuntamiento de Barcelona – Red de Refugios Climáticos https://ajuntament.barcelona.cat/salut/es/refugios-climaticos Experiencia pionera en Europa. Explica el funcionamiento de la red municipal, los criterios de accesibilidad, los tipos de refugios y los materiales informativos dirigidos tanto a la ciudadanía como a profesionales.

Instituto de Salud Carlos III – Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) https://momo.isciii.es/ Sistema oficial que estima el exceso de mortalidad asociado, entre otros factores, a las temperaturas extremas. Herramienta fundamental para evaluar el impacto sanitario de las olas de calor.

Ministerio de Sanidad – Observatorio de Salud y Cambio Climático https://www.sanidad.gob.es/areas/sanidadAmbiental/cambioClimatico/ Información oficial sobre los efectos del cambio climático en la salud, planes nacionales de prevención y estrategias de adaptación.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/ Portal de referencia sobre adaptación al cambio climático en España. Incluye el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), documentación técnica y estrategias sectoriales.

Mapas interactivos y herramientas de diagnóstico

Climate Just (Reino Unido) https://www.climatejust.org.uk/ Plataforma especializada en justicia climática que integra mapas de vulnerabilidad, indicadores sociales, estudios de caso y herramientas para gobiernos locales y organizaciones sociales.

Mapa de Refugios Climáticos de Barcelona https://www.barcelona.cat/refugisclimatics/ Visor interactivo que permite localizar refugios climáticos, conocer horarios, servicios disponibles y niveles de accesibilidad.

Mapa de Vulnerabilidad Climática del Ayuntamiento de Sevilla https://urbanismo.sevilla.org/planificacion-urbana/vulnerabilidad-climatica Sistema de información geográfica que integra variables climáticas y sociales para identificar áreas prioritarias de intervención desde una perspectiva de justicia territorial.

Redes internacionales y buenas prácticas

C40 Cities https://www.c40.org/ Red internacional de grandes ciudades comprometidas con la acción climática. Publica informes, casos prácticos y estrategias sobre adaptación urbana al calor.

Climate-ADAPT (Agencia Europea de Medio Ambiente y Comisión Europea) https://climate-adapt.eea.europa.eu/ Principal plataforma europea sobre adaptación al cambio climático. Reúne indicadores, herramientas, estudios de caso y experiencias de cientos de ciudades europeas.

Fundación Biodiversidad https://www.fundacion-biodiversidad.es/es/proyectos/adaptacion-cambio-climatico-entornos-urbanos Experiencias españolas de adaptación urbana, soluciones basadas en la naturaleza y proyectos financiados con fondos europeos.

ICLEI – Local Governments for Sustainability https://iclei.org/ Red mundial de gobiernos locales comprometidos con la sostenibilidad. Publica guías, estudios y experiencias sobre adaptación al calor, resiliencia urbana y gobernanza climática.

UN-Habitat https://unhabitat.org/ Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Publica informes de referencia sobre urbanización, resiliencia y adaptación al cambio climático.

Recursos para el tercer sector y la acción comunitaria

ECODES https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/adaptacion/calor-y-desigualdad Materiales divulgativos y propuestas sobre calor, desigualdad y adaptación climática desde una perspectiva social.

Fundación Renovables https://fundacionrenovables.org/actualidad/refugios-climaticos-ciudades/ Análisis y propuestas sobre refugios climáticos, pobreza energética, transición ecológica y justicia climática.

Documentación técnica y publicaciones de referencia

Guía de recomendaciones para el desarrollo de una red local de refugios climáticos https://redciudadesclima.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20recomendaciones%20red%20local%20refugios%20clim%C3%A1ticos.pdf Documento elaborado en el marco de la Red Española de Ciudades por el Clima. Constituye una de las mejores guías disponibles en español para diseñar, implantar y evaluar redes municipales de refugios climáticos.

Organización Mundial de la Salud (OMS) – Climate Change and Health https://www.who.int/health-topics/climate-change Información científica, recomendaciones sanitarias y documentación sobre los efectos del cambio climático en la salud.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) https://www.unep.org/ Recursos sobre adaptación climática, soluciones basadas en la naturaleza y resiliencia urbana.

La ciudad frente al calor: Refugios climáticos, justicia urbana y el derecho a una temperatura digna

Cuando el calor pone a prueba nuestras ciudades

Cuando el calor deja de ser un fenómeno natural

Qué es un refugio climático: mucho más que un espacio fresco

¿Por qué el calor nunca afecta a todas las personas por igual?

La geografía de la injusticia térmica

Lo que el mundo ya está haciendo

La ciudad que cuida del clima

Gobernar el calor

El tercer sector como infraestructura del cuidado climático

¿Puede existir una ciudad democrática que no garantice el derecho al frescor?

Enfriar el presente, cuidar el futuro

Recursos digitales y herramientas para la adaptación al calor urbano

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