Si negamos el cambio climático, recortamos servicios públicos, reducimos recursos, no desarrollamos políticas preventivas y bajamos los impuestos… ¿qué podría salir mal?
Agosto de 2025: el mes del fuego
España vive en agosto de 2025 una de las peores oleadas de incendios forestales de las últimas décadas. El balance provisional es desolador: más de 8.000 personas evacuadas, dos fallecidos, cuatro heridos graves y más de 60.000 hectáreas calcinadas. La simultaneidad de focos críticos ha sobrepasado la capacidad de extinción, dejando al descubierto deficiencias estructurales.
Las llamas han golpeado enclaves de alto valor patrimonial y turístico:
- Las Médulas (León), Patrimonio de la Humanidad, con canales romanos amenazados y la pérdida total de su aula didáctica.
- Molezuelas (Zamora), con 18.000 hectáreas arrasadas, un voluntario muerto y 3.500 vecinos evacuados.
- Tres Cantos (Madrid), con 2.000 hectáreas devastadas en horas y un fallecido con quemaduras en el 98% del cuerpo.
- Tarifa (Cádiz), dos incendios en una semana —el segundo intencionado— que forzaron la evacuación de 3.500 personas en zonas turísticas de alto nivel.
El cambio climático como acelerador del desastre
La crisis coincide con una ola de calor de más de 11 días consecutivos, con noches a 27–28 °C que impiden enfriar el terreno y dificultan las labores de extinción. Toda la península está en riesgo extremo de incendio.
En Extremadura, 702 rayos en un día provocaron 17 incendios simultáneos debido a “tormentas secas”, cuya frecuencia ha aumentado un 47% por el cambio climático. La ciencia es clara:
- +14% de incendios extremos en 2030.
- +30% en 2050.
- +50% a final de siglo.
España ya afronta “incendios de sexta generación”, que alteran el clima local y sobrepasan cualquier protocolo tradicional.
La factura económica de las llamas
El coste total de los incendios en España se estima en un 4,5% del PIB —unos 71.000 millones de euros anuales— sumando daños directos, pérdidas en turismo, agricultura y ganadería, y la restauración de zonas afectadas.
El coste medio de extinción por hectárea ronda los 10.000–19.000 euros. En 2022, con 200.815 hectáreas quemadas, los costes directos superaron 2.000 millones, más 300 millones en reforestación.
La prevención, la gran olvidada
Mientras la factura de extinción se mantiene en torno a 600 millones anuales, la inversión en prevención cayó un 51% entre 2009 y 2022 (de 364,17 a 175,8 millones). La proporción destinada a prevención ha pasado del 47% al 30% del gasto total.
Este desequilibrio refleja una lógica política cortoplacista: la extinción da rédito mediático inmediato, la prevención no.
Recursos humanos y materiales al límite
Los recortes han reducido plantillas y debilitado la capacidad operativa:
- Castilla-La Mancha: de 3.000 bomberos forestales en 2011 a 1.850 en 2014; hoy, solo se cubre el 70–75% de plazas.
- Galicia: alto riesgo con vacantes sin cubrir.
- Castilla y León: 900 agentes medioambientales, lejos de los 1.100 necesarios.
- Andalucía: retenes de 4–5 bomberos donde deberían ser más.
La precariedad laboral agrava el problema: contratos temporales de 90 días, salarios cercanos al SMI, EPI deteriorados, falta de comida en largas jornadas…
El contexto fiscal: menos ingresos, menos protección
La limitación del gasto público impuesta por Bruselas y las rebajas fiscales autonómicas han reducido los ingresos públicos en unos 20.000 millones de euros.
El coste de oportunidad es claro: menos recursos para sanidad, educación, dependencia… y también para protección civil. Ejemplos:
- Valencia: recorte del 38% en gasto de cambio climático y del 9% en prevención de incendios para 2024.
- Madrid: 51 millones para incendios, mientras las rebajas fiscales suponen cientos de millones menos en recaudación.
Un espejo de carencias estructurales
Los incendios de agosto han destapado vulnerabilidades:
- En Extremadura, los 17 fuegos simultáneos por rayos saturaron el sistema y obligaron a llamar a la UME.
- En Las Médulas, un enclave único sin defensas suficientes perdió parte de su patrimonio interpretativo.
- En Tarifa, las evacuaciones improvisadas convirtieron la carretera principal en una “ratonera”.
La lógica económica: invertir en prevención para ahorrar en extinción
Greenpeace propone 1.000 millones anuales en prevención y gestión forestal, que podrían evitar daños valorados en 99.000 millones y proteger 9,9 millones de hectáreas. España invierte muy por debajo de Francia o Alemania.
Un problema de política pública, no solo técnico
El patrón es claro: menos impuestos → menos ingresos → menos inversión en prevención → más incendios y más caros.
La consecuencia: tragedias humanas, pérdidas patrimoniales irreparables y un círculo vicioso de gasto reactivo ineficiente.
Conclusión: el fuego como espejo de nuestras decisiones
Los incendios de agosto de 2025 no son solo una catástrofe natural agravada por el cambio climático: son la expresión visible de décadas de infrainversión, recortes y prioridades fiscales mal orientadas.
Si queremos evitar que cada verano sea “el mes del fuego”, necesitamos un giro de 180 grados:
- Reforzar la prevención con inversión sostenida.
- Estabilizar plantillas y mejorar condiciones laborales.
- Blindar la protección civil como servicio esencial.
- Entender que la política fiscal no es neutra: cada euro que dejamos de ingresar hoy puede costarnos miles mañana en pérdidas y reconstrucción.
El fuego que arrasa nuestros bosques es, en última instancia, el reflejo ardiente de las decisiones que tomamos —o evitamos— en los despachos.
