Hay imágenes que deberían inquietarnos más allá de nuestras posiciones políticas. Una de ellas se produjo el 27 de agosto en Ceuta: centenares de personas bloquearon durante más de dos horas el acceso de un vehículo de Cruz Roja que transportaba alimentos para personas migrantes acampadas en la playa del Trampolín. El reparto finalmente pudo realizarse, pero eso no resta gravedad a lo ocurrido: impedir la llegada de ayuda humanitaria se convirtió en una forma de protesta.
Podemos discutir la política migratoria: exigir un mayor control de las fronteras, reclamar retornos cuando legalmente procedan, cuestionar la actuación del Gobierno o denunciar que Ceuta está soportando una presión que no debería afrontar sola. Podemos comprender incluso el cansancio, el miedo o la indignación de quienes sienten profundamente alterada su vida cotidiana. Pero comprender el malestar no significa legitimar cualquier respuesta.
Hay una frontera que nunca deberíamos cruzar: convertir las necesidades básicas de las personas en situación de vulnerabilidad en un instrumento de protesta y presión política.
Quienes reciben ayuda humanitaria no son quienes deciden la política migratoria española. No negocian con Marruecos, no controlan las fronteras, no organizan los dispositivos de acogida ni deciden quién debe permanecer en España. Son personas que, en ese momento, necesitan algo tan elemental como agua, alimentos, higiene o atención sanitaria. Impedir que la ayuda llegue hasta ellas no resuelve ninguno de los problemas de Ceuta. Solo aumenta su sufrimiento.
La acción humanitaria parte de atender la necesidad con independencia de quién sea la persona que la padece. No pregunta qué pensamos de ella, cómo llegó, si compartimos sus decisiones o qué política migratoria defendemos. Pregunta qué necesita. Por eso resulta especialmente grave intentar bloquear la actuación de una organización humanitaria.
Existe una diferencia fundamental entre protestar contra una política y utilizar el sufrimiento de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad para intentar modificarla. Cuando la privación de alimentos se convierte en un medio de presión, hemos dejado de discutir únicamente sobre inmigración. Estamos decidiendo hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender nuestras posiciones.
Una sociedad democrática puede establecer fronteras, regular la entrada y permanencia de extranjeros, ordenar retornos conforme a la ley y exigir responsabilidades a sus gobernantes. Nada de eso es incompatible con proporcionar comida, agua, asistencia sanitaria o protección a quien la necesita mientras se resuelve su situación.
La ayuda humanitaria no abre las fronteras. Atender a una persona en situación de vulnerabilidad no determina la política migratoria de un país. Significa algo mucho más elemental: que existen límites que no estamos dispuestos a traspasar.
Ceuta tiene derecho a reclamar una respuesta mucho más eficaz del Estado. Sus habitantes no deberían soportar solos las consecuencias de una crisis de esta magnitud. Y quienes hayan cometido delitos deben responder por ellos, sean quienes sean. Defender la dignidad de las personas migrantes no exige negar los problemas reales que pueda estar viviendo la población ceutí.
Pero precisamente por eso la protesta debería dirigirse hacia quienes tienen capacidad para resolverlos. Los responsables políticos pueden ser interpelados, los gobiernos criticados, las políticas modificadas y las leyes cambiadas. Quienes dependen de un reparto de alimentos para cubrir sus necesidades más elementales no tienen ese poder.
Quizá el mayor riesgo de episodios como el ocurrido en Ceuta sea acostumbrarnos. Que primero nos parezca comprensible impedir un reparto de alimentos porque existe una situación excepcional. Después aceptemos que determinadas personas no deberían recibir determinados servicios. Y finalmente terminemos estableciendo, casi sin darnos cuenta, categorías de seres humanos cuya vulnerabilidad deja de interpelarnos.
Porque las sociedades no se deshumanizan de repente. Lo hacen poco a poco, cuando empiezan a encontrar razones para justificar que el sufrimiento de determinadas personas importa menos o, directamente, no importa.
Podemos discutir prácticamente todo sobre inmigración. Pero una sociedad democrática que defiende los derechos humanos debería mantener algo fuera de esa discusión: nadie debería tener que ganarse el derecho a recibir ayuda humanitaria cuando la necesita.
Podemos discutir dónde situamos nuestras fronteras. Lo que no deberíamos discutir es dónde situamos nuestra humanidad.
