Cuando ayudar necesita escolta. La democracia debe proteger a quienes atienden a las personas en situación de vulnerabilidad

Cuando prestar ayuda humanitaria exige protección policial, una sociedad debe preguntarse qué línea acaba de cruzar. El 20 de septiembre de 2026, una manifestación celebrada en Ceuta terminó con el ataque a un vehículo en el que viajaban la diputada autonómica Julia Ferreras, el activista Rafael Borrego y la abogada Sofía Cánovas. Los agresores los habían confundido con integrantes de la asociación Negu Gorriak/Derecho a Techo, desplazada a la ciudad para prestar ayuda a personas migrantes. El automóvil fue rodeado, golpeado y apedreado. Sus lunas quedaron destrozadas y sus ocupantes tuvieron que ser protegidos y evacuados por la policía. La confusión sobre la identidad de las personas atacadas no reduce la gravedad de lo ocurrido. La aumenta: para convertirlas en objetivo bastó con creer que pertenecían a una organización humanitaria.

No ha sido el único aviso. Profesionales y voluntarios que atienden a las personas migrantes en Ceuta han denunciado insultos, amenazas, campañas de señalamiento y difusión de datos personales. También los periodistas que informan desde la ciudad han sufrido hostigamiento, intimidaciones y agresiones. El 27 de agosto en Ceuta: centenares de personas bloquearon durante más de dos horas el acceso de un vehículo de Cruz Roja que transportaba alimentos para personas migrantes acampadas en la playa del Trampolín. El 22 de septiembre, la sede de Cruz Roja en Ferrol y uno de sus vehículos aparecieron cubiertos con pintadas en las que podían leerse las palabras “traidores” y “proinvasores”. Seis meses antes, el mismo edificio había sido señalado con propaganda de un grupo neonazi.

Estos hechos no demuestran por sí solos la existencia de una campaña nacional coordinada contra las organizaciones no gubernamentales. Afirmarlo exigiría evidencias que hoy no tenemos. Pero sí revelan algo preocupante: la hostilidad dirigida contra las personas migrantes está comenzando a desplazarse hacia quienes las ayudan. Y esa es una línea roja democrática que no podemos permitir que se traspase.

De la persona en situación de vulnerabilidad al enemigo colectivo

La violencia colectiva rara vez comienza con una piedra. Antes necesita construir una justificación. Primero se deja de hablar de personas y se comienza a hablar de masas, oleadas, avalanchas o invasiones. Después se atribuye a todo un colectivo una voluntad común y amenazante. Se difunden cifras sin contexto, delitos sin verificar e imágenes que presentan casos particulares como si describieran el comportamiento de miles de seres humanos. Finalmente, quienes les prestan asistencia aparecen como colaboradores de esa amenaza imaginada.

El voluntario que reparte alimentos deja de ser una persona que ayuda y pasa a ser un “cómplice”. La abogada que garantiza derechos se convierte en “colaboradora”. La organización que proporciona alojamiento es acusada de promover un “efecto llamada”. El periodista que informa de las condiciones en las que viven las personas migrantes deja de ser un profesional y pasa a formar parte de una supuesta trama que oculta o manipula la realidad.

De esta manera, el perímetro del enemigo se amplía. Ya no incluye solamente a la persona migrante. Alcanza también a quien la alimenta, la cura, la aloja, la asesora, la escucha o cuenta lo que le está sucediendo.

Las palabras no conducen inevitablemente a la violencia, pero pueden crear el clima social que la hace imaginable. Cuando durante suficiente tiempo se presenta a un grupo como una amenaza, cualquier gesto de solidaridad con él puede ser interpretado como una traición. El ataque deja entonces de parecer injustificable y comienza a considerarse una reacción comprensible. Ese es el momento en el que una sociedad empieza a perder sus defensas democráticas.

Se puede discutir la inmigración sin atacar la humanidad

Nada de esto significa que las políticas migratorias deban quedar fuera del debate público. Se puede defender un mayor control de las fronteras, reclamar que los retornos se produzcan cuando sean legalmente posibles, exigir una distribución territorial más justa de la acogida, denunciar la saturación de los servicios públicos, cuestionar las decisiones del Gobierno o reclamar más recursos para Ceuta, Melilla, Canarias y los municipios que soportan una mayor presión.

También es legítimo analizar si las políticas de acogida están bien diseñadas, si los recursos se distribuyen adecuadamente y si las actuaciones de las administraciones y de las entidades colaboradoras son eficaces. Ninguna de estas cuestiones debe quedar protegida frente a la crítica.

Pero la atención humanitaria pertenece a otro plano. Dar agua a quien tiene sed, alimentos a quien lleva horas sin comer, asistencia sanitaria a quien está enfermo, alojamiento provisional a quien duerme en la calle o protección jurídica a un menor no acompañado no equivale a defender una determinada política migratoria. Significa reconocer que ninguna decisión política suspende la condición humana de quienes se encuentran bajo nuestra jurisdicción.

La ayuda humanitaria no establece las fronteras ni decide quién puede permanecer en el país. Actúa mientras las instituciones adoptan esas decisiones para impedir que la necesidad, el abandono o el sufrimiento produzcan daños irreparables. Podemos discutir cómo se gobiernan las fronteras. Lo que no podemos aceptar es que una persona sea abandonada cuando su vida, su salud o su integridad están en peligro.

Proteger la acción humanitaria no significa declarar infalibles a las organizaciones que la desarrollan. Las ONG deben rendir cuentas, justificar los fondos recibidos y responder ante cualquier irregularidad o vulneración de derechos. Pero fiscalizar no es señalar; investigar hechos concretos no es construir una sospecha colectiva. La crítica democrática aporta pruebas, distingue responsabilidades y permite responder. La estigmatización atribuye intenciones, generaliza acusaciones y convierte unas siglas en prueba de culpabilidad.

Las organizaciones sociales son infraestructura democrática

Existe la tentación de considerar a las ONG meras prestadoras privadas de servicios: entidades que reparten alimentos, gestionan centros, ofrecen asesoramiento o ejecutan programas financiados por las administraciones. Esa descripción es incompleta.

Las organizaciones sociales forman parte de la infraestructura democrática de un país. Detectan necesidades que las instituciones todavía no reconocen, llegan a lugares a los que los servicios públicos no alcanzan, acompañan a personas que desconocen sus derechos, denuncian abusos, crean redes comunitarias y proporcionan cauces pacíficos para la participación y la solidaridad.

El Consejo de Europa sostiene que las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos necesitan un entorno jurídico, político y público que les permita desarrollar libremente su labor. En 2024 advirtió específicamente del crecimiento en Europa del hostigamiento, la intimidación, la violencia y la criminalización contra quienes ayudan a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. Amnistía Internacional también ha documentado en Europa actuaciones restrictivas, sancionadoras y punitivas contra personas y organizaciones por proporcionar refugio, ropa, asistencia o salvamento a quienes se encuentran en movimiento.

Cuando una organización es atacada, el daño no termina en una puerta pintada o en una luna rota. Un voluntario que se retira por miedo deja una necesidad sin atender. Una abogada amenazada puede no regresar al lugar donde ofrece asistencia. Una entidad obligada a ocultar sus vehículos o suspender una intervención pierde capacidad para cumplir su misión. La agresión se dirige contra la organización, pero sus consecuencias recaen sobre las personas en situación de vulnerabilidad.

Ese efecto inhibidor puede ser precisamente uno de los objetivos del hostigamiento: no es necesario ilegalizar una organización si se consigue que tenga miedo de actuar.

No basta con condenar el siguiente ataque

La respuesta habitual consiste en condenar cada agresión después de que se haya producido. Las instituciones publican un comunicado, los partidos expresan su rechazo y las organizaciones manifiestan su solidaridad. Pasados unos días, la atención pública se desplaza hacia otro asunto hasta que se produce un nuevo incidente. Este procedimiento es insuficiente. La sucesión de condenas no constituye una política de protección.

España necesita un pacto para proteger la acción humanitaria y el espacio cívico. No un acuerdo ideológico sobre inmigración —probablemente imposible—, sino un compromiso democrático sobre los límites que ninguna discrepancia debe traspasar. Ese pacto debería reunir a organizaciones sociales, asociaciones de periodistas, medios de comunicación, partidos políticos, administraciones públicas, fuerzas de seguridad, fiscalías especializadas, universidades y plataformas digitales.

No debería ser una declaración solemne destinada a olvidarse después de la fotografía. Tendría que traducirse en un protocolo público, con compromisos, responsables, plazos, recursos, indicadores de cumplimiento y una evaluación periódica independiente. Sin estas condiciones, el pacto correría el riesgo de convertirse en una nueva condena retórica. Estas podrían ser sus diez medidas fundamentales.

Primera. Crear un sistema común de registro y alerta temprana. Las organizaciones necesitan documentar de manera compartida las agresiones, amenazas, daños materiales, divulgación de datos personales, campañas de desinformación y otras formas de hostigamiento. Los incidentes se afrontan con demasiada frecuencia como problemas aislados de cada entidad. Sin un registro común, cada episodio parece excepcional; al reunirlos pueden detectarse patrones, territorios de riesgo, actores reincidentes y posibles escaladas de violencia. Este sistema debería respetar la protección de datos y permitir la activación de alertas cuando aparezcan amenazas creíbles.

Segunda. Elaborar mapas de riesgo y protocolos de prevención. Las organizaciones que actúan en contextos tensionados necesitan evaluar previamente los riesgos relacionados con sus sedes, vehículos, actividades públicas, desplazamientos y presencia digital. Los protocolos deberían establecer responsables, canales de comunicación, medidas para preservar datos sensibles, procedimientos de evacuación y planes que permitan mantener la atención cuando se produzca una amenaza. La seguridad no puede improvisarse cuando el ataque ya ha comenzado.

Tercera. Establecer un mecanismo de respuesta rápida y reparación. Las personas y entidades atacadas deberían disponer de asistencia jurídica, apoyo psicológico, asesoramiento en comunicación de crisis y acompañamiento durante la denuncia y el procedimiento judicial. También sería necesario un fondo de contingencia para reparar sedes y vehículos, reforzar temporalmente la seguridad o trasladar servicios esenciales. Proteger significa prevenir, pero también reparar los daños y evitar que una agresión consiga interrumpir la ayuda.

Cuarta. Aprobar compromisos profesionales para los medios de comunicación. Los medios deberían contrastar cifras y acusaciones, distinguir los hechos individuales de las características atribuidas a un colectivo, evitar que la nacionalidad se utilice como explicación automática de una conducta, no amplificar bulos por su rentabilidad emocional, identificar la procedencia de los datos y conceder derecho de respuesta a las entidades señaladas. Cuando una información falsa pueda poner en peligro a una organización o a sus integrantes, la rectificación debería realizarse con rapidez y con una visibilidad proporcional a la concedida a la acusación. No se trata de restringir la libertad de información, sino de ejercerla con la responsabilidad que corresponde a su capacidad para construir reputaciones y definir enemigos.

Quinta. Suscribir un compromiso democrático entre los partidos políticos. Las formaciones deberían comprometerse a no difundir acusaciones no acreditadas contra organizaciones sociales, no utilizar datos falsos o descontextualizados y no justificar ni relativizar ninguna agresión. Este compromiso tendría que alcanzar tanto a las declaraciones institucionales como a los mensajes publicados por sus representantes y canales oficiales. También debería incluir mecanismos internos de rectificación y responsabilidad cuando alguno de sus cargos traspase esos límites. Una declaración genérica contra el odio no sirve de mucho si se continúa utilizando un lenguaje que presenta a quienes ayudan como traidores o enemigos de la población.

Sexta. Crear canales especializados de protección institucional. Las administraciones, las fuerzas de seguridad y las fiscalías deberían designar unidades o personas de referencia con las que las organizaciones pudieran comunicarse de manera rápida. Las amenazas, los daños contra sedes y vehículos, la publicación de información personal y las concentraciones intimidatorias deben ser evaluados según su contexto, reiteración y capacidad real de provocar daño. No toda expresión ofensiva constituye un delito de odio y la aplicación del derecho penal exige estudiar cuidadosamente cada caso. Pero la prudencia jurídica no puede convertirse en indiferencia institucional.

Séptima. Exigir una respuesta urgente a las plataformas digitales. Las plataformas deben habilitar procedimientos específicos para actuar cuando una campaña incluya amenazas creíbles, incitación a la violencia, suplantación de identidad o divulgación de datos personales. Las organizaciones verificadas deberían disponer de un canal prioritario para comunicar situaciones de riesgo y conocer las medidas adoptadas. La protección no puede llegar semanas después, cuando la información ya ha circulado y el daño resulta irreversible. También debería conservarse la evidencia necesaria para investigar posibles responsabilidades.

Octava. Incorporar la seguridad a la financiación y la contratación públicas. Las subvenciones y contratos destinados a la atención de personas en situación de vulnerabilidad deberían reconocer como costes legítimos la prevención de riesgos, la ciberseguridad, la asistencia jurídica y la protección de profesionales y voluntariado. Una organización no debería verse obligada a elegir entre destinar todos sus recursos a la intervención o proteger a las personas que la hacen posible. Las administraciones tampoco deberían penalizar a una entidad por suspender temporalmente una actividad cuando exista una amenaza acreditada, siempre que se garantice la continuidad de la atención por medios alternativos.

Novena. Desarrollar una estrategia pública contra la desinformación y la deshumanización. No basta con desmentir cada bulo cuando ya ha alcanzado a miles de personas. Es necesario explicar qué hacen las organizaciones, cómo se financian, qué controles deben superar y cuál es la diferencia entre prestar asistencia humanitaria y decidir la política migratoria. Esta estrategia debería incluir alfabetización mediática, formación de empleados públicos, responsables políticos, periodistas y fuerzas de seguridad, así como materiales educativos que ayuden a reconocer los mecanismos mediante los cuales se construye un enemigo colectivo. La prevención más duradera consiste en impedir que la mentira encuentre un terreno preparado para aceptarla.

Décima. Crear una comisión independiente de seguimiento y rendición de cuentas. El pacto necesita una instancia capaz de comprobar si los compromisos se cumplen. Esta comisión debería reunir a instituciones públicas, organizaciones sociales, profesionales de la información, especialistas en derechos humanos y representantes académicos, preservando su independencia respecto de los partidos y de las propias entidades evaluadas. Publicaría un informe anual sobre incidentes, respuestas institucionales, rectificaciones, investigaciones y medidas preventivas, formularía recomendaciones y comparecería periódicamente ante el Parlamento. Lo que no se evalúa corre el riesgo de convertirse en una promesa sin consecuencias.

Estas diez medidas responden a una secuencia completa: conocer, anticipar, proteger, responder, reparar y rendir cuentas. Ninguna de ellas impediría criticar la actuación de una ONG, investigar una irregularidad o exigir responsabilidades por el uso de fondos públicos. Su finalidad sería otra: garantizar que ninguna persona u organización tenga que elegir entre prestar ayuda y poner en peligro su seguridad.

Un pacto de estas características no eliminaría el odio ni evitaría por sí solo todas las agresiones. Pero establecería algo que hoy comienza a resultar imprescindible: una frontera democrática compartida entre la crítica legítima y el señalamiento, entre la discrepancia y la intimidación, entre la libertad de expresión y la preparación de la violencia.

Hoy son las organizaciones que atienden a migrantes

Sería un error creer que estamos ante un problema limitado a la inmigración. La intimidación contra una parte de la sociedad civil establece un método que después puede aplicarse contra cualquier otra. Hoy se señala a las organizaciones que atienden a personas migrantes. Mañana pueden ser las que acompañan a mujeres víctimas de violencia machista, defienden derechos sexuales y reproductivos, trabajan con personas sin hogar, protegen al colectivo LGTBIQ+, combaten la pobreza o denuncian daños ambientales. El mensaje siempre es parecido: si ayudas a las personas que hemos convertido en enemigas, tú también eres nuestro enemigo.

Por eso no estamos ante una disputa corporativa entre unas ONG y quienes las critican. Lo que está en juego es la posibilidad de que la sociedad civil actúe sin miedo, incluso —y especialmente— cuando protege a personas convertidas en impopulares, estigmatizadas o carentes de poder político.

Cuando la solidaridad necesita escolta

No sabemos hasta dónde puede avanzar la hostilidad contra las organizaciones sociales. Sería irresponsable presentarla como una evolución inevitable. También sería irresponsable esperar a que ocurra algo más grave para actuar.

Conocemos suficientemente bien cómo comienzan estos procesos: palabras que deshumanizan, acusaciones que nadie exige probar, datos personales que circulan, amenazas que se trivializan, agresiones que se presentan como incidentes aislados y silencios que terminan pareciendo aceptación.

La discrepancia política debe ser protegida. La crítica a las ONG debe ser posible. La gestión de los fondos públicos debe ser fiscalizada. Pero la mentira, el señalamiento, la intimidación y la violencia no constituyen formas legítimas de control democrático.

Atacar a quienes ayudan no resuelve la inmigración, no mejora la gestión de las fronteras ni descongestiona los servicios públicos. Solo deja más desprotegidas a las personas en situación de vulnerabilidas, empobrece la convivencia y convierte la solidaridad en una actividad de riesgo.

Cuando ayudar necesita escolta, el problema ya no pertenece únicamente a las organizaciones atacadas. Revela la clase de democracia que estamos dispuestos a defender.

Ataques, amenazas, campañas de descrédito y restricciones de financiación a organizaciones sociales en España, 2024–2026

Ataques, amenazas y obstáculos directos a la actividad humanitaria.

Fecha	Entidad y lugar	Hechos y alcance de la información
Octubre–noviembre de 2024	Cruz Roja — respuesta a la DANA, Comunidad Valenciana	Cruz Roja y la IFRC documentaron acoso, amenazas y vandalismo contra voluntarios, relacionados con la desinformación difundida durante la emergencia. La fuente describe una campaña y sus consecuencias, sin desglosar cada incidente. Fuente: RTVE, 24/06/2026.
20/11/2024	Burgos Acoge, Accem, Atalaya Intercultural y Cáritas — Burgos	Las sedes aparecieron con pintadas xenófobas, entre ellas «españoles primero» y «+ Valencia, – Nigeria». Ocurrió durante la controversia sobre la financiación municipal de las entidades. La coincidencia temporal no demuestra quién realizó las pintadas. Fuente: Europa Press, 20/11/2024.
28/04/2026	Cruz Roja — Ferrol	Aparición de pegatinas con mensajes y simbología neonazi, con referencias a Núcleo Nacional, en la sede. Ferrol en Común solicitó una investigación policial. Fuente: El Progreso, 28/04/2026.
27/08/2026	Cruz Roja — Ceuta	Manifestantes bloquearon durante más de dos horas el acceso de un vehículo con alimentos a la playa del Trampolín. El reparto pudo realizarse finalmente. Fuente: EFE, publicada por Crónica Balear, 27/08/2026.
Agosto–septiembre de 2026	Luna Blanca — Ceuta	La organización denunció insultos racistas, intimidación a voluntarios y llamadas amenazantes por proporcionar alimentos a personas migrantes. Su portavoz relató que les exigían dejar de darles comida para que abandonaran la ciudad. Fuentes: Cadena SER y Público.
Noche del 29 al 30/08/2026	CEAR — València	La sede apareció con manchas de líquido rojizo en puertas y fachadas. CEAR interpretó el acto como una amenaza contra trabajadores y personas atendidas. La entidad habló de «aparentemente sangre». Fuente: elDiario.es, 31/08/2026.
Denuncia del 02/09/2026	No Name Kitchen — Ceuta	Su coordinador denunció amenazas de muerte reiteradas y difusión de las identidades de voluntarios en grupos digitales. Afirmó que varios habían abandonado la ciudad por esta situación. Fuente: entrevista en La Ventana, Cadena SER.
Finales de agosto–septiembre de 2026; publicado el 18/09	No Name Kitchen — Ceuta	La ONG denunció bofetadas, zarandeos y el lanzamiento de un teléfono al suelo. También denunció judicialmente que una patrulla militar dificultó el reparto frente a su sede y que voluntarias recibieron insultos y proposiciones sexuales. Son hechos recogidos según el testimonio de la organización, sin resolución judicial acreditada en la fuente. Fuente: Público.
20/09/2026	No Name Kitchen — Ceuta	Voluntarias recibieron insultos misóginos durante una manifestación hacia el Tarajal. La información periodística recoge que la Policía les pidió retirarse para evitar nuevos incidentes. Fuente: El País, 21/09/2026.
20/09/2026	Activistas humanitarios — Ceuta	Manifestantes atacaron con piedras y huevos el coche de Rafael Borrego, Sofía Cánovas y Julia Ferreras, rompiendo cristales. Los habían relacionado erróneamente con Negu Gorriak/Derecho a Techo. Es un ataque contra personas vinculadas a la acción humanitaria, no contra una sede de ONG. Fuente: El País, 21/09/2026.
20–21/09/2026	Voluntarias de Esto ye Ciares — Ceuta	Tres voluntarias de esta asociación vecinal solidaria sufrieron señalamiento e intimidación. El reportaje también documenta una pintada insultante en la furgoneta que utilizaban. Fuente: El País, 22/09/2026.
22/09/2026	Cruz Roja — Ferrol	Pintadas contra la sede y un vehículo, con mensajes como «traidores» y «proinvasores». Es un episodio diferente del registrado en abril. Fuente: Radio Ferrol–Cadena SER.

Declaraciones públicas y campañas de descrédito contra las organizaciones.

Fecha	Entidad o ámbito señalado	Declaración o campaña documentada
06/09/2024	ONG de atención y rescate de migrantes — Murcia	José Ángel Antelo, dirigente de Vox, afirmó que había ONG convertidas en «barcos de negreros del siglo XXI». La declaración está publicada en la propia web del partido. Fuente primaria: comunicado de Vox.
14/10/2024	Salvamento Marítimo Humanitario / Aita Mari — Burriana	Jesús Albiol, concejal y diputado de Vox, reiteró su calificación del Aita Mari como «barco negrero» y su acusación de colaboración con mafias. La organización había promovido un acto de conciliación para exigir una rectificación. Fuentes: comunicado de Vox y El País.
18/10/2024	Sea-Watch — Vinaròs	Josué Brito, portavoz municipal de Vox, acusó a la organización de colaborar con mafias y utilizó también la expresión «barco negrero». Reclamó que no se apoyara a entidades como Sea-Watch y que sus fondos se destinaran a expulsiones. Fuente: Elperiodic.com.
Noviembre de 2024	Cruz Roja y Cáritas — campaña relacionada con la DANA	Circularon contenidos falsos o descontextualizados que desacreditaban su respuesta a la emergencia y contraponían la atención a personas migrantes con la ayuda a los afectados. Conviene tratarlo como una campaña de desinformación, sin contar cada publicación como un ataque independiente. Fuente: Maldita.es, 22/11/2024.
28/08/2025	Open Arms — llegada del buque a Tenerife	Santiago Abascal pidió confiscar y hundir el barco y lo calificó de «barco de negreros». Es una declaración pública dirigida contra un medio de rescate humanitario; no consta en esta fuente que se ejecutara un ataque material. Fuente: elDiario.es.
Julio–septiembre de 2026	Cruz Roja y Mission Life International — Ceuta	Se difundieron falsedades sobre el reparto de ayuda, la supuesta ausencia de Cruz Roja durante otras emergencias y la supuesta entrega de teléfonos por Mission Life International. Esta última explicó que facilitaba la recarga de móviles y alertó del peligro para su personal. Fuente: VerificaRTVE, 02/09/2026.
21/09/2026	Negu Gorriak/Derecho a Techo — Navarra/Ceuta	El portavoz de Vox en Navarra, Emilio Jiménez, describió una declaración de solidaridad como apoyo a «cuatro sinvergüenzas» y anunció que investigarían de qué «chiringuito» vivían. Fuente: Radio Pamplona–Cadena SER.

Financiación

Fecha	Administración y entidades afectadas	Medida y estado acreditado
7–14/11/2024	Ayuntamiento de Burgos — Accem, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural	El gobierno municipal anunció que no renovaría convenios por 119.000 euros a petición de Vox. Este partido vinculó la retirada al supuesto efecto llamada del trabajo con migrantes. La alcaldesa rectificó el 14 de noviembre. Debe describirse como una exclusión anunciada y posteriormente revertida, no como una retirada definitiva. Fuentes: Europa Press y EFE.
Enero de 2025	Ayuntamiento de Sevilla — organizaciones de apoyo a Palestina	El anexo del pacto presupuestario PP–Vox incluyó una cláusula contra la financiación de actividades o campañas sobre posiciones enfrentadas en conflictos bélicos, señalando expresamente a las organizaciones pro Palestina. Está documentado el compromiso político; no una relación de subvenciones individuales denegadas por su aplicación. Fuente: elDiario.es.
15/01/2025	Ayuntamiento de Sevilla — entidades y programas LGTBI	El acuerdo presupuestario eliminó los gastos de funcionamiento de una subvención LGTBI dotada con 135.000 euros, medida reivindicada por Vox. No debe extenderse a la afirmación de que desapareció toda la financiación municipal LGTBI. Fuentes: comunicado de Vox y Diario de Sevilla.
Enero de 2025	Ayuntamiento de Sevilla — atención a población inmigrante y minorías étnicas	Se documentó la anulación de tres actuaciones, por 230.000 euros, destinadas a estos colectivos. Es una supresión de líneas presupuestarias: la información no ofrece un listado completo de organizaciones que perdieron fondos. Fuente: elDiario.es.
Marzo–mayo de 2025	Generalitat Valenciana — ONG de desarrollo y atención a migrantes	Vox anunció la eliminación de subvenciones durante la negociación presupuestaria. En mayo, PP y Vox pactaron redistribuir ayudas a ONGD y asignar 5,5 millones a un programa de “reactivación en origen” para jóvenes extranjeros. Debe citarse como acuerdo de reorientación presupuestaria; estas noticias no permiten identificar todas las subvenciones individuales finalmente retiradas. Fuentes: Europa Press y noticia de agencias publicada por Pressdigital.
Presupuesto de 2026; denuncia en julio–agosto	Ayuntamiento de Sevilla — ONGD de cooperación internacional	La dotación pasó de 2.064.548 a 347.405 euros. ASONGD presentó una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz. Vox reivindicó la supresión de ayudas para destinar los recursos a necesidades locales. Es un recorte presupuestario efectivo, no una mera propuesta. Fuentes: ASONGD, Europa Press y comunicado de Vox.
05/05/2026	Parlament balear — asociaciones, fundaciones y ONG vinculadas a migración	PP y Vox aprobaron puntos de una proposición no de ley que pedían al Gobierno central eliminar subvenciones a entidades que, según su formulación, promovieran o facilitaran la inmigración y el tráfico de personas. Es una iniciativa parlamentaria aprobada, no una retirada administrativa acreditada. Fuente: Europa Press.
03/06/2026	Junta de Castilla y León — ONG que trabajan con población migrante	El pacto PP–Vox contempló suprimir desde el presupuesto de 2027 ayudas, convenios y conciertos con entidades a las que atribuyera promoción o sostenimiento de la inmigración irregular. Es un compromiso para un ejercicio futuro, no un recorte ya ejecutado en septiembre de 2026. Fuente: Europa Press.
31/07/2026	Junta de Castilla y León — ONG relacionadas con la respuesta en Ceuta	Carlos Pollán anunció que se retirarían subvenciones a organizaciones que, en sus palabras, colaboraran con el «asalto» a Ceuta. La consejería no concretó a la SER los criterios ni las entidades afectadas. Es una amenaza pública de retirada; no puedo confirmar su ejecución con las fuentes consultadas. Fuente: Radio Valladolid–Cadena SER.

Referencias de 2024

1. Vox. (6 de septiembre de 2024). Antelo: “Hay ONGs que se han convertido en los barcos de negreros del siglo XXI”.
2. Vox. (14 de octubre de 2024). Albiol reitera que “el Aita Mari es un barco negrero del siglo XXI y cooperador necesario de las mafias que trafican con personas”.
3. El País. (14 de octubre de 2024). Mónica Oltra defenderá en los tribunales a un barco humanitario contra un concejal de Vox.
4. Elperiodic.com. (18 de octubre de 2024). Un concejal de Vox en Vinaròs también tacha a los barcos humanitarios como “negreros” y acusa al Sea Watch de colaborar con las mafias.
5. Europa Press. (7 de noviembre de 2024). Ayuntamiento de Burgos no renovará acuerdos con tres ONGs por petición de Vox para aprobar los presupuestos de 2025.
6. Europa Press. (8 de noviembre de 2024). Vox Burgos justifica el fin de las ayudas a la inmigración al intento de acabar con las “políticas de efecto llamada”.
7. Agencia EFE. (14 de noviembre de 2024). Burgos rectifica y mantiene las ayudas a las ONG que atienden inmigrantes.
8. Europa Press. (20 de noviembre de 2024). Pintadas xenófobas en las sedes de Burgos Acoge, Cáritas, Accem y Atalaya.
9. Maldita.es. (22 de noviembre de 2024). Las ONG en el punto de mira: campañas y desinformaciones contra la Cruz Roja que se repiten en diferentes contextos y países.

Referencias de 2025

10. elDiario.es. (13 de enero de 2025). Vox cuela en su pacto con el PP una cláusula anti Palestina en las ayudas que convoque el Ayuntamiento de Sevilla.
11. Vox. (15 de enero de 2025). Aprobados los presupuestos de 2025 con el sello de VOX: eliminación y reducción de partidas y gastos políticos y más inversiones para familia, juventud y empleo.
12. Diario de Sevilla. (20 de enero de 2025). Concentración esta tarde en Sevilla contra el repunte de las agresiones homófobas.
13. Europa Press. (17 de marzo de 2025). Los presupuestos de Valencia eliminan subvenciones a ONG e incluyen partidas para retornar a menores, según Vox.
14. Agencias / Pressdigital. (20 de mayo de 2025). PP y Vox pactan en Valencia ayudas a víctimas de ocupación y redistribuir las de ONGD para destinar a acción social.
15. Samaniego, L. (28 de agosto de 2025). Abascal arremete contra Open Arms y pide “hundir” su barco recién llegado a Tenerife. elDiario.es.

Referencias de 2026

16. El Progreso. (28 de abril de 2026). Empapelan la sede de Cruz Roja en Ferrol con pegatinas neonazis.
17. Europa Press. (5 de mayo de 2026). El PP y Vox piden repatriar a menores no acompañados y eliminar subvenciones a ONG que “faciliten” la migración.
18. Europa Press. (3 de junio de 2026). La prioridad nacional en CyL excluye de las prestaciones a los irregulares salvo en “supuestos de urgencia vital”.
19. VerificaRTVE. (24 de junio de 2026). La desinformación, “una amenaza” para la acción humanitaria y “millones de personas”, alerta Cruz Roja.
20. Radio Valladolid–Cadena SER. (31 de julio de 2026). Pollán ratifica que Castilla y León castigará sin ayudas a las ONG que “colaboren” con el problema migratorio de Ceuta.
21. Asociación Sevillana de ONGD. (3 de agosto de 2026). ASONGD registra queja al Defensor del Pueblo Andaluz por la cooperación en Sevilla.
22. Europa Press. (5 de agosto de 2026). El PSOE de Sevilla exige explicaciones por el recorte de 83 % a las ONG para la cooperación internacional.
23. Vox. (7 de agosto de 2026). VOX destaca la supresión de las ayudas municipales a cooperación internacional para destinar los recursos a las necesidades de los sevillanos.
24. Agencia EFE. (27 de agosto de 2026). Vecinos de Ceuta bloquean un camión de Cruz Roja para impedir el reparto de comida a inmigrantes. Crónica Balear.
25. Cadena SER. (30 de agosto de 2026). Las oenegés en Ceuta denuncian que reciben amenazas por atender a los migrantes: “Nos dicen que no les demos de comer para que vuelvan a su país”.
26. Navarro Castelló, C. (31 de agosto de 2026). La Comisión de Ayuda al Refugiado denuncia ataques racistas en su sede de València: “Es una amenaza”. elDiario.es.
27. Navarro Sorolla, M. (2 de septiembre de 2026). Los ataques a las ONG: la desinformación que promueve recortes y pone vidas en peligro. VerificaRTVE.
28. Tormo, F. (2 de septiembre de 2026). “Cada día recibimos un océano de amenazas de muerte”: la denuncia de una ONG que ayuda a migrantes en Ceuta. Cadena SER.
29. Anido, L. (18 de septiembre de 2026). Las ONG que ayudan a migrantes en Ceuta denuncian una escalada de amenazas, agresiones y bulos contra sus trabajadores. Público.
30. Ayuso, B. (21 de septiembre de 2026). Los agredidos en la manifestación de Ceuta: “Nunca he sentido tanto terror”. El País.
31. Radio Pamplona–Cadena SER. (21 de septiembre de 2026). Para Vox, los activistas de Negu Gorriak en Ceuta son “cuatro sinvergüenzas”.
32. Ayuso, B. (22 de septiembre de 2026). Las ONG, en el foco de la ira en Ceuta: “Nos acusan de provocar un efecto llamada”. El País.
33. Radio Ferrol–Cadena SER. (22 de septiembre de 2026). Nuevo acto vandálico y racista en la sede de la Cruz Roja en Ferrol y uno de sus vehículos.

Referencias 

Amnistía Internacional. (s. f.). Migración y refugio en España.

Cadena SER. (2026, 22 de septiembre). Nuevo acto vandálico y racista en la sede de la Cruz Roja en Ferrol y uno de sus vehículos.

Consejo de Europa. (2018, 28 de noviembre). Recommendation CM/Rec(2018)11 of the Committee of Ministers to member States on the need to strengthen the protection and promotion of civil society space in Europe.

Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. (2024, 22 de febrero). Protecting the defenders: Ending repression of human rights defenders assisting refugees, asylum seekers and migrants in Europe.

España. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, núm. 281, de 24 de noviembre de 1995. Texto consolidado.

Martín, M., & Forero, S. (2026, 21 de septiembre). Los agredidos en la manifestación de Ceuta: “Nunca he sentido tanto terror”. El País.