Maricarmen Abascal murió el 7 de octubre, a los 87 años, sin haber podido regresar a la casa en la que había vivido durante siete décadas. Había sido desahuciada el 23 de septiembre y permanecía hospitalizada. Su caso había desencadenado una amplia movilización por el derecho a la vivienda.
Nueve días antes de su fallecimiento se había alcanzado un acuerdo para que pudiera volver a su hogar, con un contrato de ocho años y un alquiler similar al anterior. La solución llegó, pero demasiado tarde para ella.
No fue por falta absoluta de intervención pública. El Ayuntamiento de Madrid afirmó que le había proporcionado teleasistencia, ayuda a domicilio y terapia ocupacional, además de ofrecerle una plaza gratuita en una residencia municipal. Su abogada confirmó que Maricarmen había rechazado las alternativas residenciales porque quería continuar viviendo en su casa.
La cuestión, por tanto, no es si recibió alguna ayuda, sino por qué esas actuaciones no permitieron encontrar una solución adecuada antes del desahucio. El acuerdo posterior demuestra que finalmente fue posible negociar su regreso, aunque no permite asegurar que las mismas condiciones hubieran sido aceptadas antes ni que fueran jurídicamente exigibles.
El problema no es solo que las instituciones puedan llegar tarde, sino que algunas soluciones se vuelvan posibles cuando el daño que pretendían evitar ya se ha producido.
Lo ocurrido permite examinar una dificultad que afecta a muchas otras personas. La protección de la vivienda depende de tres tiempos que no siempre coinciden: el de quienes necesitan una respuesta, el de las instituciones encargadas de proporcionarla y el de los movimientos sociales que intentan impulsar soluciones colectivas. Comprender esa distancia ayuda a explicar por qué determinadas respuestas llegan cuando sus consecuencias ya son difíciles de reparar.
El tiempo de las personas
Para quien se enfrenta a la pérdida de su vivienda, el problema comienza mucho antes del desahucio. Empieza cuando el alquiler resulta imposible de pagar, llega una notificación judicial o aparece la amenaza de tener que abandonar el hogar. Desde ese momento, la incertidumbre condiciona la vida cotidiana: dónde vivir, cómo afrontar los gastos y qué hacer si finalmente hay que marcharse.
La espera también tiene consecuencias. Las personas deben continuar trabajando, cuidando de sus familias y atendiendo sus obligaciones mientras buscan soluciones sin saber qué ocurrirá. La investigación sobre desahucios ha documentado problemas de ansiedad, depresión, sueño y salud física entre las personas afectadas. Aunque estos estudios no permiten atribuir cada problema individual exclusivamente al procedimiento, muestran que sus consecuencias pueden comenzar antes del desalojo.
En los casos más graves, el sufrimiento puede incluir riesgo suicida. Un estudio realizado en Granada con 205 personas afectadas por ejecuciones hipotecarias examinó esta dimensión, aunque las características de la muestra y su diseño impiden generalizar los resultados o establecer relaciones causales individuales. El suicidio responde a múltiples factores, pero estos hallazgos refuerzan la necesidad de coordinar la atención sanitaria, social y habitacional.
Para las personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, perder el hogar puede tener consecuencias especialmente importantes. La vivienda no es solo un espacio físico: es también el entorno donde se desarrolla la autonomía, se reciben cuidados y se mantienen relaciones de apoyo. Trasladarse a otro lugar puede alterar ese equilibrio, por lo que cualquier alternativa debe considerar las necesidades y preferencias de la persona afectada.
Además, no todas las personas pueden soportar la espera de la misma manera. Quien dispone de ahorros, asesoramiento y alternativas habitacionales tiene más posibilidades de negociar. Quien carece de esos recursos ve cómo cada retraso aumenta su vulnerabilidad. Un mismo plazo administrativo puede ser asumible para una persona y decisivo para otra.
En materia de vivienda, llegar tarde también puede significar no proteger adecuadamente. Un acuerdo posterior puede permitir recuperar el hogar o compensar determinados gastos, pero no elimina necesariamente el sufrimiento ni las consecuencias de haberlo perdido. Algunas pueden repararse; otras dejan efectos duraderos o irreversibles.
El tiempo de las instituciones
Las instituciones funcionan mediante procedimientos, informes, recursos y plazos que permiten comprobar las circunstancias de cada caso, garantizar derechos y distribuir los recursos públicos. Son mecanismos necesarios, pero pueden resultar insuficientes cuando una persona necesita una respuesta urgente.
El problema aparece cuando las actuaciones no están coordinadas. Un juzgado resuelve sobre la posesión de una vivienda, los servicios sociales evalúan la vulnerabilidad y la administración competente tramita una alternativa habitacional. Cada organismo puede cumplir correctamente su función y, sin embargo, la persona afectada puede terminar perdiendo su hogar sin disponer de una solución adecuada.
Cumplir un procedimiento no significa necesariamente resolver el problema. Un informe social puede acreditar una situación de vulnerabilidad, pero no garantiza por sí mismo una vivienda. Una ayuda económica puede llegar demasiado tarde y una alternativa residencial puede no responder a las necesidades de la persona.
La falta de coordinación también puede obligar a quienes necesitan ayuda a recorrer distintas oficinas, presentar repetidamente documentos y explicar una y otra vez su situación. Esta carga resulta especialmente difícil para las personas mayores, con discapacidad o con menos recursos.
Existe, además, una desigualdad que rara vez aparece en los expedientes: no todas las personas tienen la misma capacidad para conseguir que su problema sea escuchado. Quien cuenta con apoyo familiar, asesoramiento jurídico o una organización que le acompañe dispone de más recursos para defender sus intereses. Quien vive aislado o desconoce sus derechos puede quedar fuera de los mecanismos de protección. Por eso, una política pública eficaz no debe limitarse a responder a quienes solicitan ayuda, sino también identificar y acompañar a quienes encuentran mayores dificultades para acceder a ella.
Las suspensiones de los desahucios permiten ganar tiempo, pero solo son útiles si ese plazo se aprovecha para negociar y encontrar alternativas. Cuando no se producen avances, el problema reaparece y la persona puede encontrarse en una situación todavía más vulnerable.
La eficacia institucional debe medirse tanto por las garantías del procedimiento como por sus resultados. Esto no significa considerar que cualquier retraso sea una negligencia, sino reconocer que la responsabilidad pública no termina cuando se completa un trámite: también exige comprobar si la intervención ha protegido realmente a la persona.
El tiempo de la movilización
Los movimientos sociales necesitan tiempo para construir confianza, organizarse y establecer alianzas. Aunque una protesta puede alcanzar una gran repercusión en pocas horas, detrás suele haber años de trabajo, experiencias compartidas y redes de apoyo.
Aquí aparece una dificultad: las personas necesitan soluciones inmediatas, mientras que los movimientos sociales necesitan tiempo para conseguir cambios duraderos. La presión ciudadana puede acelerar decisiones institucionales, pero la atención pública suele ser pasajera. Cuando desaparecen las cámaras, los problemas de las personas afectadas continúan.
La indignación puede llevar a participar en una protesta, pero mantener el compromiso exige algo más. Es necesario reconocer problemas compartidos, organizar el apoyo y ofrecer posibilidades reales de participación. Un alquiler inasumible, una emancipación aplazada o un desahucio son situaciones diferentes, pero pueden expresar una misma inseguridad residencial.
El asesoramiento jurídico, el acompañamiento, las redes vecinales y la negociación colectiva ayudan a afrontar problemas que difícilmente pueden resolverse en solitario. Para sostener ese trabajo hacen falta equipos, responsabilidades compartidas y mecanismos de coordinación que eviten depender siempre de las mismas personas.
También es importante facilitar la participación. No todo el mundo puede acudir a manifestaciones, asistir a asambleas o dedicar el mismo tiempo a la organización. Las responsabilidades familiares, el trabajo y las dificultades de movilidad pueden limitar la implicación. Un movimiento amplio necesita distintas formas de colaboración, decisiones transparentes y procedimientos que permitan a las personas afectadas influir en las negociaciones.
Las organizaciones deben cuidar, además, a quienes participan. Mantener una movilización intensa durante mucho tiempo puede provocar agotamiento. La ayuda no debería condicionarse a la militancia ni exigir a todas las personas el mismo grado de compromiso.
Este es uno de los desafíos del Sindicato de Inquilinas: ampliar su capacidad de movilización sin perder de vista la autonomía de las personas a las que acompaña. Sus necesidades, decisiones e intimidad deben estar por encima de cualquier estrategia de comunicación o presión pública. El caso de Maricarmen puede representar un problema colectivo, pero su historia le pertenece, ante todo, a ella.
La movilización puede influir en las decisiones mediante la presión pública, las propuestas, la negociación y la construcción de alianzas. Sin embargo, que un acuerdo se alcance después de una protesta no demuestra que esta haya sido su única causa. Es necesario analizar qué actuaciones contribuyeron realmente al resultado.
Una movilización puede conseguir un acuerdo, impulsar una reforma legal o situar un problema en el centro del debate público. Son avances importantes, pero no equivalen necesariamente a una transformación estructural. Esta exige que las nuevas medidas se apliquen, dispongan de recursos suficientes y produzcan resultados sostenidos.
La diferencia es fundamental. Resolver un caso concreto puede representar una victoria importante para la persona afectada. Cambiar las condiciones que hacen que situaciones semejantes se repitan requiere un trabajo más amplio y continuado.
El desafío del movimiento por la vivienda no consiste únicamente en conseguir respuestas ante los casos más visibles, sino en transformar esas experiencias en derechos y mecanismos de protección que beneficien también a quienes nunca llegarán a aparecer en los medios de comunicación.
La huelga general: vivienda, trabajo y capacidad de negociación
La huelga general convocada para el 11 de noviembre conecta la lucha por la vivienda con las reivindicaciones laborales. Según la información publicada el 7 de octubre, en la convocatoria participan CGT, Solidaridad Obrera, CO.BAS y el Sindicato de Inquilinas, con el respaldo de CCOO y UGT.
La relación entre vivienda y trabajo es evidente. No basta con mejorar los salarios si una parte creciente de los ingresos se destina a pagar el alquiler. El encarecimiento de la vivienda reduce la capacidad económica de las familias y puede obligarlas a vivir más lejos de sus empleos, aumentando los gastos y el tiempo de desplazamiento. Las condiciones laborales y el acceso a una vivienda asequible son dos dimensiones inseparables del bienestar.
La colaboración entre sindicatos laborales y organizaciones de inquilinos permite sumar capacidades. Unos aportan experiencia en negociación colectiva y presencia en los centros de trabajo; otros, conocimiento de los problemas residenciales y redes de apoyo vecinal. Para aprovechar esa alianza necesitan objetivos compartidos, propuestas concretas y una estrategia que permita negociar compromisos con las instituciones.
También existen dificultades. Las organizaciones pueden tener prioridades diferentes y no todas las personas trabajadoras disponen de las mismas posibilidades para secundar una huelga. Quienes tienen empleos precarios o escasos recursos pueden encontrar mayores obstáculos para asumir una pérdida de ingresos. Una participación limitada en determinados sectores no significa necesariamente falta de preocupación por el problema de la vivienda.
Conviene distinguir tres cuestiones: la convocatoria, la participación y los resultados. La primera expresa una decisión organizativa; la segunda permite conocer el alcance de la movilización; la tercera exige comprobar qué cambios se han conseguido.
Una jornada de paro puede dar visibilidad a las reivindicaciones y abrir negociaciones, pero sus efectos dependerán de que los compromisos se concreten y se cumplan. Incluso cuando los resultados inmediatos sean limitados, puede contribuir a fortalecer alianzas y ampliar la capacidad de organización.
Por eso, tan importante como preparar la huelga es decidir qué ocurrirá después: quién negociará, cómo participarán las organizaciones en las decisiones y qué mecanismos permitirán comprobar los avances.
La huelga concentra la presión social en una fecha, pero el problema de la vivienda continúa al día siguiente. Su alcance dependerá también de la capacidad colectiva que deje para mantener las reivindicaciones y exigir resultados.
Las elecciones y las lecciones del 15M
Las elecciones generales del 29 de noviembre se celebrarán apenas dieciocho días después de la huelga convocada por la vivienda. Esta proximidad puede aumentar la presión sobre los partidos para que incorporen el problema a sus programas y presenten propuestas concretas.
Sin embargo, influir en el debate político no significa necesariamente influir en el resultado electoral. Una movilización puede conseguir que un asunto ocupe un lugar central en la campaña y que los partidos asuman compromisos, sin que eso se traduzca directamente en votos. Las personas pueden compartir las reivindicaciones sobre vivienda y decidir su voto por otras razones.
Para demostrar un impacto electoral sería necesario contar con datos que permitieran diferenciarlo de otros factores. La coincidencia entre una movilización y unas elecciones no basta para establecer una relación causal.
La experiencia del 15M ofrece enseñanzas importantes. Aquel movimiento contribuyó a transformar el debate público y abrió nuevas formas de participación que influyeron en la política durante los años siguientes. Como muestra el estudio de Martínez y Wissink sobre movimientos urbanos y gobiernos municipalistas, las relaciones entre movilización e instituciones ofrecieron oportunidades de colaboración, pero también generaron tensiones y dificultades para conseguir cambios efectivos.
El 15M mostró que una movilización puede perder centralidad en las calles y seguir influyendo en la política durante años. También puso de manifiesto que acceder a las instituciones no garantiza transformar su funcionamiento. La influencia social, la representación política y el cambio institucional son procesos relacionados, pero diferentes.
Esta experiencia refuerza la importancia de la autonomía de los movimientos sociales. La cercanía a un gobierno puede facilitar la negociación, pero también dificultar la crítica cuando los compromisos no se cumplen. Colaborar con los partidos, apoyar medidas y reconocer avances es compatible con exigir responsabilidades a cualquier gobierno.
La campaña electoral pone de manifiesto otra diferencia entre tiempos. Los partidos concentran sus esfuerzos en las elecciones y la formación del Gobierno; las organizaciones sociales necesitan mantener sus reivindicaciones después de esas fechas. Mientras tanto, quienes están en riesgo de perder su vivienda no pueden esperar indefinidamente. Una promesa puede llegar a tiempo para ganar protagonismo electoral y demasiado tarde para proteger a quien necesita una solución urgente.
Por eso, la utilidad de la campaña debería medirse también por la concreción de los compromisos. No basta con prometer más vivienda asequible o mayor protección frente a los desahucios. Es necesario explicar qué medidas se adoptarán, quién será responsable de aplicarlas, con qué recursos y en qué plazos. Después habrá que comprobar qué se ha presupuestado, qué se ha ejecutado y qué resultados se han conseguido.
El movimiento por la vivienda puede transformar las preguntas que debe responder la política sin determinar quién gana las elecciones. Su influencia duradera dependerá de que esas preguntas sigan exigiendo respuestas después de votar.
Después de la indignación: proteger antes de que sea noticia
La eficacia de una política de vivienda no debería medirse únicamente por las ayudas concedidas, los informes elaborados o los desahucios suspendidos, sino por su capacidad para evitar la pérdida del hogar y ofrecer soluciones estables cuando no sea posible conservarlo.
El caso de Maricarmen y el análisis de los tres tiempos permiten identificar cuatro prioridades para mejorar la protección pública.
- Actuar antes de que la situación sea irreversible. Las administraciones deben facilitar información, asesoramiento y apoyo desde las primeras señales de dificultad. Cuanto antes se intervenga, mayores serán las posibilidades de negociar, acceder a recursos y encontrar alternativas. Estos servicios deben ser accesibles también para las personas mayores, con discapacidad o con dificultades para utilizar los canales digitales.
- Coordinar las actuaciones y establecer responsabilidades claras. No basta con que cada organismo cumpla su función por separado. Es necesario coordinar juzgados, servicios sociales y administraciones de vivienda, con responsables identificables, plazos y mecanismos para actuar cuando una solución se retrasa. Las suspensiones deben aprovecharse para negociar y preparar alternativas, no limitarse a aplazar el problema.
- Ofrecer soluciones adecuadas a cada persona. Una alternativa habitacional no puede valorarse únicamente por la disponibilidad de una plaza o una vivienda. Debe tener en cuenta su coste, estabilidad, accesibilidad, necesidades de cuidado y vínculos personales. Permanecer en el propio hogar puede ser especialmente importante para las personas mayores o dependientes, aunque ello no implique un derecho automático a conservar indefinidamente cualquier inmueble. Cuando el traslado sea inevitable, debe prepararse con la participación de la persona afectada.
- Evaluar los resultados y detectar a quienes quedan sin protección. Las administraciones deben comprobar si las soluciones permiten mantener una situación residencial estable y si persisten necesidades sociales o sanitarias. También deben analizar las solicitudes rechazadas, los procedimientos abandonados y las dificultades de acceso, respetando la privacidad.
Estas prioridades necesitan indicadores que permitan comprobar si las políticas funcionan. En el caso del nuevo decreto, cuatro preguntas resultan especialmente relevantes: ¿cuántos procedimientos se suspenden y en qué circunstancias?, ¿cuánto tardan las administraciones en ofrecer alternativas?, ¿cuántas personas consiguen mantener una vivienda estable después de la intervención? y ¿qué sucede con quienes no reúnen los requisitos legales o no consiguen acceder a los recursos?
Responderlas permitiría distinguir entre la actividad administrativa y sus resultados reales, identificar obstáculos y corregir las medidas que no estén funcionando.
Las organizaciones sociales pueden contribuir mediante el acompañamiento, la detección de necesidades y la vigilancia de los compromisos públicos. Pero la protección de los derechos no puede depender de que una persona consiga movilizar a sus vecinos, atraer la atención de los medios o recibir el apoyo de una organización. Las administraciones deben responder también a quienes viven sus dificultades en silencio y carecen de recursos para hacerse escuchar.
El nuevo decreto de vivienda, las movilizaciones y las próximas elecciones pueden abrir oportunidades para mejorar las políticas públicas. Sin embargo, su importancia no debería medirse solo por la repercusión inmediata, sino por los cambios que consigan producir en la vida de las personas. Una norma necesita aplicarse, una promesa debe cumplirse y una movilización debe traducirse en avances que permanezcan cuando desaparezca la atención mediática.
Maricarmen no pudo regresar a su casa. Su historia obliga a preguntarse qué podría haberse hecho antes y cómo evitar que otras personas atraviesen situaciones semejantes. No se trata de afirmar que todos los desahucios puedan impedirse, sino de conseguir que las instituciones intervengan a tiempo, agoten las posibilidades de protección y ofrezcan alternativas adecuadas cuando sean necesarias.
Aquí confluyen los tres tiempos que recorren este artículo: las personas necesitan respuestas urgentes, las instituciones deben proporcionarlas con garantías y los movimientos sociales pueden impulsar cambios que beneficien a toda la ciudadanía. El desafío consiste en que esos tiempos coincidan mientras todavía existen opciones para evitar el daño.
La verdadera prueba del legado de Maricarmen no será cuánto tiempo permanezca su nombre en el debate público, sino cuántas personas puedan conservar su hogar sin tener que convertirse antes en noticia.
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