Hace poco escuche una entrevista en la radio de un estudio sobre el voluntariado y confianza en las ONG. Las explicaciones se centraron en la polarización, la desinformación y los ataques que reciben las organizaciones sociales. Pero durante la exposición eché en falta una mirada hacia el interior de las organizaciones. Me pregunté si algunas de las dificultades que afrontamos no tendrán también relación con nuestros modelos organizativos, con las oportunidades de participación que ofrecemos y con la manera en que decidimos nuestras prioridades.
¿Estamos adaptando las ONG a las nuevas expectativas de compromiso ciudadano o seguimos esperando que las personas se incorporen a estructuras diseñadas para otros contextos ya pasados hace tiempo? ¿Ofrecemos oportunidades reales de influir en las decisiones de la organización o confundimos participar con colaborar en actividades previamente definidas? ¿Trabajamos sobre los problemas que más afectan a la ciudadanía o dedicamos demasiados esfuerzos a mantener proyectos que encajan en nuestras estructuras y convocatorias de financiación?
Estas preguntas no pretenden cuestionar la necesidad de las ONG. Surgen precisamente del convencimiento de que su contribución social es muy importante y de que defenderla exige algo más que denunciar las amenazas externas. La legitimidad de una organización depende de la importancia de su misión, pero también de cómo la desarrolla, de las relaciones que construye y de su capacidad para responder a una realidad cambiante.
Al revisar los estudios disponibles pude observar que los datos no permiten afirmar que el voluntariado esté disminuyendo de manera generalizada ni que la polarización explique por sí sola las transformaciones observadas. Sí muestran cambios en las formas de colaboración, dificultades para mantener compromisos estables y señales de distancia entre una parte de la ciudadanía y las organizaciones. Una persona puede ayudar a sus vecinos, participar en una emergencia o donar para una causa sin sentirse vinculada a ninguna ONG. También puede reconocer la utilidad de las entidades y desconfiar de su funcionamiento.
La solidaridad, la confianza institucional y la participación organizada son dimensiones diferentes. Confundirlas puede llevarnos a interpretar mal lo que está ocurriendo y, sobre todo, a buscar soluciones equivocadas. Quizá parte de lo que interpretamos como pérdida de compromiso sea, en realidad, una transformación de las formas de ejercerlo.
Las ONG necesitan protegerse frente a la hostilidad y la desinformación, pero también examinar qué experiencia encuentran las personas cuando se acercan a ellas, qué capacidad tienen para participar y cómo se establecen las prioridades.
La solidaridad no desaparece, pero cambian las formas de participar
El Edelman Trust Barometer 2026 sitúa en el 48 % las personas encuestadas en España que confían en que las ONG hagan lo correcto. Son cuatro puntos porcentuales menos que en 2025 y diez menos que la media de los 28 países analizados. El descenso merece atención, aunque una comparación entre dos ejercicios no permite demostrar una tendencia ni identificar sus causas. Tampoco sabemos en qué medida refleja un problema específico de las ONG o forma parte de una desconfianza más amplia hacia las instituciones.
La Encuesta de Percepción Social sobre el Tercer Sector de 2025 aporta otra señal relevante: aproximadamente una de cada cuatro personas en España manifiesta interés por la actividad de las ONG. La propia Plataforma de ONG relaciona este resultado con un creciente escepticismo hacia las organizaciones. Conviene distinguir ambas cuestiones, porque el interés por conocer o participar en una actividad no equivale a confiar en quien la desarrolla. Sin embargo, el dato plantea una pregunta: ¿por qué el reconocimiento de la utilidad social de las ONG no se traduce necesariamente en una relación más cercana con ellas?
El VII Barómetro del Tercer Sector de Acción Social permite observar otra transformación. El voluntariado esporádico ha ganado protagonismo frente al voluntariado más comprometido y permanente. Este cambio tiene consecuencias para las entidades que necesitan relaciones continuadas para proyectos de acompañamiento, apoyo educativo, cuidados o intervención comunitaria. La colaboración puntual puede ser muy valiosa, pero no siempre cubre las mismas necesidades que una participación sostenida en el tiempo. El desafío no consiste en considerar menos comprometidas a las personas que colaboran ocasionalmente, sino en comprender cómo han cambiado sus circunstancias y expectativas.
La comparación internacional introduce un matiz importante. La Charity Commission registró en 2026 que el 57 % de las personas encuestadas en Inglaterra y Gales manifestaba una confianza alta en las organizaciones benéficas, un porcentaje estable respecto al año anterior. Sus escalas y metodologías son diferentes a los estudios anteriores por lo que no podemos realizar comparaciones. Lo relevante es que los resultados no respaldan la existencia de una crisis de confianza en otros países de nuestro entorno.
El informe mundial sobre voluntariado de Naciones Unidas de 2026 amplía todavía más la perspectiva al reconocer la importancia de la ayuda informal, las redes comunitarias y otras formas de colaboración que no siempre pasan por organizaciones establecidas. La solidaridad se expresa de muchas maneras y las ONG no son sus únicas depositarias. Hoy conviven con iniciativas vecinales, redes de apoyo mutuo, plataformas digitales, activismo digital, recogidas de firmas y campañas de financiación colectiva que permiten contribuir directamente a una causa sin incorporarse a una entidad.
Este escenario no tiene por qué representar una amenaza. Puede ser una oportunidad para revisar el papel de las organizaciones y demostrar el valor que aportan: continuidad, conocimiento especializado, coordinación, protección de las personas, capacidad de incidencia y responsabilidad sobre los resultados. Las ONG no necesitan monopolizar la solidaridad, pero sí ofrecer razones convincentes para que la ciudadanía quiera canalizar parte de su compromiso a través de ellas.
La polarización convierte la defensa de derechos en motivo de sospecha
Las organizaciones sociales desarrollan su actividad en un contexto en el que determinadas actuaciones humanitarias o de defensa de derechos pueden convertirse en motivo de señalamiento. Atender a personas migrantes, denunciar situaciones de pobreza, defender la igualdad o acompañar a colectivos en situación de vulnerabilidad puede interpretarse como una declaración de adhesión partidista, incluso cuando responde directamente a la misión de la entidad. ¿En qué momento ayudar a una persona comenzó a interpretarse como una toma de posición partidista?
Se acusa a las ONG de estar «politizadas», de responder a intereses ocultos o de dedicar recursos a personas que supuestamente no merecen recibir ayuda. Al mismo tiempo, quienes reciben esa ayuda dejan de ser personas con necesidades y derechos para convertirse en «delincuentes», «menas», «invasores», «ilegales», «okupas», «vagos», «drogadictos», «aprovechados», «parásitos», «mantenidos», «vividores de paguitas» o «falsos pobres». Las etiquetas sustituyen a las personas y los prejuicios desplazan a los hechos. El debate deja entonces de centrarse en las necesidades, los derechos y la eficacia de las intervenciones para plantear una cuestión mucho más peligrosa: quién merece ser ayudado y quién no.
El estudio cualitativo del VII Barómetro del Tercer Sector de Acción Social examina discursos que cuestionan las motivaciones, la independencia y la financiación de las organizaciones. Una de las consecuencias de estas narrativas es que la sospecha puede extenderse al conjunto del sector. Una acusación contra una entidad, incluso cuando no ha sido demostrada, termina utilizándose para desacreditar a organizaciones que desarrollan actividades completamente diferentes. Conviene distinguir entre las críticas concretas, que requieren respuestas, y los intentos de cuestionar indiscriminadamente la legitimidad de la acción social.
Esta situación obliga a afrontar una pregunta de fondo: ¿defender los derechos humanos significa tomar partido políticamente? La defensa de derechos tiene una dimensión política porque implica cuestionar decisiones públicas, denunciar injusticias y reclamar cambios. Pero mantener un compromiso con los derechos humanos no equivale a identificarse con un partido. Una ONG independiente debe poder exigir coherencia a cualquier gobierno, administración, empresa o financiador, aplicando los mismos principios con independencia de quién ejerza el poder.
La independencia no consiste, por tanto, en evitar posiciones incómodas, sino en poder justificarlas desde la misión de la organización y mantenerlas con criterios coherentes. Esa independencia debe demostrarse mediante las decisiones, la transparencia y la capacidad para cuestionar también a quienes proporcionan apoyo institucional o económico. ¿Seríamos capaces de mantener una denuncia si afectara a una administración que financia nuestros proyectos?
La desinformación agrava estas dificultades. Una imagen fuera de contexto, una cifra falsa o una acusación repetida pueden difundirse con rapidez y obligar a la organización afectada a dedicar tiempo y recursos a aclarar los hechos. La hostilidad puede tener, además, consecuencias sobre la seguridad y el bienestar del personal remunerado, voluntariado y personas atendidas. El informe de National Council for Voluntary Organisations sobre los desafíos de las entidades en sociedades divididas recoge experiencias de intimidación y alteración de actividades que muestran cómo estas presiones pueden afectar al trabajo cotidiano, aunque sus testimonios no permitan medir la extensión del fenómeno en todo el sector.
Proteger a las ONG frente a las amenazas, el hostigamiento y la desinformación es una responsabilidad democrática. Nadie debería sufrir intimidación por atender a una persona en situación de vulnerabilidad o defender un derecho. Pero esa protección no puede convertirse en inmunidad frente al escrutinio público. Preguntar cómo se utilizan los recursos, cuestionar una decisión o denunciar una mala práctica constituye una forma legítima de control ciudadano. La diferencia está entre exigir explicaciones sobre hechos concretos y promover acusaciones falsas o descalificaciones indiscriminadas.
Las organizaciones necesitan responder a ambas situaciones de manera diferente: firmeza frente a la intimidación y apertura frente a la crítica fundamentada. Reconocer un error, explicar sus causas y corregirlo puede fortalecer la confianza mucho más que una defensa automática de cualquier decisión. La legitimidad de una causa no convierte en acertadas todas las actuaciones realizadas en su nombre.
La profesionalización no siempre ha ido acompañada de más participación
Las amenazas externas son reales, pero no explican todas las dificultades que pueden aparecer en la relación entre las ONG y la ciudadanía. También necesitamos preguntarnos qué experiencia encuentra una persona cuando decide acercarse a una entidad para colaborar. ¿Se siente acogida, escuchada y útil? ¿Encuentra posibilidades de desarrollar sus capacidades o se le asigna una tarea previamente definida sin apenas margen de iniciativa?
En los últimos años, muchas organizaciones han mejorado sus capacidades profesionales. Gestionan proyectos complejos, cumplen exigencias administrativas, desarrollan sistemas de calidad y han incorporado conocimientos técnicos especializados. Estos avances han permitido ampliar servicios y mejorar intervenciones. Sin embargo, la profesionalización no garantiza por sí sola una mayor participación ni estructuras de decisión más abiertas. Una organización puede gestionar eficazmente proyectos de gran envergadura y mantener órganos de gobierno poco accesibles. Puede defender la participación ciudadana mientras reserva las decisiones importantes a un grupo reducido. También puede hablar de innovación social y seguir ofreciendo al voluntariado tareas rígidas, horarios difíciles de compatibilizar con la vida cotidiana y escasas posibilidades de iniciativa.
Las consecuencias se aprecian en situaciones concretas. Una persona propone una mejora y nunca obtiene respuesta; otra ofrece conocimientos que la entidad no sabe incorporar; alguien desea colaborar, pero solo encuentra actividades incompatibles con sus responsabilidades familiares o laborales. Una persona usuaria puede participar en una campaña de sensibilización y, al mismo tiempo, carecer de oportunidades para influir en el proyecto que afecta directamente a su vida. No se trata de situaciones que debamos atribuir a todas las ONG, sino de experiencias que cada organización debería contrastar con su propia práctica.
Cuando se producen, revelan una distancia entre el discurso participativo y la capacidad real de las personas para influir en lo que ocurre. Invitar a participar no basta si participar significa únicamente ejecutar decisiones tomadas por otros. ¿Estamos dispuestos a compartir poder o preferimos una participación que no cuestione nuestras decisiones?
Un metaanálisis de Forner y colaboradores, publicado en 2024, reunió 117 estudios con información sobre 55.335 personas voluntarias. Sus resultados identifican relaciones relevantes entre la permanencia o el abandono y factores como la satisfacción, el compromiso, el apoyo organizativo, la comunicación y la calidad de la relación con quienes coordinan la actividad. No significa que todos los abandonos respondan a problemas de gestión, pero sí que las organizaciones pueden influir en condiciones importantes para sostener la participación.
También cuentan las circunstancias personales. El estudio británico Time Well Spent 2023 muestra que los cambios en la disponibilidad de tiempo constituyen una razón importante para dejar de colaborar. El empleo, los cuidados, la salud o un cambio de residencia pueden dificultar la continuidad incluso cuando la experiencia ha sido satisfactoria. Comprender estas situaciones exige abandonar una interpretación sencilla del compromiso: no toda persona que deja de colaborar ha perdido su motivación, ni toda participación ocasional representa una implicación menor.
La respuesta pasa por ofrecer distintas posibilidades de colaboración, mejorar la acogida, acompañar adecuadamente y aprovechar las capacidades de las personas. Pero también por revisar quién participa en las decisiones.
Esta cuestión conecta directamente con la rendición de cuentas. Ebrahim señaló hace años cómo los mecanismos de responsabilidad dirigidos a financiadores podían adquirir mayor protagonismo que los orientados a las comunidades. La pregunta sigue siendo pertinente: ¿dedicamos tanto esfuerzo a explicar nuestras decisiones a las personas afectadas como a justificar nuestros gastos ante quienes nos financian?
Publicar cuentas, memorias e indicadores es indispensable, pero no suficiente. También debemos explicar qué hacemos con las propuestas recibidas, cómo incorporamos las críticas y qué decisiones han cambiado gracias a la participación. Una organización verdaderamente abierta no es aquella en la que todo el mundo puede hablar, sino aquella en la que existen procedimientos para que las aportaciones tengan consecuencias.
¿Estamos trabajando sobre los problemas que más importan?
La tercera cuestión es probablemente la más incómoda, porque afecta al sentido de nuestra actividad. ¿Estamos respondiendo a las necesidades más relevantes o dedicamos demasiados esfuerzos a mantener proyectos que encajan en nuestras estructuras y convocatorias de financiación? ¿Quién decide qué problemas merecen nuestra atención y cuáles quedan fuera?
Cada ONG tiene una misión y un ámbito de actuación. No sería razonable exigir que todas respondieran a todos los problemas sociales. La especialización permite desarrollar conocimientos y capacidades que difícilmente podrían mantenerse de otro modo. Sin embargo, también puede favorecer una visión fragmentada de situaciones que, en la vida de las personas, están profundamente relacionadas.
Una entidad que trabaja con personas mayores puede descubrir que el aislamiento no se resuelve únicamente mediante actividades de acompañamiento, porque también intervienen el transporte, la accesibilidad o las dificultades para recibir cuidados. Una organización dedicada a la infancia puede comprobar que los avances educativos se ven limitados por la inestabilidad residencial de las familias. Otra que acompaña procesos de inserción laboral puede encontrarse con personas que acceden a un empleo y continúan sin poder afrontar sus necesidades básicas. Estos ejemplos muestran por qué resulta necesario revisar periódicamente los diagnósticos y reconocer las conexiones entre problemas. La especialización aporta valor cuando permite comprender mejor una realidad, pero puede convertirse en una limitación si impide mirar más allá de los proyectos que gestionamos.
La cuestión afecta también a la forma en que decidimos nuestras prioridades. ¿Qué peso tienen las necesidades expresadas por las personas atendidas, la experiencia de los equipos y los datos disponibles? ¿Cuánto influyen las convocatorias públicas, los proyectos consolidados y la necesidad de mantener la estructura? La financiación condiciona inevitablemente la actividad de las organizaciones, pero conviene distinguir entre adaptar los medios disponibles a la misión y modificar progresivamente la misión para encajar en las oportunidades de financiación. El riesgo aparece cuando dejamos de buscar financiación para responder a las necesidades y empezamos a definir las necesidades en función de lo que podemos financiar.
Ese desplazamiento no tiene por qué producirse de manera consciente. Puede surgir de decisiones aparentemente razonables: mantener una actividad porque cuenta con financiación estable, ampliar un proyecto porque existe una nueva convocatoria o evitar un problema emergente porque no encaja en ninguna línea presupuestaria. Con el tiempo, la organización puede terminar dedicando más energía a sostener su funcionamiento que a revisar si sus intervenciones siguen siendo las más adecuadas.
La evaluación debería ayudarnos a detectar estas situaciones. Ejecutar correctamente un proyecto, justificar sus gastos y cumplir los indicadores comprometidos demuestra capacidad de gestión, pero no necesariamente que hayamos abordado el problema de la mejor manera posible. Necesitamos conocer qué cambios se producen en la vida de las personas, qué necesidades permanecen sin respuesta y qué resultados justifican mantener, transformar o abandonar determinadas actividades. ¿Nos atreveríamos a cerrar un proyecto que funciona administrativamente si descubriéramos que su impacto social es limitado?
Revisar las prioridades tampoco significa limitarse a seguir las preocupaciones más visibles o populares. Las ONG tienen una responsabilidad especial con quienes encuentran mayores dificultades para hacerse escuchar. En ocasiones, su contribución más importante consiste precisamente en defender una necesidad ignorada, anticipar un problema o reclamar un derecho que no cuenta con suficiente respaldo social. ¿Cómo equilibrar la escucha de las preocupaciones mayoritarias con la defensa de quienes carecen de capacidad para situar sus necesidades en la agenda pública?
Por tanto, la relevancia no debe confundirse con popularidad. Una organización necesita combinar la escucha de las comunidades, el análisis de la realidad, el conocimiento profesional y la fidelidad a su misión. También debe establecer alianzas cuando los problemas superan su capacidad de respuesta, evitando que las fronteras entre entidades se conviertan en obstáculos para las personas.
No disponemos de evidencia suficiente para afirmar que el conjunto de las ONG se haya alejado de los problemas estratégicos de la ciudadanía. Esa conclusión sería injustificada. Lo que sí podemos pedir a cada organización es que explique con claridad por qué elige determinadas prioridades, quién participa en su definición y qué resultados justifican mantenerlas. Y, sobre todo, qué tendría que ocurrir para que estuviera dispuesta a cambiarlas.
Defender a las ONG también exige revisar cómo funcionan
La polarización, la experiencia de participación y la relevancia de las prioridades son dimensiones diferentes. Los estudios disponibles no permiten establecer una relación causal general entre ellas, pero examinarlas conjuntamente ayuda a comprender algunos de los desafíos que afrontan las organizaciones. Quizá estemos buscando una explicación demasiado sencilla para un problema que tiene varias causas.
Una ONG con escasos vínculos directos con la ciudadanía puede encontrar más dificultades para responder a una campaña de descrédito. Una entidad sometida a hostilidad puede verse tentada a reducir su exposición pública y limitar los espacios de conversación. Si, además, sus prioridades resultan difíciles de explicar, puede perder oportunidades para construir nuevas relaciones de apoyo. No es un diagnóstico aplicable a todo el sector, sino un conjunto de riesgos que merece atención.
La respuesta no puede reducirse a mejorar la comunicación. Explicar mejor lo que hacemos es necesario, pero ninguna campaña puede compensar indefinidamente una participación frustrante, decisiones opacas o proyectos cuya utilidad no sabemos demostrar. La confianza se construye cuando existe coherencia entre el discurso y la experiencia real de relacionarse con una organización. ¿Necesitamos comunicar mejor o tenemos también que ofrecer experiencias que merezcan ser comunicadas?
Por eso, defender a las ONG y promover su transformación no son objetivos contradictorios. Necesitamos protegerlas frente a la intimidación, los bulos y los intentos de desacreditar su labor, al tiempo que fortalecemos su capacidad para escuchar, compartir decisiones, rendir cuentas y revisar sus prioridades.
La defensa sin autocrítica puede terminar convirtiéndose en una protección corporativa de las prácticas existentes. Pero una autocrítica que ignore las amenazas externas también puede debilitar injustamente a organizaciones que desempeñan funciones esenciales. El desafío consiste en mantener ambas responsabilidades sin utilizar una como excusa para eludir la otra.
Diez compromisos para fortalecer la confianza y la participación
Recuperar la confianza no depende de una medida aislada ni puede conseguirse únicamente mediante campañas de sensibilización. Requiere cambios que las organizaciones puedan incorporar a su funcionamiento y cuyos resultados sea posible comprobar.
- Escuchar también a quienes se alejan. Conocer las razones por las que algunas personas abandonan el voluntariado, dejan de colaborar o nunca llegan a incorporarse. Preguntar a las comunidades qué esperan de la entidad y comunicar qué decisiones se adoptan a partir de sus aportaciones. La escucha debe incluir a quienes tienen menos oportunidades para expresar sus necesidades.
- Adaptar la participación a la vida de las personas. Ofrecer modalidades de colaboración puntuales, periódicas y estables, con tareas comprensibles y condiciones compatibles con distintas situaciones personales. Cuando una actividad requiera continuidad, explicar su importancia y proporcionar los apoyos necesarios para sostenerla.
- Mejorar la experiencia de quienes colaboran. Responder a las solicitudes, cuidar la acogida, proporcionar formación y acompañamiento, aprovechar las capacidades disponibles y reconocer las aportaciones. Evaluar periódicamente la satisfacción de las personas voluntarias y las dificultades que encuentran.
- Compartir capacidad real de decisión. Abrir espacios efectivos para que el voluntariado, la base social y las personas atendidas influyan en los asuntos que les afectan. Definir con transparencia qué decisiones pueden tomar y comprobar si sus propuestas producen cambios. Consultar implica estar dispuesto a modificar decisiones previamente previstas.
- Renovar los órganos de gobierno. Favorecer el relevo, ampliar la diversidad de experiencias y revisar las barreras de acceso a las responsabilidades directivas. Establecer mecanismos para prevenir conflictos de intereses y evaluar el funcionamiento de quienes dirigen la organización.
- Rendir cuentas sobre resultados, no solo sobre gastos. Explicar de manera accesible cómo se utilizan los recursos, qué cambios se consiguen, qué dificultades persisten y qué errores se han cometido. Dar tanta importancia a la información destinada a las comunidades como a la exigida por los financiadores.
- Proteger a las personas frente al hostigamiento. Establecer procedimientos para responder a la desinformación, documentar amenazas y apoyar a profesionales, voluntariado y personas atendidas. Diferenciar las acusaciones falsas de las críticas legítimas y coordinar respuestas con otras organizaciones cuando sea necesario.
- Defender la misión con independencia. Mantener criterios coherentes ante gobiernos, partidos, empresas y financiadores. Justificar los posicionamientos públicos desde los fines de la entidad y revisar si las condiciones de financiación están desplazando las prioridades respecto a las necesidades detectadas.
- Construir respuestas con la comunidad. Colaborar con asociaciones vecinales, centros educativos, redes de apoyo mutuo y otros actores del territorio. Compartir conocimiento, coordinar actuaciones y abordar conjuntamente los problemas que superan la capacidad de una sola organización.
- Revisar las prioridades y evaluar los resultados. Contrastar periódicamente las actividades con las necesidades sociales y comprobar qué cambios producen. Decidir qué mantener, transformar o abandonar, asignando responsables, plazos e indicadores que permitan valorar los avances.
La confianza no se reclama: se construye
Vuelvo a aquella entrevista que dio origen a esta reflexión. La polarización y la desinformación son amenazas que debemos afrontar, pero si explicamos todas nuestras dificultades por lo que ocurre fuera de las organizaciones, corremos el riesgo de dejar sin respuesta preguntas que dependen de nosotros.
No toda persona que deja de colaborar ha perdido su compromiso. No toda crítica es un ataque. Y no toda actividad bien gestionada responde necesariamente a una prioridad bien elegida. Aceptar estas distinciones no debilita al Tercer Sector: le permite comprender mejor su realidad y reconocer dónde puede actuar.
Las ONG siguen siendo necesarias porque hay derechos que defender, necesidades que atender y desigualdades que combatir. Pero su legitimidad no procede únicamente de la importancia de su misión. También depende de cómo la desarrollan, de las relaciones que construyen y de su capacidad para corregir aquello que no funciona.
La solidaridad no pertenece a ninguna organización. Existe antes que ellas y seguirá encontrando caminos para expresarse. El reto de las ONG es continuar siendo uno de esos caminos, ofreciendo a las personas razones para confiar, oportunidades reales de participar y respuestas relevantes para sus vidas.
Porque las ONG no solo necesitan la confianza de la ciudadanía para cumplir su misión. También pueden contribuir a reconstruir la confianza que una sociedad polarizada está perdiendo.
Referencias y lecturas complementarias
No todas las referencias se utilizan directamente en el texto. Algunas fundamentan afirmaciones concretas y otras ofrecen marcos de interpretación o posibilidades para profundizar. Su inclusión responde a una doble intención: sostener el análisis en evidencias y facilitar que quienes deseen continuar la reflexión puedan hacerlo desde fuentes diversas, incluso cuando sus conclusiones no sean coincidentes.
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