Durante julio de 2025, el municipio murciano de Torre Pacheco vivió uno de los episodios de violencia racista más graves de los últimos años en España. Lo que comenzó con una agresión individual derivó en cacerías racistas, ataques organizados, bulos viralizados y una profunda fractura en la convivencia.
Este no fue un estallido espontáneo. Fue el resultado de un discurso de odio sistemático, amplificado por redes sociales, legitimado por relatos políticos y sostenido por una preocupante pasividad institucional. Como explica la pirámide del odio, la violencia extrema no empieza con agresiones: empieza con prejuicios normalizados, chistes hirientes, lenguaje excluyente y desinformación que deshumaniza.
🧩 Porque el racismo no es solo un problema individual, sino estructural. Y donde el odio no se enfrenta, se organiza. Y ataca.
2.1. El detonante: la agresión a Domingo
2.2. La escalada: cacerías racistas y disturbios
3.1. Definición general del discurso de odio
3.2. Características fundamentales
3.3. El discurso de odio como antesala del delito de odio
4.1. La desinformación como catalizador
5.2. Tres motores estructurales del odio contemporáneo
5.2.1. Instrumentalización política de la inmigración
5.2.2. Desinformación y odio digital
5.2.3. Invisibilización institucional del racismo y del odio estructural
5.3. El odio no impacta por igual: interseccionalidad, género y exclusión múltiple
6.1. Reforzar el marco legal y penal: adaptar el derecho a la era digital del odio
6.2. Educación antirracista y formación docente: prevenir el odio desde la raíz
6.3. Sociedad civil y tercer sector: escudo democrático frente al odio
6.4. Construir convivencia desde lo local: municipios como escudo frente al odio
6.5. Cooperación internacional: alianzas transnacionales frente al odio y la exclusión
Conclusión: el tiempo de la inacción ha terminado
1. Introducción
Durante la segunda quincena de julio de 2025, el municipio murciano de Torre Pacheco —de apenas 40.000 habitantes y con un 30% de población extranjera, principalmente de origen marroquí— se convirtió en el escenario de uno de los estallidos de violencia motivada por odio más graves de los últimos años en España. Lo que comenzó como una agresión violenta acabó derivando en noches de disturbios, ataques xenófobos organizados y una oleada de desinformación, que dejaron una profunda herida en la convivencia local y un mensaje inquietante para el conjunto del país.
Este episodio no puede entenderse únicamente como un conflicto vecinal ni como una reacción puntual: forma parte de una tendencia alarmante en Europa, donde los delitos de odio —especialmente por motivos racistas, xenófobos, religiosos o por identidad— se han intensificado, diversificado y digitalizado, poniendo en riesgo la cohesión democrática. En este contexto, Torre Pacheco funciona como un espejo: refleja no solo la persistencia del racismo estructural, sino también la creciente organización y legitimación social de múltiples formas de violencia motivada por prejuicio.
2.1. El detonante: la agresión a Domingo
El 9 de julio de 2025, Domingo Tomás Domínguez, un vecino de 68 años, fue brutalmente agredido mientras paseaba a primera hora de la mañana cerca del cementerio municipal. Según su relato, tres jóvenes de origen magrebí, sin mediar palabra ni intento de robo, lo golpearon con gran violencia, causándole heridas graves, especialmente en el rostro.
El autor material del ataque, Issam B., de 19 años, fue detenido días después en Rentería (Guipúzcoa), cuando intentaba huir hacia Francia. Contaba con antecedentes por robo con violencia y fue ingresado en prisión provisional sin fianza. Los otros dos implicados, también de nacionalidad marroquí, fueron arrestados por omisión del deber de socorro. Cabe subrayar que ninguno de los tres residía en Torre Pacheco.
La agresión por su brutalidad y el perfil de los agresores fueron rápidamente instrumentalizados en redes sociales y foros ultras para construir una narrativa racista, que presentaba el ataque como ejemplo de una supuesta amenaza generalizada por parte de la población migrante. Esta interpretación sirvió de catalizador para una escalada posterior de violencia organizada
2.2. La escalada: cacerías racistas y disturbios
Tras la agresión grupos de ultraderecha aprovecharon el suceso para impulsar una ofensiva organizada contra la población migrante, especialmente marroquí, articulada en torno a un discurso de odio y venganza colectiva. A través de redes sociales —en particular Telegram— se convocaron entre los días 15 y 17 de julio acciones denominadas “cacerías” y “patrullas vecinales”, con una retórica explícitamente violenta.
El grupo xenófobo Deport Them Now UE difundió mensajes como “justicia directa” y “barrida étnica”, incitando de forma pública y reiterada a cometer actos delictivos contra personas por su origen. Su líder fue detenido en Mataró (Barcelona) por un presunto delito de incitación al odio. La Guardia Civil desmanteló varios de sus canales de comunicación digital, utilizados para coordinar estas acciones.
Entre el 12 y el 17 de julio, Torre Pacheco vivió un clima de violencia continuada, con características propias de una campaña de delitos de odio colectivos: agresiones a menores racializados, ataques a negocios regentados por personas migrantes —como el asalto a un restaurante kebab por parte de medio centenar de individuos armados con bates y gas pimienta—, y enfrentamientos nocturnos en el barrio de San Antonio, donde reside la mayor parte de la comunidad marroquí. La situación se asemejó por momentos a un estado de asedio: comercios cerrados, familias encerradas en sus casas por miedo y una sensación generalizada de abandono institucional.
Lo ocurrido no puede entenderse como simples disturbios urbanos. Se trató de acciones sistemáticas, motivadas por prejuicios étnicos y raciales, organizadas con voluntad de intimidación, exclusión y castigo colectivo. La violencia ejercida buscaba enviar un mensaje a toda una comunidad: no pertenecéis.
2.3. Los discursos de odio
En el estallido de violencia racista ocurrido en Torre Pacheco en julio de 2025, se identifican con claridad los elementos clave de un discurso de odio:
| Elemento | Manifestación en Torre Pacheco |
| Grupo diana | Personas migrantes de origen marroquí o magrebí |
| Lenguaje discriminatorio | Términos como “barrida étnica” y “justicia directa” en canales de Telegram |
| Difusión online | Uso de Telegram, vídeos falsos, memes, bulos y perfiles con estética “oficial” |
| Vínculo con hechos de violencia | Agresiones colectivas, disturbios, ataques a comercios y menores racializados |
| Estrategia política implícita | Narrativa de amenaza cultural, criminalización de la población migrante, desinformación sistemática |
El grupo Deport Them Now UE y sus seguidores no solo promovieron discursos de odio, sino que lo hicieron con una estrategia comunicativa organizada, apelando a emociones como el miedo, la venganza y el agravio étnico. La desinformación actuó como catalizador, en un contexto donde la institucionalidad fue lenta o ineficaz en su respuesta.
3. ¿Qué es un discurso de odio y cómo se relaciona con el caso de Torre Pacheco?
3.1. Definición general del discurso de odio
No existe una definición universalmente aceptada, pero organismos internacionales como Naciones Unidas han establecido marcos de referencia sólidos. Según la Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre el Discurso de Odio, se entiende por discurso de odio:
“Todo tipo de comunicación oral, escrita o conductual que ataque o utilice un lenguaje peyorativo o discriminatorio contra una persona o un grupo por su identidad —ya sea por su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad—.”
Este tipo de discurso puede expresarse tanto online como offline, y puede adoptar múltiples formas: memes, vídeos, textos, símbolos, etc.
3.2. Características fundamentales
De acuerdo con la ONU, un discurso de odio:
- Se basa en factores de identidad reales o percibidos (raza, religión, género, orientación sexual, etc.).
- Tiene un contenido peyorativo o discriminatorio, es decir, prejuzga, degrada o incita al desprecio.
- Puede difundirse a través de múltiples canales y con lenguajes simbólicos o visuales que refuerzan estereotipos o justifican agresiones.
3.3. El discurso de odio como antesala del delito de odio
El discurso de odio no es una mera expresión polémica. Numerosos estudios y organismos internacionales alertan de su capacidad para:
- Deshumanizar colectivamente a grupos sociales.
- Crear climas de impunidad simbólica, donde la agresión parece una “respuesta justificada”.
- Preceder y facilitar la comisión de delitos de odio físicos, especialmente cuando se difunde sistemáticamente en contextos de tensión social.
4. El papel de la desinformación y la escalada del odio
4.1. La desinformación como catalizador
La escalada de violencia en Torre Pacheco no puede entenderse sin tener en cuenta el impacto de una campaña masiva de desinformación, que actuó como combustible emocional y político para justificar, legitimar y amplificar los ataques. A través de redes sociales y canales de mensajería, circularon vídeos descontextualizados que no pertenecían a los hechos, listas con nombres de supuestos agresores sin base alguna y comunicados falsamente atribuidos al Ayuntamiento. Estas piezas virales, muchas de ellas con estética «oficial«, generaron un clima de alarma social, histeria colectiva y desinformación sistemática.
La propagación de estos contenidos no fue accidental ni neutral: formó parte de una estrategia de fabricación de narrativa racista que presentó a toda una comunidad como sospechosa, peligrosa o culpable por asociación. Este tipo de contenidos facilitan e incentivan los delitos de odio, al crear un contexto simbólico que naturaliza la violencia como “respuesta” y refuerza estereotipos profundamente arraigados sobre la criminalidad asociada al origen migrante o racializado.
En este sentido, la desinformación no actúa solo como un fenómeno paralelo, sino como una forma de incitación indirecta al odio, que en muchos casos desencadena o agrava delitos, especialmente cuando la información difundida tiene como objetivo señalar, difamar o incitar a la acción contra grupos específicos por motivos de raza, origen o religión. Tal como advierten organismos internacionales como la OSCE y la Comisión Europea, el discurso de odio digital y los bulos racistas son formas contemporáneas de violencia estructural, especialmente peligrosas por su viralidad y difícil trazabilidad.
El caso de Torre Pacheco es un ejemplo paradigmático de cómo la guerra de relatos puede preceder y facilitar la violencia física, contribuyendo a crear un entorno permisivo para los delitos de odio, donde la desinformación no solo sustituye a la verdad, sino que la convierte en una amenaza.
4.2. La Pirámide de Odio
La pirámide del odio es una herramienta visual y pedagógica ampliamente utilizada para explicar cómo las formas más sutiles de prejuicio y exclusión pueden escalar progresivamente hacia formas graves de violencia, incluyendo el genocidio, si no se interviene a tiempo.
Este modelo fue inicialmente desarrollado por la organización Anti-Defamation League (ADL) y ha sido adaptado y validado por organismos de derechos humanos, instituciones educativas y políticas públicas de prevención del odio. Su lógica se basa en la idea de escalada: los actos más extremos se sustentan sobre la normalización de actitudes aparentemente “menores”.
Pirámide del odio: niveles y significados
| Nivel | Descripción | Ejemplos |
| 1. Estereotipos y prejuicios | Ideas generalizadas, desinformadas o negativas sobre un grupo. | Chistes racistas, lenguaje excluyente, miedo a lo diferente. |
| 2. Cosificación y deshumanización | Ver a otras personas como ajenas, peligrosas o inferiores. | Hablar de “avalanchas”, “plagas”, “invasores”; dividir entre “nosotros/as” y “ellos/as”. |
| 3. Discurso de odio | Comunicación que humilla, ridiculiza o incita al desprecio por la identidad de alguien. | Insultos, difamaciones, bulos, memes ofensivos, acoso online o presencial. |
| 4. Discriminación estructural | Exclusión sistemática y desigualdad institucionalizada. | Negación de servicios, barreras en el empleo, segregación escolar o residencial. |
| 5. Violencia física | Ataques concretos motivados por odio. | Agresiones, vandalismo, violencia sexual o asesinatos con sesgo de odio. |
| 6. Genocidio | Exterminio planificado de un grupo por su identidad. | Holocausto, Ruanda, Bosnia, Armenia. |
¿Por qué es importante esta pirámide?
- Muestra que el odio no surge de la nada: comienza con palabras, bromas o actitudes aparentemente inofensivas.
- Advierte del riesgo de la normalización: cuando los niveles inferiores no se confrontan, se legitima el ascenso hacia la violencia.
- Guía políticas públicas preventivas: fomenta intervenciones en las primeras etapas (educación, regulación del discurso, participación comunitaria).
- Enseña que todos los niveles están conectados: no hay discurso de odio sin estereotipos previos, ni genocidio sin deshumanización sistemática.
4.3. El papel de los medios tradicionales: entre la amplificación del odio y la ausencia de contrarrelato
La escalada de violencia en Torre Pacheco no puede explicarse sin analizar también el rol que desempeñaron los medios de comunicación tradicionales —prensa escrita, televisión y radio— en la construcción del relato público. Aunque gran parte de la convocatoria y coordinación de los ataques se dio a través de plataformas digitales, la manera en que los medios abordaron la noticia contribuyó, en muchos casos, a reforzar la alarma social, alimentar el prejuicio racial y diluir la responsabilidad colectiva frente al odio.
En las primeras horas tras la agresión a Domingo Tomás, numerosos medios locales y estatales se centraron en el perfil étnico y nacional de los agresores, omitiendo información clave como el hecho de que ninguno residía en el municipio o que uno de ellos tenía antecedentes por robo, pero no por delitos violentos con motivación ideológica. Esta narrativa inicial —centrada en el “origen” de los agresores— contribuyó a reforzar el vínculo automático entre migración y violencia, una asociación históricamente construida y reforzada mediáticamente.
Paralelamente, algunos titulares de prensa usaron expresiones alarmistas y ambiguas como «caos en Torre Pacheco», «vecinos claman por justicia», o «la tensión se apodera del municipio», sin especificar que muchas de las «reacciones vecinales» eran en realidad coordinadas por grupos de ultraderecha llegados desde otras ciudades. Esta cobertura ambigua ofreció una pátina de legitimidad a la violencia xenófoba y diluyó la gravedad de lo que estaba ocurriendo: delitos de odio organizados.
Aunque algunos medios rectificaron en días posteriores, y periodistas locales intentaron visibilizar el impacto de la violencia en la comunidad marroquí, la cobertura dominante durante las primeras 72 horas reforzó una narrativa del “problema migratorio”, en lugar de subrayar la gravedad del racismo organizado.
A diferencia de otras crisis mediáticas, la contranarrativa antirracista fue marginal en los grandes medios generalistas. Salvo algunas columnas de opinión y breves intervenciones en programas de radio o televisión pública, el enfoque estructural del racismo, la crítica a la inacción institucional o el rol activo de la desinformación digital quedaron en gran medida relegados a medios alternativos, redes sociales y portales especializados en derechos humanos.
Este desequilibrio comunicativo refuerza una tendencia alarmante: frente a episodios de odio, los grandes medios tienden a reproducir el marco de “conflicto entre partes” o de “problemas de convivencia”, evitando señalar el carácter estructural y sistemático de la violencia racista. La neutralidad aparente se convierte así en una forma de complicidad pasiva, donde el silencio o la ambigüedad legitiman el avance del odio.
Tal como ha planteado Van Dijk, los medios no solo informan: construyen imaginarios. Y cuando estos imaginarios colocan a las personas migrantes como “otros peligrosos”, a los agresores como “vecinos indignados” y a los ataques como “incidentes” o “disturbios”, se está participando —aunque sea de forma indirecta— en la arquitectura simbólica del racismo contemporáneo.
Frente a esta realidad, se hace urgente repensar el papel de los medios como agentes de convivencia democrática. No basta con informar: hay que hacerlo con responsabilidad, rigor, contextualización y compromiso con los derechos humanos.
5. Más allá de Torre Pacheco: un síntoma del racismo europeo contemporáneo
5.1. Una tendencia en ascenso
Los hechos ocurridos en Torre Pacheco no son una anomalía local ni un brote aislado de intolerancia: forman parte de una tendencia europea alarmante de incremento sostenido de la discriminación, el odio y la violencia motivada por prejuicios, que se manifiesta tanto en el plano estructural como en el penal.
Según datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA), casi la mitad de las personas negras en Europa han sufrido discriminación racial en los últimos doce meses (45% en 2022 frente al 39% en 2016), con cifras que superan el 65% en países como Austria y Alemania. Estos porcentajes no solo expresan desigualdades: se traducen cada vez más en incidentes graves de odio, agresiones físicas, acoso o amenazas, muchos de ellos sin denuncia ni sanción.
Paralelamente, el auge electoral y cultural de la extrema derecha refuerza este panorama. En 2024, los partidos de corte ultranacionalista alcanzaron el 22% del Parlamento Europeo, siendo la primera fuerza en países como Francia, Italia, Hungría, Austria, Bélgica y Eslovenia. Este crecimiento no se limita al terreno electoral: ha contribuido a la normalización del discurso de odio, a la banalización de la violencia contra grupos vulnerables y al cuestionamiento abierto de políticas de igualdad, migración o diversidad cultural.
En este contexto, los delitos de odio se han multiplicado tanto en número como en variedad de motivaciones: racismo, islamofobia, LGTBIfobia, gitanos, aporofobia, entre otros. Su incremento no responde únicamente a “tensiones sociales”, sino a un clima político donde determinados prejuicios reciben cobertura mediática, legitimación institucional y respaldo implícito. Los discursos que promueven la desigualdad como «opinión legítima» abren la puerta a la violencia como «respuesta razonable«.
Torre Pacheco es, por tanto, una expresión local de una dinámica europea. Allí donde el odio se tolera, se organiza. Y donde se organiza, ataca.
5.2. Tres motores estructurales del odio contemporáneo
Detrás de los episodios de violencia como los vividos en Torre Pacheco subyacen dinámicas estructurales que no solo alimentan el racismo y la xenofobia, sino que constituyen el caldo de cultivo de delitos de odio: narrativas políticas legitimadoras, desinformación digital y estructuras institucionales que normalizan la desigualdad. Comprenderlas es clave para desmontar el marco que permite que el odio no solo exista, sino que actúe impunemente.
5.2.1. Instrumentalización política de la inmigración
Una de las estrategias más eficaces del populismo de extrema derecha ha sido convertir la inmigración en un objeto de confrontación política y emocional, presentando a las personas migrantes —y especialmente a las racializadas— como amenazas a la seguridad, la identidad cultural o el sostenimiento de los servicios públicos.
Este discurso, repetido por líderes políticos, medios de comunicación y redes sociales, sirve de justificación simbólica para la exclusión social y, en muchos casos, para actos de delitos de odio. Cuando una parte de la población es sistemáticamente representada como sospechosa, violenta o invasora, el paso de la palabra al ataque se convierte en una extensión lógica de esa narrativa.
En contextos marcados por la precariedad y la desigualdad, este mecanismo encuentra terreno fértil. Los discursos que culpan a la migración de los males estructurales desvían la atención de las verdaderas causas —modelo económico, desinversión pública, desprotección laboral— y abren la puerta al odio como forma de canalización del malestar social.
5.2.2. Desinformación y odio digital
La esfera digital se ha convertido en una autopista para la propagación de odio, mentiras y llamadas a la violencia, especialmente a través de plataformas con escasa o nula moderación de contenidos. Telegram, foros anónimos, canales de YouTube o TikTok actúan como entornos donde se cocinan y difunden discursos de odio que luego se traducen en acciones físicas, coordinadas y masivas.
Esta dimensión digital del odio no solo refuerza los estereotipos, sino que facilita la organización de delitos: identificaciones públicas de supuestos agresores, mapas de comercios “enemigos”, convocatorias de ataques disfrazadas de “patrullas vecinales” o memes que trivializan la violencia racista.
La expansión del odio racial no puede analizarse sin considerar el papel activo de las plataformas y sus algoritmos. Como advierte Safiya Umoja Noble en Algorithms of Oppression, los sistemas de recomendación y los motores de búsqueda no son neutrales: amplifican sesgos estructurales, refuerzan los imaginarios racistas predominantes y contribuyen a la normalización del discurso de odio, incluso cuando este no se presenta de forma explícita. La arquitectura misma de estas plataformas prioriza el contenido emocionalmente polarizante —como el racismo, la xenofobia o el miedo— porque garantiza más tiempo de visualización y mayor rentabilidad comercial.
No basta con señalar la “desinformación” como un problema técnico: se trata de una falla estructural en la gobernanza algorítmica de la información. Plataformas como Telegram o TikTok no son solo canales de transmisión, sino entornos donde los discursos de odio se reconfiguran, se viralizan y se legitiman socialmente. El diseño de sus algoritmos influye directamente en qué contenidos se ven, qué emociones se movilizan y qué cuerpos son señalados como amenazas.
El ritmo y la escala de propagación de estos contenidos superan la capacidad de respuesta de los marcos jurídicos tradicionales, lo que exige una reforma legislativa profunda, herramientas tecnológicas de detección temprana y una colaboración obligatoria y regulada de las plataformas digitales con las autoridades. No se trata solo de responder al odio: es urgente anticiparlo y desactivarlo en los espacios donde hoy prolifera con más virulencia.
5.2.3. Invisibilización institucional del racismo y del odio estructural
A pesar de los avances normativos, la mayor parte de los delitos de odio no se denuncian. En el caso del racismo, se estima que solo el 9% de las personas que sufren discriminación lo reportan. La normalización de la exclusión, la desconfianza en las instituciones y la falta de mecanismos accesibles de denuncia alimentan un ciclo de impunidad que refuerza al agresor y silencia a la víctima.
Pero esta invisibilización no es casual: responde a una cultura institucional que sigue considerando el racismo y otros odios como hechos excepcionales o subjetivos, en lugar de reconocerlos como fenómenos estructurales. Esto se traduce en:
- Ausencia de datos desagregados y sistemas de recogida de información deficientes.
- Falta de formación del personal judicial, policial y administrativo en delitos de odio.
- Escasa presencia de personas racializadas o en situación de vulnerabilidad en los espacios de decisión.
Mientras los marcos normativos no se apliquen de forma efectiva ni sean acompañados por transformaciones estructurales, el odio continuará encontrando refugio en la indiferencia institucional.
5.3. El odio no impacta por igual: interseccionalidad, género y exclusión múltiple
La violencia racista no es neutra. No afecta del mismo modo a todos, ni genera el mismo tipo de daño en función del género, la edad, la clase social o el estatus administrativo. Entender esta diferenciación es esencial para construir respuestas realmente justas y eficaces frente a los delitos de odio.
Tal como desarrolló Kimberlé Crenshaw en su propuesta de interseccionalidad, las personas no viven una única forma de opresión, sino que experimentan la discriminación desde la confluencia de múltiples ejes: raza, género, clase, migración, orientación sexual, religión, diversidad funcional, etc. Cuando estas dimensiones se cruzan, no solo se suman: se transforman mutuamente, generando formas específicas de vulnerabilidad, exclusión o violencia que las respuestas institucionales convencionales muchas veces no contemplan.
En el caso de Torre Pacheco, los relatos recogidos por entidades sociales revelan que las mujeres migrantes y las personas menores racializadas vivieron formas de afectación diferenciadas.
Estas formas de violencia combinan el racismo con otras opresiones: sexismo, adultocentrismo, islamofobia, clasismo. No se trata solo de una suma de prejuicios, sino de una estructura de jerarquías cruzadas que sitúa a ciertos cuerpos en el centro del miedo social y la desprotección institucional.
Además, la violencia simbólica también operó de forma diferenciada: los bulos difundidos en redes incluían imágenes sexualizadas o humillantes de mujeres migrantes; los insultos vertidos en las calles y chats no solo eran racistas, sino también misóginos, y en algunos casos, sexualmente amenazantes.
La experiencia de exclusión y peligro se vivió, por tanto, de manera múltiple y acumulativa. Para muchas mujeres, niñas y adolescentes racializadas, la violencia no fue solo física o simbólica: fue un recordatorio brutal de que sus vidas y cuerpos están marcados por una sospecha constante, una desigualdad histórica y una falta de amparo específico frente al odio.
A nivel institucional, esta dimensión interseccional rara vez se contempla. La atención a las víctimas suele estandarizarse, sin diferenciar estrategias ni recursos según el perfil de riesgo o la naturaleza del daño. Las políticas públicas —cuando existen— tienden a tratar el racismo, el machismo o la pobreza como fenómenos separados, ignorando que en la realidad cotidiana se entrelazan de forma indisoluble.
Para romper esta invisibilidad, se hace urgente:
- Incluir el enfoque interseccional en los protocolos de prevención, denuncia y atención a víctimas de delitos de odio.
- Recoger datos desagregados por género, edad, origen, estatus migratorio y otras variables clave.
- Formar a profesionales de seguridad, justicia, salud y educación en la comprensión de cómo operan estas opresiones cruzadas.
- Escuchar activamente a las mujeres migrantes y racializadas, no solo como víctimas, sino como sujetas políticas y constructoras de comunidad.
El antirracismo efectivo no puede ser ciego al género, ni al cuerpo, ni a la clase. Donde no se reconoce la diferencia, se perpetúa la desigualdad. La interseccionalidad no es un añadido teórico, sino una brújula ética y operativa para una democracia que se tome en serio a todas las personas. Y especialmente, a quienes han sido históricamente dejadas al margen.
6. Hacia una respuesta integral: propuestas urgentes
6.1. Reforzar el marco legal y penal: adaptar el derecho a la era digital del odio
La respuesta institucional frente al auge de los delitos de odio no puede descansar únicamente en campañas de sensibilización o programas educativos. En un contexto donde los discursos motivados por prejuicio se mutan y diseminan con rapidez a través de redes sociales, plataformas cifradas y foros anonimizados, la legislación debe actualizarse para garantizar protección efectiva, proporcionalidad en la respuesta y coherencia normativa.
Uno de los marcos de referencia más relevantes en la Unión Europea es la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal. Esta decisión establece la obligación de tipificar penalmente conductas como la incitación al odio y la violencia contra grupos definidos por su raza, color, religión, ascendencia u origen nacional o étnico. Sin embargo, el alcance actual de esta norma resulta insuficiente ante la complejidad del odio digital, y su transposición a las legislaciones nacionales ha sido desigual y, en muchos casos, incompleta.
En el caso de España, el artículo 510 del Código Penal tipifica de manera expresa los delitos de odio, pero su aplicación práctica presenta importantes limitaciones, especialmente frente a nuevas formas de incitación indirecta o masiva que operan en el entorno digital. La experiencia de Torre Pacheco deja claro que no basta con perseguir al autor material de una agresión: es necesario llegar también a los instigadores digitales, promotores ideológicos y responsables de organización. La impunidad —real o simbólica— de estos actores no solo perpetúa la violencia, sino que la legitima.
Como advierten Barbara Perry y Neil Chakraborti, los delitos de odio no deben entenderse únicamente como actos individuales de agresión, sino como crímenes que comunican un mensaje colectivo de exclusión, reforzando jerarquías raciales y generando terror simbólico en comunidades enteras. Esta dimensión comunicativa del odio —su capacidad de deshumanizar, intimidar y reordenar socialmente quién puede habitar el espacio público con seguridad— obliga a una revisión profunda de las herramientas jurídicas disponibles.
Del mismo modo, el marco legal debe adaptarse con urgencia para afrontar la responsabilidad de las plataformas digitales como agentes activos en la difusión del odio. Espacios como Telegram, donde se coordinaron las “cacerías”, no pueden continuar al margen del control normativo. En línea con la nueva Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA), es imprescindible exigir:
- Protocolos obligatorios de detección y eliminación rápida de contenidos de odio.
- Colaboración activa con las fuerzas de seguridad y la fiscalía, especialmente en investigaciones sobre delitos de odio organizados.
- Un régimen sancionador efectivo para aquellas plataformas que no cumplan con sus obligaciones en materia de moderación y trazabilidad.
Asimismo, es necesario que la legislación reconozca y penalice con claridad las formas indirectas de incitación al odio, como la difusión de bulos, el señalamiento colectivo en redes, las campañas de estigmatización grupal o la manipulación de contenidos visuales. Estas formas de violencia simbólica no solo preceden a las agresiones físicas: en muchos casos, las habilitan y las justifican socialmente.
Sin una legislación clara, actualizada y eficaz frente a los delitos de odio —en todas sus formas—, las herramientas educativas, sociales o comunitarias quedan debilitadas. La democracia no solo se sostiene con valores: también con normas capaces de proteger a quienes son más vulnerables frente al odio estructural y a sus expresiones más destructivas.
6.2. Educación antirracista y formación docente: prevenir el odio desde la raíz
La escuela no es un espacio neutro. Es un escenario político, cultural y emocional donde se reproduce —o se combate— la desigualdad. En la lucha contra el racismo estructural y los delitos de odio, la educación antirracista no puede concebirse como un contenido complementario, sino como un eje vertebrador del sistema educativo, desde la primera infancia hasta la formación universitaria y profesional.
Promover la tolerancia ya no basta. En sociedades profundamente diversas como la española es necesario apostar por una pedagogía que construya igualdad desde el reconocimiento y la justicia, desmontando las jerarquías culturales que históricamente han situado a las personas migrantes, racializadas o minoritarias en una posición de déficit, sospecha o invisibilidad.
Una educación verdaderamente transformadora debe ser intercultural, crítica y antidiscriminatoria. Esto implica enseñar no solo a convivir, sino a cuestionar activamente los discursos que alimentan los prejuicios, la exclusión y el odio. Y requiere, al menos, cuatro ejes fundamentales:
- Cuestionar los relatos dominantes sobre identidad, nación y “normalidad” cultural.
- Visibilizar las aportaciones históricas, sociales y científicas de comunidades racializadas y migrantes.
- Desmontar el esencialismo cultural.
- Generar prácticas pedagógicas que favorezcan el diálogo entre iguales, la empatía y la justicia relacional.
En este contexto, la educación es también una herramienta preventiva clave frente a los delitos de odio. Numerosos estudios señalan que la hostilidad hacia grupos minoritarios tiene relación directa con la falta de conocimiento, el miedo al diferente y la construcción de estereotipos no cuestionados desde edades tempranas. Por tanto, formar en diversidad, derechos humanos y pensamiento crítico no solo previene la discriminación: previene la violencia motivada por ella.
Un eje estratégico para esta transformación es la formación obligatoria del profesorado en materia de antirracismo, diversidad cultural, género, religión y justicia social. No basta con incluir contenidos en los libros: es necesario transformar las lógicas pedagógicas, las expectativas hacia el alumnado, los lenguajes institucionales y los propios marcos interpretativos desde los que se enseña. Muchas veces, el odio se aprende en lo que no se dice, en las imágenes que faltan, en los silencios curriculares o en las miradas bajas que se repiten cada curso.
Las políticas públicas deben asumir este desafío de forma estructural:
- Integrar la formación antirracista e interseccional en los planes de estudio de magisterio y oposiciones docentes.
- Establecer protocolos claros de prevención, detección e intervención ante casos de discriminación, acoso o violencia basada en odio dentro de los centros educativos.
- Dotar a los centros de recursos humanos y materiales para el acompañamiento psicosocial del alumnado víctima de discriminación u hostilidad por su identidad cultural, religiosa o étnica.
- Revisar los materiales didácticos para eliminar contenidos racistas, coloniales o estigmatizantes, y generar propuestas curriculares que promuevan una ciudadanía plural.
Además, es imprescindible reconocer el papel de las familias migrantes y racializadas, tradicionalmente excluidas de los espacios de decisión escolar. Su participación activa en consejos escolares, asociaciones de familias, procesos comunitarios o actividades educativas fortalece la escuela como espacio de inclusión y corresponsabilidad.
Una educación antirracista no es una utopía, ni una moda progresista. Es una condición de posibilidad para la cohesión democrática. Donde no se enseña a convivir en igualdad, el odio se enraíza. Donde no se cuestionan los estereotipos, se alimenta la violencia simbólica que, con demasiada facilidad, se convierte en agresión física, exclusión o delito.
Educar en igualdad radical es sembrar futuro. Un futuro donde Torre Pacheco —y cualquier otro municipio— no vuelva a ser escenario de miedo y ruptura, sino territorio de convivencia, memoria compartida y comunidad plural.
6.3. Sociedad civil y tercer sector: escudo democrático frente al odio
La sociedad civil organizada y el tercer sector desempeñan un papel insustituible en la prevención del racismo, la defensa de derechos humanos y la reconstrucción del tejido comunitario. Lejos de ser actores accesorios, asociaciones, plataformas vecinales, fundaciones y movimientos antirracistas han sostenido históricamente las tareas que el Estado no siempre cumple: acompañar a víctimas, mediar en conflictos, denunciar abusos, generar conciencia y mantener viva la memoria colectiva.
En contextos como el de Torre Pacheco, estas entidades no solo han reaccionado ante la violencia, sino que han estado presentes antes, durante y después: ofreciendo asesoría jurídica, atención psicológica, redes de apoyo mutuo y espacios seguros. Gracias a su conocimiento territorial y legitimidad social, han llegado donde no lo hacen las políticas públicas ni los medios de comunicación.
Este papel de vigilancia ética y mediación directa resulta aún más crucial en entornos institucionales lentos o ineficaces. A través de redes el tercer sector ha desarrollado mecanismos de alerta temprana, campañas contra la desinformación y propuestas legislativas desde la base. Sin embargo, muchas de estas entidades operan con recursos precarios, sin financiación estructural y en ocasiones bajo sospecha o criminalización institucional.
Fortalecer este tejido democrático implica:
- Dotar de financiación estable y plurianual a las organizaciones antirracistas, garantizando su autonomía y capacidad de acción sostenida.
- Reconocer su rol estratégico en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de convivencia y lucha contra el odio.
- Incluir sus diagnósticos en sistemas institucionales de prevención de delitos de odio.
- Proteger su libertad de acción frente a represalias institucionales, especialmente cuando ejercen tareas de denuncia.
Además, su labor va más allá de lo asistencial: genera reparación simbólica y reconstrucción comunitaria. Actos públicos, iniciativas artísticas, talleres escolares o espacios de duelo compartido permiten resignificar el trauma colectivo y promover narrativas inclusivas.
En definitiva, el tercer sector y la sociedad civil son piezas clave en la arquitectura democrática frente al racismo. Invertir en su fortalecimiento es apostar por una democracia viva, vigilante y profundamente inclusiva.
Frente a los delitos de odio, la atención a las víctimas no puede limitarse a una asistencia puntual ni a una tramitación jurídica aislada. La violencia motivada por el prejuicio no solo deja heridas físicas o psicológicas: rompe vínculos comunitarios, debilita la confianza en las instituciones democráticas y deteriora el derecho a vivir sin miedo. Por eso, la protección de las víctimas exige una respuesta integral, sostenida y transformadora.
El primer paso es garantizar una red de servicios accesibles, especializados y culturalmente competentes, capaces de abordar el daño desde una mirada interseccional. Iniciativas como el teléfono 021 de atención a víctimas de discriminación racial o étnica han sido avances importantes, pero requieren mayor dotación, visibilidad y articulación con otros servicios públicos y comunitarios. No basta con abrir líneas de atención si detrás no hay profesionales formados, protocolos de derivación ágiles y equipos preparados para responder en contextos de alta tensión.
El acompañamiento debe contemplar:
- Asistencia jurídica gratuita y especializada, que permita a la víctima comprender sus derechos, acceder al sistema judicial sin barreras y enfrentarse al proceso sin revictimización.
- Atención psicológica integral, con perspectiva antidiscriminatoria y culturalmente sensible, que reconozca el impacto acumulado del racismo, el estigma o la exclusión sistemática en la salud mental de las personas agredidas. Tal como han desarrollado autores como Joy DeGruy y Kenneth Hardy, la violencia racista no genera solo daño puntual: produce trauma racial colectivo, una forma de sufrimiento emocional sostenido que se transmite intergeneracionalmente, arraigada en experiencias estructurales de exclusión, sospecha y sentimiento de inferioridad. Este enfoque obliga a repensar las intervenciones terapéuticas no solo en clave individual, sino comunitaria y restaurativa.
- Mediación comunitaria y reparación colectiva, especialmente en contextos donde la violencia tiene carácter grupal o territorial, donde comunidades enteras son señaladas, agredidas o silenciadas.
Sin embargo, uno de los aspectos más invisibilizados sigue siendo el reconocimiento institucional de la dimensión estructural del daño. No basta con sancionar penalmente a un agresor individual: es necesario asumir que los delitos de odio son posibles porque existen narrativas, normas y prácticas que deshumanizan ciertos cuerpos, legitiman su exclusión y toleran su sufrimiento. Por eso, la reparación no puede quedarse en la vía judicial: debe incluir gestos públicos, cambios legislativos, acciones simbólicas y transformación cultural profunda.
Asimismo, es urgente mejorar los canales de denuncia y los mecanismos de protección. La mayoría de los delitos de odio no se denuncian. Las víctimas temen represalias, no confían en la policía, desconocen sus derechos o carecen de recursos para sostener una denuncia. Este silencio forzado perpetúa la impunidad. Por eso, se requiere:
- Formación obligatoria de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del personal judicial en el abordaje de delitos de odio, con enfoque interseccional, culturalmente sensible y centrado en la víctima.
- Protocolos claros de actuación, protección y derivación en casos de agresiones motivadas por odio, desde el primer contacto institucional.
- Participación activa de las organizaciones de víctimas, comunidades afectadas y sociedad civil en el diseño, seguimiento y mejora de los sistemas de atención.
Acompañar a una víctima no es un trámite: es un acto de justicia. Es reconocer su dolor como legítimo, su palabra como valiosa y su derecho a no quedar sola como un principio democrático. Es transformar la escucha en acción y el daño en memoria reparada. Porque donde no se cuida a quien ha sido herido por el odio, la democracia misma sangra.
6.4. Construir convivencia desde lo local: municipios como escudo frente al odio
El racismo, la xenofobia y los delitos de odio no surgen en abstracto: se incuban o se desactivan en los territorios concretos donde se entrelaza la vida cotidiana. Por eso, los municipios no son solo unidades administrativas: son escenarios políticos, culturales y afectivos donde se juega a diario el tipo de sociedad que somos. Allí se decide si la diversidad será reconocida como una riqueza compartida o convertida en una fractura que el odio sabrá explotar.
En localidades como Torre Pacheco —donde la población migrante supera el 30% y conviven más de 60 nacionalidades—, la ausencia de una estrategia municipal sólida e inclusiva puede convertirse en el terreno fértil donde germinan la polarización, los rumores, la inseguridad subjetiva y, finalmente, la violencia motivada por prejuicio. Frente a esta realidad, urge una apuesta decidida por construir comunidad desde lo próximo, lo cotidiano y lo común.
Los planes municipales de inclusión y diversidad no pueden reducirse a campañas simbólicas o eventos interculturales puntuales. Deben ser políticas públicas estructurales, interseccionales y con financiación sostenida, que incluyan:
- Procesos de selección y promoción en la administración pública local que garanticen la representación de personas migrantes y racializadas en todos los niveles.
- Programas educativos, culturales, deportivos y de ocio que generen espacios de convivencia activa, especialmente en barrios marcados por la desigualdad o la segregación.
- Oficinas locales de atención a la diversidad y unidades de prevención de delitos de odio, con personal cualificado y vínculos comunitarios sólidos.
Además, es fundamental promover espacios de encuentro sostenido, donde el diálogo intercultural no sea una consigna vacía, sino una práctica habitual: grupos de crianza compartida, huertos vecinales, talleres de memoria oral, presupuestos participativos, redes de apoyo mutuo, comisiones antirracistas locales. Allí donde se crean vínculos, se disuelven los prejuicios. Allí donde se construye pertenencia compartida, se desactiva la lógica del “nosotros contra ellos”.
La experiencia demuestra que la convivencia no se impone desde arriba: se cultiva en plazas, centros educativos, asociaciones de barrio, mercados y patios escolares. Y para que florezca, necesita de:
- Un liderazgo político local valiente, que no ceda al chantaje del miedo ni a la criminalización del diferente.
- Un urbanismo inclusivo, que rompa la lógica de los guetos y favorezca espacios compartidos, accesibles y mixtos.
- Una narrativa municipal positiva, que celebre las historias de colaboración, cuidado mutuo y éxito compartido entre personas de orígenes diversos.
Pero también es necesario que los municipios cuenten con herramientas para prevenir, detectar y actuar frente a los delitos de odio, que no son solo competencia de las fuerzas de seguridad. Los ayuntamientos pueden y deben:
- Crear registros locales de incidentes motivados por odio, complementando los datos estatales.
- Impulsar protocolos de actuación coordinada entre policía local, servicios sociales, comunidad educativa y sociedad civil.
- Establecer puntos de atención municipal a víctimas de odio, que no requieran denuncia previa y ofrezcan acompañamiento integral.
La construcción de convivencia no es una utopía ingenua: es una tarea política urgente y una condición para la democracia real. Porque donde no se construye comunidad, se impone el miedo. Y donde se instala el miedo, el odio encuentra su campo abonado.
6.5. Cooperación internacional: alianzas transnacionales frente al odio y la exclusión
El racismo estructural y los delitos de odio no respetan fronteras. Se manifiestan con distintos matices en cada país, pero responden a lógicas globales de deshumanización, alimentadas por siglos de colonialismo, dinámicas extractivas, desigualdades Norte–Sur y regímenes de frontera que convierten la movilidad en sospecha y las diferencias en amenaza.
Por ello, la prevención de los delitos de odio debe ser también una prioridad internacional, asumida de forma corresponsable por los Estados, las instituciones regionales y los organismos multilaterales. Combatir el racismo no es solo una tarea doméstica: es un desafío geopolítico y una obligación ética compartida.
El Plan de Acción Antirracista de la Unión Europea (2020–2025) representa un paso adelante al reconocer por primera vez que el racismo en Europa es estructural y requiere una respuesta institucional sostenida. Pero su impacto dependerá de que los Estados miembros —incluida España— lo apliquen con voluntad política, recursos y mecanismos de evaluación. Esto implica:
- Crear unidades de seguimiento del Plan dentro de la administración, con capacidad de coordinación interministerial.
- Incluir indicadores específicos sobre delitos de odio, polarización social y discurso xenófobo en los informes de progreso.
- Garantizar la participación activa de organizaciones racializadas, diásporas y movimientos antirracistas en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
Ahora bien, toda política antirracista en el ámbito europeo se ve lastrada si no se confronta el rol estructural de las políticas migratorias securitarias. La propia UE, mientras declara su compromiso contra la discriminación, refuerza fronteras físicas y digitales que deshumanizan sistemáticamente a quienes intentan ejercer su derecho a migrar.
Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, se ha convertido en símbolo y maquinaria de esta doble moral: con presupuestos crecientes, escasa rendición de cuentas y numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos, participa activamente en devoluciones en caliente, vigilancia aérea y externalización del control migratorio a terceros países sin garantías jurídicas. Tal como advierte Achille Mbembe en Política de la enemistad, el régimen fronterizo contemporáneo funciona como un laboratorio de exclusión donde se produce la figura del “no-sujeto”: alguien que puede ser vigilado, repelido o abandonado sin consecuencias legales ni morales.
Del mismo modo, Saskia Sassen ha descrito en Expulsiones cómo los Estados del Norte global no solo toleran la exclusión, sino que la institucionalizan a través de mecanismos aparentemente técnicos: visados, cupos, acuerdos bilaterales, cierres portuarios, infraestructuras de retención. Estas políticas no son neutrales: expulsan, empujan y despojan a millones de personas de su condición de ciudadanía global y de protección mínima.
En este contexto, la externalización de fronteras —a través de acuerdos como los suscritos con Marruecos, Libia o Turquía— se convierte en una forma institucional de odio estructural, que degrada a las personas migrantes a la categoría de problema a contener. Mientras se financian centros de detención o patrullas costeras en terceros países, se recortan recursos para la acogida digna, la educación en convivencia o la lucha contra el racismo interior.
Más allá del marco europeo, la cooperación internacional al desarrollo debe incorporar explícitamente el enfoque antirracista, no solo como principio transversal, sino como línea estratégica prioritaria. Esto implica:
- Apoyar proyectos de educación crítica sobre racismo, memoria colonial y convivencia en los países de origen, tránsito y destino.
- Revisar las políticas migratorias y de seguridad desde una perspectiva de derechos humanos, evitando reforzar narrativas que estigmatizan a personas y comunidades.
- Establecer alianzas horizontales entre actores comunitarios de ambos lados del Mediterráneo.
Estas iniciativas permiten:
- Diseñar campañas educativas compartidas sobre diversidad y derechos.
- Formar a profesionales —policía, docentes, personal social— en competencias interculturales y prevención de delitos de odio.
- Fomentar el liderazgo joven y el activismo transnacional en defensa de una ciudadanía inclusiva.
Asimismo, es imprescindible reforzar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas. España debe cumplir con sus obligaciones ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas, implementar las recomendaciones del Consejo de Europa en materia de lucha contra el odio y participar activamente en espacios multilaterales donde se debaten estrategias contra la discriminación.
El racismo es un problema global, y también debe serlo su solución. Construir alianzas más allá de las fronteras no es solo diplomacia: es una apuesta por la justicia histórica, la equidad y la dignidad de todos los pueblos. Allí donde algunos construyen muros, las democracias deben tejer puentes, redes y horizontes compartidos.
Porque la cooperación no solo se mide en acuerdos firmados, sino en vidas protegidas, en relatos dignificados y en derechos defendidos.
Conclusión: el tiempo de la inacción ha terminado
Torre Pacheco no debe entenderse como un episodio aislado ni como un mero conflicto local. Es el espejo en el que se refleja una Europa donde el racismo y la xenofobia han dejado de ser marginales para convertirse en fuerzas organizadas, digitalizadas y crecientemente violentas. Ignorar este fenómeno sería un error histórico, con consecuencias devastadoras para la convivencia democrática.
Lo sucedido en Torre Pacheco interpela a gobiernos, instituciones, medios de comunicación y ciudadanía. No basta con condenar la violencia o celebrar la diversidad desde discursos vacíos: es urgente pasar del gesto simbólico a la transformación estructural. El racismo no se combate solo con buenas intenciones. Exige valentía política, pedagogía social, justicia reparadora y una arquitectura institucional firme y coherente.
La lucha contra los delitos de odio y la discriminación racial no puede seguir siendo reactiva, episódica ni sectorial. Necesita una estrategia sostenida, transversal y multiactoral, que articule legislación, educación, participación ciudadana, acción comunitaria y cooperación internacional. Una estrategia donde el tercer sector, los colectivos antirracistas y las propias comunidades migrantes y racializadas no sean espectadores ni beneficiarios, sino protagonistas y garantes del cambio.
Lo que está en juego no es solo la seguridad de unas personas ni la imagen de un municipio. Lo que se dirime es el tipo de sociedad que estamos dispuestos a construir: una sociedad que normaliza la exclusión, o una democracia que se toma en serio la igualdad.
La diversidad no es un problema a gestionar, sino una oportunidad para redefinir colectivamente qué entendemos por justicia, pertenencia y ciudadanía. Allí donde unos alzan muros, otros deben tejer vínculos. Porque una democracia sin racismo no es una utopía: es una tarea pendiente y urgente.
El tiempo de la inacción ha terminado. El futuro se construye hoy, o lo perderemos mañana.
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¿Dónde puedo encontrar más información?
- Naciones Unidas – Di no al odio: el impacto del discurso del odio y cómo combatirlo
- Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia – Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
- Consejo de Europa – Combating Hate Speech
- Unesco – Qué debe saber acerca del discurso de odio | UNESCO
- Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio
- Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación
- ¿Qué son los discursos de odio y cómo podemos combatirlos?
