La vivienda como detonante: aprender del 15M para construir poder ciudadano

  Por Participación y comunidad

El 23 de septiembre, Mari Carmen salió en camilla de la casa madrileña en la que había vivido durante siete décadas. A sus 87 años, su desahucio puso en primer plano lo que significa perder la seguridad de un hogar. Tres días después, tras la manifestación por la vivienda, el Sindicato de Inquilinas de Madrid llamó a acampar en la Puerta del Sol. El lugar y la escena evocaban las acampadas del 15M. La comparación abría una pregunta: ¿puede la vivienda desencadenar un movimiento ciudadano capaz de cambiar la agenda política?

La vivienda tiene ese potencial porque conecta una necesidad básica con la posibilidad de construir una vida estable y decidir sobre el propio futuro. Pero la existencia de un malestar extendido no garantiza una respuesta colectiva. Puede convivir con la resignación, el aislamiento o la búsqueda de soluciones individuales. Para convertirse en una fuerza de cambio necesita una causa compartida, formas de participación accesibles y objetivos sobre los que actuar. La cuestión es cómo convertir la indignación en poder ciudadano: capacidad para intervenir en las decisiones, exigir responsabilidades y conseguir mejoras concretas.

El caso de Mari Carmen permite reconocer una preocupación que atraviesa experiencias distintas. Una persona mayor que teme perder su hogar y una joven que no puede independizarse afrontan problemas diferentes, pero ambas ven limitada su posibilidad de vivir con estabilidad. Ese reconocimiento puede acercarlas. El acuerdo sobre las soluciones, sin embargo, habrá que construirlo. Compartir una dificultad no implica coincidir en sus causas, en quién debe asumir los costes de resolverla o en las medidas que deben adoptarse. Ahí comienza el trabajo político de una movilización: hacer posible la cooperación entre personas que no piensan igual.

Ese trabajo tiene una historia. Las movilizaciones por la vivienda de 2024 ya habían suscitado comparaciones con el 15M. Antes del desahucio de Mari Carmen existían organizaciones, apoyos vecinales y experiencias de lucha. También el movimiento de 2011 se apoyó en redes y prácticas de participación anteriores a su irrupción pública. Reconocer esa continuidad permite valorar el conocimiento acumulado y comprender que un acontecimiento puede ampliar una movilización cuyo trabajo había comenzado mucho antes.

El 15M relacionó dificultades materiales con una crítica a la representación política y abrió espacios para debatir, compartir conocimientos y decidir cómo actuar. Sus aportaciones, y las tensiones que plantea sostener una movilización abierta y democrática, ofrecen referencias para el presente. Aprovecharlas exige tomar decisiones sobre quién participa, cómo se reparte el poder, qué objetivos se persiguen y cómo se negocia. Las siguientes orientaciones son propuestas para el movimiento actual a partir de esa experiencia.

Dar continuidad a la indignación mediante oportunidades concretas de participación. Las plazas, las asambleas y los grupos de trabajo del 15M ofrecieron espacios en los que la protesta podía continuar después de una manifestación. El movimiento por la vivienda necesita preparar ese siguiente paso: dónde puede acudir una persona interesada, quién le explica los acuerdos y qué tarea puede asumir. Acompañar a una familia, documentar un problema o ayudar a organizar una reunión son maneras de empezar. Pero la incorporación pierde sentido si solo permite ejecutar tareas decididas por otros. Quien llega también debe encontrar oportunidades para proponer y ser escuchado. La acogida merece tanta atención como la convocatoria, porque de ella depende en parte que una presencia ocasional se convierta en compromiso.

Ampliar los apoyos mediante acuerdos claros. El 15M reunió preocupaciones diversas alrededor de una crítica compartida a la respuesta ante la crisis y al funcionamiento de la democracia. Para el movimiento actual, esa experiencia invita a construir reivindicaciones que permitan cooperar sin exigir una coincidencia ideológica completa. Ahora bien, ampliar apoyos también obliga a discutir las diferencias. ¿Qué demandas son imprescindibles? ¿Qué desacuerdos permiten seguir trabajando juntos? ¿Cómo pueden quienes se incorporan revisar unas prioridades ya establecidas? Un movimiento abierto necesita responder a esas preguntas. La amplitud debe apoyarse en compromisos comprensibles, suficientemente concretos para orientar la acción y suficientemente discutibles para que la participación tenga consecuencias.

Convertir la comunicación digital en organización. El 15M combinó las redes con las plazas y el trabajo colectivo. Para aprovechar esa experiencia, las convocatorias actuales deberían facilitar un paso siguiente: localizar una reunión, consultar los acuerdos, ofrecer una habilidad o incorporarse a una tarea. Los canales de contacto, las actas y los materiales compartidos permiten mantener la cooperación cuando disminuye la difusión. También importa quién controla esos recursos. Administrar una cuenta, seleccionar los mensajes o decidir qué propuestas alcanzan visibilidad puede influir en la orientación del movimiento. Por eso, la comunicación necesita responsabilidades compartidas y criterios acordados. La participación digital debe permitir colaborar e influir, además de recibir y difundir mensajes.

Repartir el poder mediante reglas visibles. La apuesta del 15M por las asambleas y la participación directa mantiene abierta una pregunta exigente: ¿quién puede influir realmente en una decisión colectiva? En cualquier grupo pueden adquirir más poder quienes disponen de más tiempo, dominan la información o intervienen con mayor facilidad. El movimiento por la vivienda puede abordar esas diferencias mediante turnos de palabra, información previa, portavocías revisables y procedimientos para resolver desacuerdos. También debe establecer qué decide la asamblea y qué puede delegarse en un grupo de trabajo. Delegar con un mandato claro y la obligación de rendir cuentas permite actuar y conservar el control colectivo. La calidad democrática se comprueba en la posibilidad de pedir explicaciones, discrepar y revisar lo acordado.

Coordinar iniciativas autónomas. La combinación de espacios de encuentro y grupos de trabajo del 15M ofrece una referencia para organizar una movilización que crece. Los grupos locales necesitan margen para responder a sus problemas; las acciones conjuntas requieren compromisos que puedan sostenerse. Conviene precisar qué se decide en cada ámbito, cómo se comparten los recursos y cómo se resuelve una diferencia entre prioridades. Una campaña común puede necesitar coordinación, mientras que el acompañamiento de un caso exige conocimiento cercano y capacidad de respuesta. Documentar experiencias, compartir herramientas y preparar relevos ayuda a que el aprendizaje de un grupo amplíe las posibilidades de otros. La coordinación gana legitimidad cuando aporta una utilidad reconocible a quienes participan en ella.

Ofrecer una participación compatible con la vida cotidiana. La intensidad de una movilización puede ser difícil de sostener junto al empleo, los cuidados y las demás responsabilidades. Una asamblea que se prolonga indefinidamente termina reduciendo las posibilidades de intervención de quienes necesitan marcharse. Por eso, la duración de las reuniones, los horarios, los relevos y la colaboración a distancia son decisiones que afectan al reparto del poder. El movimiento actual debería admitir distintas intensidades de compromiso y permitir que una persona descanse y regrese sin tener que justificar su pertenencia. También necesita transmitir conocimientos para que las responsabilidades puedan cambiar de manos. Cuidar estas condiciones facilita una participación más amplia y evita convertir la disponibilidad permanente en requisito de influencia.

Definir qué se considerará una victoria. La amplitud de las aspiraciones del 15M invita a pensar cómo relacionar la transformación social con resultados concretos. El movimiento por la vivienda necesita acordar qué pretende conseguir de inmediato, qué cambios requieren un trabajo sostenido y quién puede responder a cada demanda. Una familia que conserva su hogar o una administración que cumple un compromiso pueden reforzar la confianza colectiva. Pero valorar una negociación exige criterios previos: qué avance resulta suficiente, qué queda pendiente y en qué condiciones merece la pena aceptar un acuerdo. Esa discusión debe producirse antes de que la urgencia reduzca las opciones. Explicar las conquistas parciales y sus límites permite reconocer resultados sin dar por resuelto el problema que originó la movilización.

Negociar con autonomía y rendición de cuentas. El ciclo abierto en 2011 permite examinar las oportunidades y tensiones de la relación entre movilización ciudadana, representación electoral e instituciones. El movimiento actual necesita decidir con qué mandato se negocia, cómo se informa de los encuentros y quién puede aceptar un acuerdo. La afinidad con un partido tampoco debería reducir la exigencia cuando ese partido gobierna. La autonomía se demuestra al evaluar las actuaciones de cualquier administración según compromisos y resultados verificables. Para sostenerla hacen falta espacios propios de deliberación y una base organizada que pueda exigir explicaciones a sus portavoces. Ganar acceso a las instituciones tiene valor cuando amplía la capacidad de las personas afectadas para influir en las decisiones.

Compartir recursos y protagonismo desde el tercer sector. El 15M mostró iniciativas ciudadanas capaces de coordinarse fuera de las estructuras habituales e interpeló a las organizaciones sociales sobre su capacidad de escuchar y adaptarse. Esa pregunta sigue siendo pertinente. Las entidades pueden aportar locales, conocimientos, recursos y continuidad al movimiento por la vivienda. La colaboración debería acordarse con quienes van a utilizar esos apoyos y respetar su capacidad para definir prioridades. Esto exige revisar hábitos organizativos: aceptar propuestas que llegan desde fuera, compartir decisiones y reconocer liderazgos que no dependen de un cargo. El valor de una entidad en una movilización debería medirse por las posibilidades de acción que ayuda a construir, incluida la autonomía que contribuye a desarrollar. ¿Estará el tercer sector tradicional a la altura?

Comunicar con responsabilidad y proteger la discrepancia. La mirada actual sobre el 15M permite revisar el entusiasmo que acompañó a las posibilidades de colaboración digital. Ese potencial debe examinarse junto a los riesgos de desinformación, acoso y hostilidad. Para el movimiento por la vivienda, la responsabilidad comienza por contrastar las denuncias, distinguir hechos e interpretaciones y corregir los errores de manera visible. También afecta al trato hacia quienes preguntan o discrepan. Si expresar una duda implica exponerse a una descalificación, se reducen las posibilidades de aprender y ampliar apoyos. La confianza requiere coherencia entre la democracia que se reclama y las relaciones que se construyen. Sostener una posición firme es compatible con explicar sus razones y admitir su revisión.

Estas decisiones organizativas tienen consecuencias políticas, pero su calidad no garantiza por sí sola el resultado. También cuentan la respuesta de las instituciones, la fuerza de los intereses afectados y la capacidad de mantener apoyos. Atribuir cualquier revés a una mala organización ignoraría esas condiciones. Para evaluar el recorrido conviene observar tanto las mejoras conseguidas como los compromisos que se cumplen y la capacidad de acción que permanece. Una movilización necesita resultados que respondan a sus reivindicaciones y relaciones que permitan seguir actuando cuando esos resultados sean insuficientes.

Por ahora, hablar de un nuevo 15M sigue siendo una hipótesis. La comparación será útil si ayuda a afrontar las decisiones difíciles del presente: cómo ampliar apoyos sin vaciar las demandas, cómo delegar conservando el control colectivo y cómo negociar manteniendo la capacidad de presión. Esos dilemas merecen un debate abierto entre quienes impulsan las protestas, quienes se acercan por primera vez y las organizaciones que quieren colaborar.

Mari Carmen merece una respuesta a su situación, con independencia del significado histórico que llegue a adquirir su caso. Mantener esa exigencia permite recordar para qué se organiza un movimiento. La vivienda puede abrir un encuentro entre experiencias distintas de inseguridad y falta de capacidad de decisión. Su alcance dependerá de que ese encuentro produzca formas de actuar juntas y mejoras que puedan reconocerse en la vida cotidiana. El poder ciudadano se construye cuando participar permite cambiar algo que antes parecía decidido sin contar con quienes iban a sufrir sus consecuencias.

Referencias y lecturas complementarias

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